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Legislatura que termina será la del despojo, del oprobio, del ecubrimiento, la impunidad y la corrupción: Morena

Por:  / 13 agosto, 2015
PRImalvado
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(13 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Manuel Huerta Ladrón de Guevara, diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), declaró que los integrantes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, dejan una deuda histórica a la ciudadanía, al no haber “movido un solo dedo” por dar cauce legal a las 54 solicitudes de juicio político, presentadas por diversos grupos parlamentarios desde el inicio de la legislatura -en septiembre de 2012- hasta hoy, cuando faltan 18 días para que concluyan sus labores.
“Esta, es la legislatura del despojo, del oprobio y del encubrimiento de muchos de los acontecimientos que, sin duda, irán a parar en el basurero de la historia…esto enmarca la impunidad y la corrupción que priva en las instituciones del país y en contra de la población que resiste este despojo que se nos está imponiendo”, dijo Huerta.
El legislador informó que se tiene previsto que varios diputados de las diferentes bancadas con representación en San Lázaro, presenten una solicitud de juicio político –antes del viernes- en contra de Javier Duarte, gobernador del estado de Veracruz, para que sea juzgado por las reiteradas violaciones a derechos humanos que se comenten en la entidad, así como por la inacción de su gobierno para resolver los crímenes en contra de 15 periodistas asesinados en lo que va de su administración.
Huerta advirtió que si bien en esta legislatura no se pudo hacer nada por llevar a buen término las solicitudes de juicio político, los 35 diputados electos de Morena que integrarán la LXIII Legislatura –el próximo primero de septiembre rendirán protesta y su labor concluirá el 31 de agosto de 2018- retomarán los temas e impulsarán que sean dictaminadas las propuestas presentadas.
Respecto al gran porcentaje de impunidad que priva en nuestro país, Huerta resaltó que “desde la bancada de Morena pusimos mucho empeño en la comisión de investigación sobre los actos de corrupción del Ejecutivo Federal con las empresas del señor Hinojosa y ahora, como se ha hecho público, con otras como OHL, más las que se acumulen”; sin embargo, temas como el de la “casa blanca”, la forma en que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Luis Videgaray adquirió una propiedad, a través de la misma inmobiliaria, en Malinalco, o el sobreprecio en la construcción del Circuito Bicentenario, siguen sin ser resueltos.
Sobre la nota publicada por La Jornada, donde se documenta la intervención del gobierno norteamericano –en particular de Hilary Clinton, precandidata demócrata a la presidencia de ese país, y su equipo- en la confección de la reforma energética, que fue abalada por mayoría en el Congreso de la Unión, Huerta declaró: “siempre sostuvimos que la agenda legislativa que se dio en la Cámara de Diputados, fue una agenda que se instruyó desde otro país, concretamente ahora sabemos, que desde Estados Unidos se impuso la entrega de nuestros recursos naturales y por lo tanto, de nuestra soberanía nacional”.

Los juicios…
En noviembre de 2013, la Cámara de Diputados hizo público, como respuesta a una solicitud de información, que durante la LX Legislatura –septiembre de 2006 a agosto de 2009- recibió 128 solicitudes de juicio político, mismas que fueron ratificadas pero fueron catalogadas como “Pendientes de ser resueltos por la subcomisión de examen previo, además de seis más que no fueron ratificados. En 10 solicitudes hubo declaración de procedencia, pero se informó que se encontraban “pendientes de ser resueltas por la Sección Instructora”.
Durante la LXI Legislatura –septiembre de 2009 a agosto de 2012- recibió 95 (aunque en un oficio fechado el 15 de noviembre de 2013 afirma que sólo fueron 35) que también fueron ratificados, pero quedaron “pendientes de ser resueltos”, en tanto que se aprobó la solicitud de declaración de procedencia en ocho, mismos que se encontraban “pendientes de ser resueltas por la sección instructora”.
Entonces, a 14 meses de haber iniciado la LXII Legislatura, ya había recibido y ratificado 34 solicitudes de juicio político; sin embargo, los 257 documentos fueron clasificados como “Pendientes de resolver por la Subcomisión de Examen Previo”.
El 23 de abril de 2013, los todavía coordinadores del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Alberto Villarreal y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Silvano Aureoles Conejo, además de Alberto Anaya, líder de la bancada del Partido del Trabajo (PT), formalizaron la solicitud de juicio político en contra de Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de Javier Duarte, gobernador de Veracruz, por el presunto uso electoral de programas sociales para beneficiar a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones en las elecciones locales.
El 29 de septiembre de 2014 se informó de la presentación de una solicitud de juicio político en contra del entonces titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, “por su deficiente desempeño” y por considerar que la dependencia era un organismo utilizado con fines personales.
Al “Comité ciudadano para el rescate de la CNDH”, integrado activistas, 121 organizaciones y víctimas, se sumaron legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), del Partido del Trabajo (PT) y del PRD.
En octubre de 2014, Huerta Ladrón de Guevara presentó en San Lázaro una demanda de juicio político en contra del todavía gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero y el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, sucedida en el municipio de Iguala, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre.
Además de la desaparición de los jóvenes, en ese hecho también se registró el asesinato de seis personas, presuntamente a manos de elementos de la policía municipal de Iguala y Cocula, en contubernio con el crimen organizado.
En esa ocasión, Huerta recordó que “en 30 días se deberá determinar si procede dicha demanda de juicio político”.
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