Exonerada desde el año pasado, Nestora cumple 2 años en prisión; ninguno de sus 53 acusadores ratifican denuncias

Por: Redacción Revolución / 20 agosto, 2015

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(20 de agosto, 2015).- A pesar de haber sido exonerada desde marzo de 2014 por la justicia federal, la ex lideresa de la policía comunitaria y ex dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) del municipio de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, cumple dos años en prisión acusada de secuestro, sin que ninguno de los 53 acusantes haya ratificado la denuncia.

El proceso legal de la ex policía comunitaria ha estado plagado de irregularidades, pues aunque ninguno de los acusantes se ha presentado a declarar, Salgado permanece recluida en el Penal de Ayutla de los Libres.

César Sandino Rivero, uno de los abogados de la dirigente comunitaria, aseguró que su encarcelamiento obedece a un empecinamiento oficial por mantenerla tras las rejas, pues legalmente no hay una explicación para su situación.

Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha referido aplicar medidas cautelares a la justicia mexicana, hasta el momento las autoridades se han mostrado reacias a dejar libre a la policía comunitaria.

A pesar de que el gobernador interino Rafael Ortega, reconoció que Salgado es una presa política y ordenó a la Fiscalía General de Guerrero desistir en sus acusaciones, hasta el momento la policía comunitaria permanece encarcelad.

De acuerdo con el periodista Luis Hernández Navarro, Nestora Salgado García pudo tener una vida cómoda en Estados Unidos, sin embargo, decidió enfrentarse al crimen organizado en su comunidad natal, situación por la cual fue encarcelada injustamente el 21 de agosto de 2013.

La detención de la comandanta se dio a través de un operativo en el que intervinieron el Ejército, la Marina y las policías federal, estatal y municipal y fue envida a un Penal federal en Nayarit, donde no recibió el auxilio médico suficiente.

Asimismo, las autoridades le negaron el derecho a un abogado privado y fue asignado un defensor jurídico de oficio, quien no apeló ninguna de las acusaciones que recibió, por lo que de haberlo hecho, la comandanta hubiese salido libre.

Salgado descubrió una red de trata de personas en Guerrero que estaba coludida con las autoridades municipales y cuyas pruebas envió el Ejército mexicano.

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