Los madrazos nos tocan a los que luchamos: comunitario; “ejecuciones y desapariciones generadas por gobierno-narco”

Por: Emma Martínez / 25 agosto, 2015

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(25 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En México distintas acciones dan cuenta que violencia y poder son una diada inseparable; dicha idea ha llevado a analistas de la situación imperante en el país a expresar que “el poder tiene como origen y fundamento a la violencia misma”. Derivado de la guerra contra el narcotráfico, se han fundamentado explicaciones, como la que afirma que los nexos entre el Estado y la delincuencia organizada han generado la decadencia del país, muchos más aseguran que a dicha ‘alianza’, se le debe sumar la pasividad de esa gran parte de la sociedad que se mantiene inerte ante lo que sucede, propiciando que a los pocos que deciden alzar la voz se les catalogue como ‘revoltosos’ y padezcan el acecho y hasta la muerte.

Distintas son las perspectivas que buscan explicar el porqué de la extrema violencia en México y sus principales y graves consecuencias: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Sin embargo, en lo que estas perspectivas confluyen es que los actos del gobierno y delincuencia organizada, en alianza o manera separada, han detonado los límites sociales y estos al romperse han dejado un país en escombros.

“En este país a todos nos toca lo que otros con su indiferencia, corrupción y/o violencia construyen. Los madrazos nos toca a los que luchamos desde distintas trincheras, en periodismo matan a quien con sus noticias pone al descubierto a los gobiernos, a las autoridades que se niegan a solapar la impunidad los incriminan, a los activistas le imputan delitos o los torturan para después asesinarlos, a nosotros las policías comunitarias que defendemos nuestro territorio del saqueo y a nuestra gente le cuidamos sus vidas, nos exhiben como delincuentes, sicarios y en el ‘mejor’ de los casos como ‘revoltosos’, esto por el lado del gobierno y por el lado del narco somos también enemigos al no permitir que nos disparen, que violen a nuestras hijas, que se roben nuestro dinero y nuestra comida…

Por supuesto que existe una narco política, todos los que conforman al gobierno federa, estatal y municipal han solapado al narcotráfico, no se asegura porque se ha visto, se confirma porque se ha vivido, las comunidades indígenas que decidimos defendernos estamos pagando un costo alto (nuestras vidas), no sé quiénes sean los responsables directos, si el gobierno tenga alguien que lo mande, o el narco, solamente que para nuestras comunidades, tanto delincuencia organizada como autoridades han sacado provecho de lo nuestro a través de muchos actos cruentos en nuestra contra”, explica a Revolución TRESPUNTOCERO un policía comunitario de la Sierra de Guerrero, que ha decidido por seguridad, omitir su nombre.

Por su parte Agustín Vera, vocero de la comunidad de Ostula, Michoacán, expone aRevolución TRESPUNTOCERO que la situación que se percibe en su región, es la misma que impera en el país entero. Asegurando que el gobierno sí está coludido con la delincuencia organizada. El fundamento sobre el cual se respalda, es que su pueblo ha podido llevar a la cárcel a un presidente municipal en Aquila (Juan Hernández Ramírez) y a un gobernador (Jesús Reyna), a quienes se les demostró los vínculos con grupos criminales. Un ejemplo más se remonta al 19 de julio pasado, cuando Cemeí Verdía, líder de autofedensas fue detenido y encarcelado, ese mismo día la población fue atacada por soldados, “no solamente fue el  ejército, también gente del Cártel de los Caballeros Templarios, venían vestidos de fuerza ciudadana e incluso de militares, cómo no asegurar que están coludidos”.

A raíz de ello asegura que los pueblos originarios son un ‘inconveniente’ para el gobierno, por lo que su estrategia es acabar con las comunidades indígenas, argumentando que, al igual que las empresas, buscan apropiarse de su territorio por lo que existe en éste y en su comunidad, lo que hay son minas.

Al mismo tiempo percibe al narcotráfico como un mecanismo el cual forma parte de dicha estrategia gubernamental, recordando la situación crítica que vivió su comunidad a partir de 2010, cuando, a decir por Vera, autoridades y organizaciones criminales, dieron inicio a un ataque incesante, donde las acciones violentas en su contra unos las perpetraban y otros las solapaban.

En aquel año dicho territorio lo tenía controlado al 100 % los grupos delincuenciales, se asegura que la autoridad más cercana (el ayuntamiento), nunca implementó protección, porque las policías servían de halcones al crimen organizado. Poco después al llegar un destacamento de la Marina, teniendo un retén a un kilómetro de distancia de donde se perpetraban actos violentos, dejaban pasar todo tipo de armamento; “pasaban nuestros secuestrados, pasaban nuestros muertos y nunca hicieron nada, lo único para lo que servía la Marina y la policía municipal era para ir a levantar cadáveres en las comunidades donde estaba el crimen organizado”, asegura Vera.

