La Procuraduría del DF viola protocolos de investigación en caso Narvarte: Artículo 19

Por: Redacción Revolución / 31 agosto, 2015

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(31 de agosto, 2015).- A un mes de la tortura y asesinato de Rubén Espinosa, fotoperiodista de AVC Noticias,  la activista Nadia Vera, Mile Virginia Martin de nacionalidad colombiana, Alejandra Negrete y Yesenia Quiroz, perpetrado en la Colonia Narvarte de la Ciudad de México, la organización Artículo 19 emitió un informe en el que deja ver las múltiples fallas en torno a la investigación realizada por la Procuraduría General de Justicia del D.F, suscitando serias dudas sobre la misma.

“La procuraduría del DF viola protocolos de investigación en el homicidio múltiple de la colonia Narvarte”, señala la organización encargada de la defensa de la familia de Rubén. Y hace especial énfasis en la filtración de información a ciertos medios, incluidos Televisa y La Razón, configurándose un proceso ilegal toda vez que las investigaciones siguen en curso.

Entre los señalamientos de Artículo 19 se encuentra la no aplicación del Protocolo de Investigación para la Atención de Delitos cometidos en agravio de las y los periodistas en el ejercicio de esta actividad, mismo que de aplicarse a cabalidad, evitaría la filtración de datos a los medios de comunicación.

“Han sido innumerables las filtraciones que se han dado de la investigación. Al grado que actualmente en la red y en diversos medios de comunicación circulan fotos de los cadáveres, los resultados de química realizados a los cuerpos, información personal de las víctimas, supuestas hipótesis sobre la ejecución de las cinco personas fallecidas y la declaración del hoy probable responsable Daniel Pacheco Gutiérrez. Por si fuera poco, el 1 de agosto, mientras un familiar de Rubén reconocía formalmente el cuerpo del periodista, existía información en medios de comunicación que ya hacía pública su muerte. De esa manera se enteraron el resto de los familiares del fotoperiodista”, señala Artículo 19.

No hubo tampoco el correcto registro, mediante fotografías, del lugar de los hechos de manera inmediata, lo que provocó que dos días después del crimen, personal ministerial haya informado sobre supuestos indicios, como documentos, que sustentan la hipótesis oficial, ligando a Mile con el vehículo en que huyeron los asesinos, de esta forma, la PGJDF pretendería reforzar los nexos de Mile con el crimen organizado. Tales indicios, refiere Artículo 19, se dieron a conocer dos días después del crimen y generan dudas respecto a su veracidad o posible creación de las mismas para reforzar la hipótesis oficial.

Asimismo, en la investigación debería participar la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de Periodistas, misma que no ha participado ya que la PGJDF “no ha investigado… los presentes hechos bajo la perspectiva del ataque a la libertad de expresión pese al discurso en contrario hacia la opinión pública”.

Artículo 19 externó su preocupación sobre el reforzamiento de la hipótesis oficial, que direcciona el crimen hacia Mile Virginia Martin y sus supuestos nexos con el crimen y regenteo de mujeres,  basado únicamente en la declaración de uno de los supuestos asesinos, quien presenta indicios claros de tortura al momento de su detención y/o transporte a la dependencia de justicia, hechos que de comprobarse anularían por completo la declaración y con eso se tiraría la investigación de la PGJDF.

Se destaca que el presunto homicida no tuvo contacto con su pareja sino hasta “39 horas después de su primera declaración ministerial y 44 horas después de su detención”.

Además, la declaración de Gutiérrez presenta diversas contradicciones: la testigo y vecinos del lugar aseguraron que no hubo fiesta en el departamento,  diversos medios y el propio Gutiérrez aseguran lo contrario; el detenido señala que uno de los cómplices del crimen arribó al domicilio en un vehículo Megane, cuando la realidad es que fue en otro tipo y color de automóvil; la testigo que denunció el asesinato, por su parte, asegura que Mile no recibía visitas en el domicilio, ambas compartían el departamento; Gutiérrez refirió haber tenido relaciones sexuales con Mile, sin embargo, los exámenes periciales revelaron que no había restos de semen en la víctima.

La hipótesis oficial, que contempla el robo como posible móvil del crimen, no se sustenta toda vez que no se extrajeron celulares ni computadoras del domicilio.

La misma denunciante del homicidio múltiple, quien habitaba el departamento y no encontraba en el momento de los hechos, asegura que Mile estaba sola toda la semana, lo que genera dudas respecto a por qué los asesinos decidieron actuar cuando en el departamento habían 5 personas más.

Contrario a las filtraciones, la PGJDF no permite el acceso al expediente a Artículo 19, especialmente sobre las declaraciones de los funcionarios del gobierno veracruzano y el mismo gobernador de la entidad Javier Duarte de Ochoa, argumentando la preservación de la información cuando las investigaciones se mantienen en curso, tal como lo recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin embargo, dicha interpretación es “restrictiva de estas medidas en detrimento de los derechos de las víctimas”, toda vez que sí se permiten las filtraciones llenas de prejuicios a los medios de comunicación, pero no el acceso a las declaraciones de los funcionarios del gobierno de Veracruz.

Por último menciona que el primer contacto que la familia de Rubén tuvo con la Subprocuradora de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, fue el 7 de agosto, 7 días después del asesinato quíntuple, y la reunión sólo fue para notificar a los familiares que Rubén había dado positivo en el examen de drogas, “lo cual no se puede interpretar más que como un mensaje para estigmatizar a Rubén.

Dicha funcionaria desconocía o no quiso proporcionar cualquier otro dato de la investigación, elemental para el ejercicio de los derechos de la hermanas de Rubén, y tampoco generó las condiciones para que las víctimas y sus abogados pudieran conocer el expediente.

Artículo 19 observa con preocupación que en el caso del asesinato de Rubén Espinosa Becerril y las cuatro personas más, se ha demostrado que no existen mecanismos institucionales para investigar y proteger a periodistas, activistas y en general mujeres víctimas de violencia feminicida”

Artículo 19 “hace un enérgico llamado a todos los órdenes de gobierno, para que hagan valer los estándares normativos vigentes en materia de protección a la libertad de expresión y se construyan verdaderas instituciones que protejan la libertad de expresión y dejen a un lado la simulación”.

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