“Gobierno y Grupo México provocaron derrame en río Sonora”; a 1 año siguen sin atención médica y con agua contaminada

Por: Edgar Rosas / 5 agosto, 2015

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(05 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Este jueves 6 de agosto se cumplirá el primer año de uno de los hechos que ha sido calificado como el mayor desastre ecológico que ha padecido Sonora: el derrame de sustancias tóxicas ocasionado por la empresa Buenavista del Cobre-propiedad de Grupo México- que contaminó al río Sonora.

A más de 360 días del hecho y contrario al discurso oficial que asegura que todo ha regresado a la normalidad, las comunidades aledañas al río Sonora han demandado que las afectaciones por esta catástrofe ambiental siguen dañando la vida de los pobladores, además que a un año no existe un plan de remediación del río ni se ha brindado la atención médica adecuada para solucionar los problemas de salud ocasionados por el derrame.

Al respecto, este martes, integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora, así como miembros de la organización PODER denunciaron que luego de una investigación han podido constatar una serie de actos, omisiones e irregularidades cometidas tanto por la empresa, como por las autoridades, las cuales, aseguran, demuestran que la falta de vigilancia del gobierno y la negligencia de la empresa provocó el derrame.

En primera instancia, Julieta Lamberti, investigadora de PODER, manifestó que luego de tener acceso a diversos documentos, se conoció que la empresa Buenavista del Cobre no contaba con la infraestructura necesaria para el control de sustancias químicas, pues parte de esta se encontraba a media construcción. Además, dijo, la compañía de Grupo México no tenía un sistema de detección ni control de derrames, ni contaba con la autorización para el manejo de residuos peligrosos.

“Lo que encontramos fue que la empresa Buenavista del Cobre ha estado manejando residuos peligrosos desde el año 2011 sin tener las autorizaciones correspondientes por parte de la Semarnat.

“En segundo lugar, la empresa Buenavista del Cobre ha estado operando sustancias tóxicas, químicos y líquidos en un proyecto que se encontraba aún en construcción, según consta en las actas de inspección de Profepa; posterior al derrame el proyecto tenía sólo un avance en la construcción. Además de esto, el represo Tinajas-de donde se produjo el derrame hacia el arroyo Tinajas que es un afluente del río Bacanuchi que conecta con el río Sonora-no contaba con un tubo que tuviera una válvula para poder controlar el volcamiento de líquidos y por último estos represos no contaban con ningún sistema de detección ni control de derrames”, dijo

Lamberti recordó que el día del siniestro, Buenavista del Cobro tardó 25 horas para dar aviso a las autoridades sobre el derrame. Asimismo enfatizó que a la fecha para el gobierno federal no ha sido prioridad la remediación integral de la contaminación en el río Sonora.

“Tanto la empresa como la Semarnat nos demuestran que la atención inmediata y la remediación integral de la contaminación del río Sonora no ha sido una prioridad. En junio de este año solicitamos el Plan de Remediación Integral que debió haber presentado la empresa minera Buenavista del Cobre tras el derrame. Sin embargo nos dijeron que este Programa de Remediación Ambiental todavía se encontraba en evaluación y no había sido aprobado por la Semarnat, sólo tenía aprobada la primera fase que atiende a los primeros 30 Km de contaminación del área aledaña, en la que no existe población humana. El resto de la zona afectada, que abarca un total de 250 Km en donde están los 7 municipios y las miles de personas afectadas por el derrame todavía no está, por lo que podemos comprobar que a 12 meses de los hechos tanto el gobierno federal como Buenavista del Cobre han sido omisos en la remediación del río Sonora”, sentenció.

Aunado a lo anterior la investigadora de PODER afirmó: “El gobierno ha sido omiso en la atención del problema y Grupo México ha estado mintiendo constantemente a la opinión pública acerca de que el problema ya está solucionado y el río ya está limpio”.

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Tras la investigación emprendida por los Comités de Cuenca del Río Sonora y PODER, los afectados por el derrame y contaminación han interpuesto 5 demandas de amparo, con las cuales buscan: se finquen responsabilidades a quienes por acción u omisión causaron el derrame; la reparación integral a todas las afectaciones que sufrieron las comunidades que han tenido que soportar el desastre; y que no se repita esta clase de hechos, “no sólo en Sonora, sino en cualquier parte de país”.

En tal sentido Luis Miguel Cano, abogado de la organización PODER, subrayó que a partir de la información obtenida se puede decir que el derrame del río Sonora no fue un accidente, sino un evento que sucedió debido a la displicencia del gobierno y su falta de vigilancia.

