Exigen liberación de opositor a La Parota; “Suástegui ha sido torturado y amenazado de muerte en prisión”

Por: Edgar Rosas / 15 agosto, 2015

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(15 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En México, la detención de aquellos que se oponen a la construcción de megaproyectos-por representar un atentado contra la vida de sus comunidades y la naturaleza- se ha convertido en una práctica casi habitual de empresas y gobierno, que coludidos en muchos casos, buscan imponer a cualquier precio esta clase de obras, que representan un gran negocio para pocos a costa del despojo de recursos y tierras de comunidades indígenas o pueblos originarios.

Ejemplo de lo antes descrito es el caso de Marco Antonio Suástegui, uno de los opositores a la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, el cual se pretende desarrollar sobre el cauce del río Papagayo en el estado de Guerrero y que afectaría a comuneros y ejidatarios de los municipios de Acapulco y Juan R. Escudero.

El caso de este defensor es uno de los que ejemplifican el contexto de criminalización  que se vive en contra de quienes se resistente a esta clase de “proyectos de muerte” y defienden su derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Suástegui, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP), fue detenido de manera arbitraria el pasado 17 de junio. Su detención, afirman, fue producto de la oposición al proyecto hidroeléctrico, por lo que lo inculparon de los delitos de ataques a las vías de comunicación, despojo, lesiones simples, lesiones agravadas y robo.

A más de un año de su detención, la tarde de este viernes, diversas organizaciones nacionales e internacionales, exigieron la libertad inmediata de Marco Antonio Suástegui, pues, afirman, las pruebas que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha aportado -quien lleva su defensa-, así como las inconsistencias en las acusaciones, son suficientes para demostrar la inocencia del defensor y dejar constancia que los delitos son fabricados.

En conferencia de prensa, demandaron además las violaciones a los derechos humanos y tratos crueles e inhumanos de los cuales Suástegui ha sido víctima, pues entre otras cosas ha sido torturado en prisión. Además expresaron su preocupación ante el latente panorama de persecución aún en la cárcel, ya que, informaron, que en recientes fecha el defensor ha sido amenazado de muerte.

En lo referente, Eva Castellanos, integrante del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), relató que el pasado 12 de agostos un grupo de defensores miembros de distintas organizaciones pudo visitar a Marco Antonio Suástegui en la prisión de La Unión en Zihuatanejo, Guerrero, en donde conocieron, en voz del defensor, las violaciones a los DD.HH. así como las amenazas de las que ha sido víctima.

Entre otras cosas, detalló que el día de su detención, Suástegui fue “duramente” golpeado, y entre las agresiones físicas, al defensor comunitario, las autoridades le arrancaron tres uñas de los pies.

Además, explicó que a Suástegui le fue negado beber agua durante dos días y no se le brindó la atención médica necesaria para tratar las afectaciones tras la tortura a la que fue expuesto. Asimismo indicó que durante los sietes meses en lo que permaneció en el penal de máxima seguridad de Nayarit-llevado ahí ilegalmente – fue mal alimentado.

Silva Emanueli, integrante de Espacio de Organizaciones Civiles por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC)- organismo que ha acompañado a CECOP en su lucha- es una de las personas que visitó a Marco Antonio el miércoles pasado. Al participar en la conferencia detalló que el defensor de los DD.HH. hizo especial mención en la tortura de la que fue víctima al ser llevado al penal de máxima seguridad en Nayarit.

De igual forma, comentó que Suástegui detalló las condiciones en las que vivió los sietes meses en el penal de Nayarit. Al respecto mencionó que el trasladado al penal de máxima seguridad fue ilegal, pues su estancia en aquel lugar no corresponde a la magnitud de los delitos que supuestamente cometió.

“Marco Antonio nos habló de la poca alimentación que le ofrecieron en el penal: sólo le daban un té en la mañana, tres tortillas a la hora de la comida y verdura en la noche. No le dieron agua potable por lo que sufrió severos problemas intestinales a causa del agua que le daban.

“Nos dio a conocer de viva voz, las condiciones muy complicadas que enfrentan los defensores de DD.HH., los presos políticos en el momento de entrar en cárceles de máxima seguridad, que además no corresponde a los delitos que supuestamente ha cometido, incluso si fuera cierto que Marco Antonio hubiera cometido los delitos que se le imputan, no se hubiera justificado su traslado al penal de Nayarit”, manifestó.

Asimismo habló de las amenazas de las que ha sido víctima en los últimos meses. Dijo que a pesar que se quiere aparentar que su origen proviene de otra fuente, las amenazas son derivadas de su acción por defender la tierra. Además subrayó que el encarcelamiento de Marco Suástegui es resultado de su actividad en defensa de los DD.HH.

“El 31 de julio recibió una carta anónima en la que se le amenaza de muerte (…) Todas las amenazas se derivan de su acción en pro la defensa de la tierra y el territorio. Las organizaciones que vistamos a Marco, estamos convencidos que esta injustamente encarcelado, estamos convencidos el hecho que no es una persona conflictiva, sino que defiende DD.HH.