Quien agrega que denunciar no ha sido una opción, sino una auto condena a muerte, porque si decides ir “más tardas en llegar al juzgado que a tu casa, porque jamás vuelves”; un día se decidió cambiar la situación y fue ahí que desde la llegada de Cemeí, los habitantes aseguran que se dio un parte aguas, porque el municipio comenzó a liberarse del crimen y las fuerzas armadas, “puedo asegurar e incluso presumir, que  no  hemos tenido ni un solo robo, ya no tenemos un solo secuestro y tampoco una sola extorsión, muchísimo menos un muerto, porque comenzamos a cuidarnos como pueblo, de ambos grupos criminales y Estado, porque cuando hemos pedido justicia al gobierno ha hecho caso omiso, porque es uno de los principales culpables, culpables de intentar debilitar a nuestro pueblo en cualquier forma posible” sentencia Vera.

En ese sentido el periodista José Reveles comenta a Revolución TRESPUNTOCERO que la política y el narco son aliados, siendo para él, el mejor ejemplo: Iguala. Planteando que existe una alianza estratégica, donde se produce dominio territorial, rutas de ingobernabilidad y vacíos de poder, es decir no existe el gobierno, y sí poderes fácticos, en regiones como esa (o como el triángulo dorado conformado por Durango-Sinaloa-Chihuahua) ha sido conveniente una alianza de gobernantes-delincuentes para que nada que los segundos no quieran, suceda.

“Iguala es para mí el sitio donde se evidencia esa complicidad, ese cogobierno perpetrado por políticos-narcos”. Un ejemplo más es la región donde Joaquín Guzmán Loera se casó, el periodista advierte que podría ser inexplicable cómo el hombre más buscado del mundo se pudo casar, “sin embargo para que eso fuera posible, se dice que vigilaron el sitio aproximadamente 500 cuatrimotos, quienes hicieron labor de halconeo masivo”, asegura que esta misma situación se da en Iguala.

No importa qué autoridad esté encargada de determinada región, siempre hay vigilantes, a quienes les pagan entre 7 y 15 mil pesos por estar parados con un celular en la mano y un radio de transmisión en la otra, 24 horas al día informando personas y autos que podrían llegar a ser ‘sospechosos’ y de los cuales las bandas delincuenciales deben estar informadas. Reveles hace mención al caso de Chilapa, donde existen jóvenes que además de ser halcones, son pistoleros y traficantes.

“Lo anterior también explica la posible alianza, que produce porque no se ataca al narcotráfico, solamente se le quita los efectos, se incauta droga, algunas drogas, pero jamás se toca el dinero. Es verdad que en este país una manera que funcionen las cosas es con impunidad, corrupción y violencia, así el principal beneficiado es Estados Unidos (sin importar si es un hecho premeditado o no) tanto por inversión, como en el acceso que tiene todas las drogas”, puntualiza Reveles.

A su vez explica que existen autores que hablan de guerras que buscan propiciar un estado de tragedia colectiva, siendo o no el caso de México, éste sí recibe influencia extranjera (en la supuesta guerra contra el narco), porque si no hubiese mercado para qué hacer drogas. El periodista no considera que dicha acción que inició en 2006 haya sido para romper el tejido social, sino que al ejercer una política represiva deliberada, como lo sería que el ejército intente atacar ciertas zonas que no requieren tanta atención y olvidar las que son urgentes, se demuestra que lejos de combatir al narcotráfico, se propicia más muertes y desapariciones.

El propósito de dicha política-represiva-deliberada, se centra en provocar estadísticas que den la posibilidad, a quien esté manejando la guerra (Marina, Ejército, Policía Federal, Estatal y Municipal), de obtener mayores cantidades de dinero, porque “es posible enriquecerse con la guerra, es real porque se roban desde viáticos, gasolina, chalecos antibalas, hasta llegan a reportar menos droga de la que se incautó; existen mil maneras de robar y donde más se puede probar es en programas sociales y seguridad pública, porque se presenta y justifica como una acción ‘buena’ para la que se requiere una gran inversión. Así que se rompe el tejido social y luego se ‘invierte’ mucho dinero en reconstruirlo”, advierte Reveles.

Así que bajo esa perspectiva acciones como la ‘Iniciativa Mérida’, también se benefician de la falsa guerra contra el narcotráfico, ya que valiéndose de ésta México obtiene millones de dólares a cambio que Estados Unidos influya en la política y al mismo tiempo obliga al país a controlar el paso de la frontera, así teniendo como pretexto de la droga, el gobierno mexicano hace el trabajo sucio, “y cuando un gobierno acepta, entrega parte de su soberanía”, sentencia Reveles.

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