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Por: Redacción Revolución / 27 agosto, 2015
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(27 de agosto, 2015).- A más de un año del asesinato de 22 personas por elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) decidió reservar la información por seis meses más, por lo que la ciudadanía no podrá tener acceso directo al expediente sobre el caso.
El pasado 30 de junio de 2014 en una bodega ubicada en el poblado San Pedro Limón en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, donde militares asesinaron a 22 presuntos delincuentes, luego de las diferentes versiones que corrieron en torno a que los efectivos castrenses dieron el tiro de gracia a los caídos.
Al respecto, se involucró a siete elementos castrenses acusados de indisciplina militar en relación al debido proceso.
La comisionada del Inai, Ximena Puente, presentó un proceso de averiguación previa, sin que se encuentre en un grave caso de violación a los derechos humanos, pues apenas la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sólo regula casos procesados de indisciplina.
En tanto, la comisionada Areli Cano, señaló que ante la exigencia del amparo promovido por los jueces resolvió a favor del Inai, por lo que propuso suspender bajo causa de fuerza mayor los plazos de resolución de recursos hasta que se desahogue el amparo.
Los comisionados cuestionaron a la Sedena la falta de apertura de información sobre el caso, pues no permite al Inai el ejercicio de sus facultades.
“Yo sé que molesta mucho esta frase, pero lamentablemente no se ha podido acceder a esa información y este instituto no ha votado las medidas jurídicas pertinentes (…) No nos reconocen facultades y el instituto tampoco las defiende; no está haciendo lo necesario y jurídicamente posible para defender las atribuciones a que tenemos derecho” dijo Cano en la reunión de los comisionados.
De acuerdo con la comisionada, acudió con un juez federal que resolvió a favor del organismo, sin embargo, la Sedena se niega a la apertura de la información.
Asimismo, presionó para que el organismo se inconformara ante la negativa por parte del Ejército Mexicano para abrir los documentos relacionados con los incidentes de Tlatlaya.
El juicio incluso podría concluir en un año, aunque acordaron por mayoría que se resolviera en un tiempo de seis meses.
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