“Queremos subrayar que la razón por la que está encarcelado es por la presa La Parota, el objetivo del gobierno es seguir, imponer La Parota, le cambia de nombre (al proyecto) pero sigue siendo el mismo proyecto que han intentado impulsar desde 1976”, dijo.

Ante las irregularidades en el encarcelamiento de Marco Antonio Suástegui, Emanueli llamó al Tirbunal Penal encargado de resolver la situación del defensor de los DD.HH, que tome en cuenta las pruebas entregadas y decida con imparcialidad el futuro de este opositor al proyecto de La Parota.

“Pedimos al Tribunal penal que tiene que decidir sobre la situación de Marco Antonio que considere que es un defensor de los DDHH, que considere las pruebas del Centro Tlalchinollan que demuestran la falsificación de las acusaciones y que decida con imparcialidad sobre este caso y haga justicia por lo menos en uno de los muchos casos de defensores injustamente encarcelados”, añadió.

El uso del sistema judicial para criminalizar a defensores

Para Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Para Todas y Todos” (RED TDT), en el caso de Marco Antonio Suásteguí se puede ver como el sistema judicial es utilizado para criminalizar a los defensores comunitario en el país.

En este sentido habló sobre las irregularidades que se han presentado desde la detención de Suástegui. Dijo que el caso de este defensor permite visualizar como en México los defensores son tratados peor que criminales.

“Es muy importante mencionar la cadena de irregularidades desde su detención. Fue aprehendido sin alguna orden de detención; estuvo varias horas sin ser llevado a un lugar adecuado; fue torturado; fue tratado con discriminación en el penal de Nayarit, como si fuera uno de los criminales más buscados y eso evidencia cómo son tratados algunos defensores de DD.HH. en México, como grandes criminales, lo que no hay para el crimen organizado si lo hay para las personas defensoras en este país. Con todo esto resulta muy grave porque no ha habido nada del debido proceso, no ha habido una adecuada defensa, y estas circunstancia nos obligan a pensar sobre lo que está sucediendo y lo que está en juego con la sentencia de Marco Antonio”, indicó.

Por otro lado, Ríos habló sobre la persona que ha culpado a Marco Antonio Suástegui de los delitos que hoy lo hacen estar en prisión. Detalló que este personaje es un empresario que resultó “afectado” por la lucha de la CECOP que logró detener el despojo de sus tierras.

“¿Quién lo denunció? Un empresario gavillero muy interesado en que se realice la presa La Parota. Este empresario, que además tiene a un grupo armado, lo ha atacado en varias ocasiones y hay muestras de como personas del CECOP se han visto agredidas por este empresario. Este señor se encuentra muy molesto porque gracias a la comunidad se le retiraron los permisos para seguir despojando a la comunidad”, manifestó.

El secretario ejecutivo de la RED TDT expresó su preocupación sobre el hecho de que los magistrados que están a punto de dar una resolución sobre el caso de Marco Antonio Suástegui actúen bajo presión y dejen en la cárcel al defensor de los DD.HH.

“Nos preocupa mucho que los magistrados que pronto van a decidir si conceden la liberación a Marco Antonio Suástegui están presionados todavía por este grupo prácticamente criminal. Se encuentran presionados porque han ido (los grupos del empresario) a la segunda sala del tribunal judicial a detener las actividades y a presionar para que haya una sentencia desfavorable en contra de Marco Antonio.

“En ese sentido, ayer que visitamos a los magistrado les expresamos esta preocupación y también el hecho de que el sistema judicial sea cómplice de todo lo que se le ha hecho a Marco Antonio y que ellos ahora tienen la posibilidad de dar una sentencia que abone a los proceso de justicia y desactive la corrupción y la impunidad de este país. Abonar al clima de Guerreo que es el estado donde más personas defensoras han sido asesinadas y están en peligro”, apuntó.

En este sentido llamó a los magistrados a realizar un trabajo imparcial y dijo: “que tomen en cuenta estas graves irregularidades que se han cometido, pero mencionar que no sólo es inocente sino que además se está criminalizando su derecho y el nuestro a defender los DD.HH”.

Las violaciones a los DD.HH de Suástegui están relacionadas con su lucha

A través de un comunicado, más de siete organizaciones nacionales e internacionales exigieron la liberación inmediata de Marco Antonio Suástegui y afirmaron que estos atentados en su contra son por la lucha de resistencia frente al proyecto de La Parota.

“Las graves violaciones a derechos humanos anteriormente relatadas están estrechamente relacionadas con la lucha emprendida por el CECOP y por su vocero (…) El único delito cometido por este movimiento, que ha sido duramente reprimido en diferentes ocasiones y que aun así se ha mantenido firme, es el de no plegarse a las decisiones que actores públicos y privados han querido imponerles en nombre de un supuesto desarrollo e interés general que nunca ha sido demostrado.

“El caso de Marco Antonio se suma a una serie innumerable de historias de defensores y defensoras de derechos humanos que a lo ancho y largo del país están siendo criminalizados y detenidos injustamente incluso en penales de máxima seguridad, a causa de su compromiso con la defensa del territorio y la vida. En esta lista se encuentra otra integrante del CECOP, María de la Cruz Dorantes, también encarcelada por delitos similares a los que se le imputan a Marco Antonio”, expresaron.

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