Líderes, delegados y funcionarios, se quedan con “cuotas” de comercio informal que ascienden hasta mil pesos mensuales

Por: Cecilia Balderas / 18 agosto, 2015

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(18 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- De acuerdo a datos arrojados por una encuesta desarrollada por GDV Group, 53 % de la población económicamente activa que desarrolla algún tipo de comercio informal, dice entregar una cuota mensual para que autoridades de diversos ámbitos del gobierno de la Ciudad de México les permitan continuar con sus actividades, misma que, en promedio, asciende a $ 705 mensuales.

El monto de las cuotas varía entre 200 y mil 500 pesos al mes y son destinadas, en 52 %, a líderes de comerciantes ambulantes; los delegados de las diversas demarcaciones se llevan el 24 %; funcionarios de mediano rango acaparan el 17 % de estos recursos y a la Tesorería de la Ciudad de México nada más entra el 6 % del total.

Entre las delegaciones con mayor concentración de comercio informal destacan: Gustavo A. Madero, con 17 mil puestos informales; Cuauhtémoc, 11 mil y la Miguel Hidalgo, 6 mil.

Empleadores y trabajadores informales aceptan que sus cuotas favorecen al quehacer de diversos partidos políticos y que además, son utilizados con fines electorales, detalla la encuesta, por lo que tienen la percepción de que el pago de ellas los exime de responsabilidad legal, y saben que las actividades que realizan les pueden generar mayores ganancias que los empleos formales.

La encuestadora considera que en la Ciudad de México hay más de 105 mil establecimientos comerciales informales que dan trabajo a 700 mil personas.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la economía informal genera recursos que ascienden al 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país.

Formal: ¿ser o no ser?

Gregorio de Villa, gerente de GDV Group, explicó que de los encuestados que laboran en la economía informal, 46 % se dice estar dispuesto a pagar algún impuesto para tener la posibilidad de acceder a prestaciones sociales como servicios médicos, créditos para adquirir propiedades a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y ahorros en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).

El 14 % de quienes se declararon completamente en contra de pagar impuestos argumenta que no lo haría por la desconfianza que la administración pública les genera, al señalar que “los políticos se lo roban”.

De acuerdo al INEGI, 60 % de la población que realiza alguna actividad remunerada lo hace en la informalidad; es decir, seis de cada 10 mexicanos.

La encuesta fue aplicada a empresarios de la Ciudad de México, la mayoría integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), a grupos de trabajadores formales e informales y a funcionarios de la Secretaría del Trabajo del Distrito Federal.

El análisis arrojó que la informalidad es entendida, entre la clase empresarial, como una forma de evasión de impuestos, con 73 % de las menciones y para los empleados de ambos mercados, como la venta de piratería y a través del comercio ambulante.

Entre los participantes de la encuesta, se tiene la percepción de que entre las principales causas de la informalidad está la falta de empleo y los bajos salarios, la corrupción -específicamente en el cobro de cuotas- y el uso clientelar que los líderes hacen de sus agremiados para coaccionar su voto a través de amenazas como impedirles continuar con las ventas.

Para la Secretaría del Trabajo la informalidad se da porque no hay incentivos para que los pequeños comerciantes y empresarios entren al mercado formal y reconoce que es posible obtener mayores ganancias en el sector informal, además de que los empresarios buscan mecanismos para evitar cumplir con la obligación de brindar seguridad social a sus trabajadores.

Urgencia de incremento salarial

José Luis Beato, presidente de la Coparmex en la Ciudad de México, señaló la necesidad de que en el corto plazo se dé un incremento “sustancial y progresivo” al salario mínimo, independientemente de que se incremente o no la productividad de las empresas.

“Sectores gubernamentales, más que los empresarios, tienen miedo de que subir los salarios haga que empleados con más altos ingresos también quieran un incremento, por lo que consideramos que debe haber un deslizamiento en donde la propia economía se vaya adecuando a ese incremento en pocos años”, apuntó.

Para los empresarios la informalidad promueve la evasión fiscal, la corrupción, afecta la productividad del país y disminuye la generación de empleos formales.

De Villa agregó que “entre los empresarios se menciona la necesidad de contar con un censo sobre comercio informal, detallado, que tenga la procedencia de los artículos, que hable de la estructura que maneja la informalidad, que los cuente por delegación y sepamos exactamente cuánto es lo que se maneja en este sector”.

También se propone formar cadenas comerciales, establecer diálogos con los líderes de todos los sectores para arribar acuerdos y que sean reubicados, que las aportaciones que hagan sean administradas de manera honesta y transparente, así como opciones para incorporarse al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los empresarios también urgieron a que la próxima legislatura federal realice una reforma fiscal que -contrario a lo que aprobó la mayoría de la LXII Legislatura, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (NA) y sectores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD)- baje impuestos y cuotas del IMSS.

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