“A la fecha hay 5 demandas de amparo presentadas y admitidas que han originado juicios en los cuales se demanda tanto a autoridades como a las empresas, porque lo acontecido en el derrame hace un año ha violentado los DD.HH. de todas las personas de la región”, agregó.

El jurista dijo que el primer amparo busca reclamar que la Semarnat no tomó en cuenta “la participación efectiva de las personas a la hora de medir el impacto ambiental. Buenavista del Cobre y sus instalaciones está localizada en el municipio de Cananea que es primordialmente el municipio que se toma en cuenta para el impacto ambiental, pero el derrame ha demostrado que el impacto trasciende a ese municipio y que puede llegar a afectar a todas las comunidades aledañas al río. Nunca, insisto, se han preocupado por asegurar la participación informada y efectiva de la gente, sólo cumplir con una normativa”, expuso.

En esta lógica, Miguel Cano explicó que también se ha interpuesto amparo contra la Semarnat y Buenavista del Cobro por no existir un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos. Añadió que la compañía minera desde hace un par de años solicitó una prórroga para entregar dicho plan, pero, a la fecha, ni autoridades exigen la entrega ni la empresa cumple con lo establecido.

“El incentivo para una empresa que no se siente vigilada es no hacer las cosas bien. Hasta ahora hay una clara falta de interés de las autoridades y cuatro años después sigue sin existir plan de manejo de residuos peligroso”, añadió.

El abogado de PODER demandó que la Semarnat ha incumplido con varias cuestiones a las cuales se ha comprometido para mejorar la situación de los afectados por el derrame. Detalló que en septiembre de 2014 prometió iniciar un programa de reactivación agropecuaria, debido a que gran parte de la gente que vive cerca del río Sonora se dedica a esta actividad. No obstante, expuso, a casi un año no ha hecho nada.

Asimismo habló sobre la calidad del agua del río Sonora. En este sentido recordó que las autoridades han asegurado que a la fecha el agua está limpia, por lo que es apta para su consumo. Sin embargo, enfatizó que la normativa empleada por las autoridades para definir la calidad del agua no se apega a los estándares internacionales, lo que pone en duda si el agua representa o no peligro para la salud.

Aunado a lo anterior indicó que otro de los amparos interpuestos va encaminado sobre el Programa de Remediación ambiental, mismo que a un año no existe. El abogado apuntó que la lucha emprendida es para erradicar la práctica entre gobierno y empresas que no consideran a la población ni miden los impactos reales de las actividades.

“Hemos solicitado información sobre el Plan de Remediación y se nos ha dicho que se pidió dividir en 5 zonas la región y la única zona para la que existe un plan aprobado es la región que abarca las instalaciones de la empresa, todo lo demás hoy no está aprobado.

“Los Comités del Río Sonora lo que buscan es cambiar un paradigma que impera en el país, donde llega la empresa, va con el gobierno, le da la concesión y empieza el negocio, pero  la gente que está ahí, ‘pues si estorba que se vaya’, ‘si la afecto que mal porque no cuenta’, y lo que están peleando estas personas en esos amparos es tener información accesible, oportuna que les permita una participación efectiva porque si cuentan”, dijo.

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Durante el evento, los integrantes de los Comités de la Cuenca del Río Sonora expusieron las afectaciones que desde el pasado 6 de agosto de 2014 han tenido que lidiar tras el derrame.

Adolfo López Peralta es uno de los pobladores aledaños al río Sonora que se vio afectado con la contaminación que produjo el derrame de sustancias tóxicas. Dijo que en las regiones afectadas la principal actividad económica es la ganadería y la agricultura, por lo que tras la contaminación del agua, se vieron fuertemente perjudicados.

“Por generaciones la agricultura y ganadería han sido el pilar de la economía del río Sonora. A partir del 6 de agosto de 2014 fue una desgracia muy grande la que sufrimos los habitantes del río sonora porque vimos pasar una contaminación que fue bastante grave, porque a partir del derrame nos cerraron las fuentes de agua para nuestro cultivo, las tierras que en el mes de agosto teníamos sembrado,  a raíz de eso, las plantas no recibieron el agua requerida y nuestras cosechas se secaron. En septiembre hubo una tormenta tropical y ayudó a revivir algunas plantas, pero ya era demasiado tarde, no tenían los riegos en tiempo y forma, cosechamos una cantidad muy mínima de la que esperábamos”, dijo.

De igual forma, señaló que el 17 de septiembre hubo un segundo derrame, el cual, gracias a que el río se desbordó, baño a las cosechas perjudicando aún más.

“El 17 de septiembre se vino otro derrame y este vino a terminar de fregarnos las cosechas porque el río se desbordó y entró a todos nuestros cultivos, y la contaminación entró a nuestro cultivo y hasta ahorita a la fecha no sabemos si nuestras tierras están contaminadas, no sabemos si el agua de los pozos que estamos bebiendo son permisibles para el consumo humano y para riego. Es un temor muy grande el que se vive, el ser padre de familia y saber que tu hijo pueda tomar agua de la llave sin saber qué es lo que tiene.  En el río Sonora son alrededor de 13 mil hectáreas de agricultura, de riego, donde todos los habitantes fuimos afectados. Se producen muchos productos: nogal, chile verde, frijol, maíz y por eso nos estamos organizando. Queremos que la sociedad se dé cuenta de la magnitud del problema que se tiene”, apuntó.

En este sentido dijo que el principal temor en estos momentos es que el agua siga contaminada, pues, afirmó, las autoridades no han dado certezas sobre la calidad del vital líquido.

“Tenemos el temor que las aguas estén contaminadas, queremos seguridad, que las autoridades nos den certeza que el río Sonora esté libre de contaminación. Los medios de comunicación y autoridades en Sonora han dicho que está libre y muchas de las personas que no tienen de dónde comprar el agua purificada que viene de Hermosillo-porque tenemos que comprar el agua de otras parte, las purificadoras que están en la región no tienen el sistema que retira todos los metales pesados- y hay una preocupación bastante importante de las personas que están bebiendo agua del Sonora porque no sabemos a qué magnitud vaya a afectar a sus familias”, sentenció.

Por su parte, Zoyla López manifestó que las afectaciones a la salud desde el derrame han sido considerables. En su caso, dijo, las autoridades no han brindado la atención médica debida a pesar que los daños han sido graves.

“Como familia, después del derrame, estábamos muy preocupados, no estábamos muy seguros porque Grupo México nos traía agua en garrafones y en pipas, pero cuando eso sucedió mi familia empezó a tener síntomas, empezamos a tener problemas de salud: vómito, diarrea, ronchas, erupciones en la piel, el cabello se nos caía.  Mi esposo y yo estábamos enfermos. Yo me acerqué a un centro de salud, ahí me dijeron que era gripa, que podría ser artritis, dengue. Después fue una unidad móvil de Cofepris, también me acerque ahí y me dijeron que yo necesitaba ayuda psiquiátrica porque era depresión. Les pedía que nos hicieran análisis de metales pesados en sangre. Me decían que en su momento.

“Mi situación de salud fue empeorando más. Yo empecé a tener mucha sensibilidad en mi mano, sentía que toda la piel me quemaba. Fui perdiendo mi motricidad. Me daba un dolor inmenso que yo no me podía levantar de mi cama. No se pueden imaginar lo difícil que fue para mí, tenía niños pequeños, no podía levantarme para cambiarlos, cocinarles, yo no dependía de mi ni para ir al baño, era una impotencia no saber lo que pasaba con mi salud y que las autoridades no me daban la atención y que no teníamos el recurso para ir con un médico particular ya que mi esposo también se dedica a la agricultura y ganadería”, señaló.

Además lo anterior, Zoyla relató: “Poco a poco fui recuperando mi fuerza, pero no al cien, mis manos me siguen temblando como si fuera un adulto mayor, ya no tengo la misma fuerza. En diciembre en estudios que me hice me encontraron que la vesícula me dejó de trabajar. Después de pasar todo esto hasta abril llegó Cofepris a tocar la puerta de mi casa para decir que ya era momento de realizar análisis de mi sangre y mi orina, pero no me explicó por qué se esperaron tanto, tal vez la salud de nosotros les importa poco o lo más seguro es que estaban dando tiempo a que las evidencias se salieran de nuestro cuerpo.

“Ahorita esto siendo atendida pero me dicen que ciertos estudios que ocupo y que mi familia ocupa no los pueden hacer porque no tienen los recursos, no me explico cómo pueden decir eso,  se supone que Cofepris tiene recursos económicos para atendernos a todos los afectados (…) Hay muchas personas afectadas y no están haciendo atendidos. Aunque no lo crean hay mucha gente que no tiene los recursos para comprar un garrafón de agua y se ven obligado tomar agua de la llave, entonces desafortunadamente no podemos decir que esta tragedia ya pasó. Queremos pedir una remediación del medio ambiente, que se nos dé acceso a agua que no nos afecte nuestra salud. Queremos acceso a la atención médica, honesta y gratuita”, dijo.

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