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Por: Cecilia Balderas / 28 agosto, 2015
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(28 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, advirtió que si el Estado mexicano no cumple con encontrar a las miles de personas víctimas de desaparición forzada -aunque haya determinado las condiciones y a los responsables de las mismas- no habrá cumplido plenamente con sus obligaciones.
La búsqueda de las personas desaparecidas en los últimos años, a consecuencia de la “guerra contra el narcotráfico” declarada por Felipe Calderón en 2006, así como la de los desaparecidos desde la llamada guerra sucia en los años 70, es la demanda más sentida y constante entre sus familias; aunado a esto, su ausencia afecta diversos derechos fundamentales como el de libertad, integridad personal, reconocimiento de la identidad jurídica, prohibición de la tortura, entre otros.
“La desaparición de personas es una de las violaciones de derechos humanos más terrible; la desaparición forzada fue concebida como una manera de crear un terrible impacto en la vida de las personas, sus familias, sus amistades y sus comunidades. La incertidumbre de cómo estará la persona, dónde estará, qué le estará sucediendo o cuándo regresará, se repite todos los días para las familias como una forma de tortura”, detalló Peña.
El representante de la ONU subrayó que hasta ahora los esfuerzos de las autoridades mexicanas han sido insuficientes y no han privilegiado la búsqueda de las víctimas en vida; además de que un principio esencial de la búsqueda, es que ésta puede ser separada del esclarecimiento de los hechos y de las responsabilidades; sin embargo, otra de las particularidades de nuestro país es el alto índice de impunidad en el que prevalecen estos casos, violando así el derecho de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño.
“La insuficiente respuesta de las autoridades ha llevado a que las propias familias sean las que, en ocasiones, se lancen a la búsqueda o investigación. En muchas ocasiones ponen en riesgo su vida o reciben amenazas, es por ello que existe la necesidad de garantizar su seguridad, así como la custodia y resguardo de las pruebas recabadas a fin de evitar su contaminación o desaparición”, sostuvo el funcionario.
Cabe señalar que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas Involuntarias recomendó al Estado mexicano -luego de su visita en 2011- establecer un programa nacional de búsqueda de personas que incluya procedimientos sin dilación de los casos, coordinar los esfuerzos de diferentes agencias de seguridad para su localización, eliminar cualquier obstáculo legal o fáctico, así como dar prioridad a la zona de búsqueda donde sea más probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar otras posibilidades.
Apenas hace algunos meses, el Comité Contra la Desaparición Forzada recomendó a nuestro país redoblar esfuerzos en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, en la búsqueda de sus restos.
Y la postura oficial…
Ante los claros señalamientos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la realidad adversa que se mantiene en nuestro país, las autoridades persisten imperturbables.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián sostuvo que a nivel nacional, “logramos reducir los niveles de violencia: de los homicidios dolosos que se registraban en 2012, hoy deja de suceder una tercera parte, desafortunadamente unas regiones mantuvieron y mantienen altos índices de violencia; por ejemplo Guerrero, donde los terribles hechos ocurridos en Iguala, en septiembre del año pasado con la desaparición de 43 jóvenes normalistas, nos lastimó y nos sigue lastimando”.
En el marco del foro “Hacia una búsqueda efectiva y una investigación científica para todas las personas desaparecidas”, el político cercano a la que fuera lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, sostuvo que ante el Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, el pasado febrero, “el Estado mexicano se comprometió a abrir a la participación de las organizaciones de la sociedad civil, la construcción de una ley general en materia de desapariciones forzadas”.
Sin embargo, en el Senado de la República hay tres leyes sobre el tema esperando ser dictaminadas y hace algunos días, como lo informó Revolución TRESPUNTOCERO, organizaciones de la sociedad civil presentaron una propuesta alternativa ante la preocupación de que la normativa generada desde el legislativo no contenga temas que para ellos son indispensables.
De manera paralela, se espera que el Ejecutivo federal presente, también, su propuesta de ley sobre desapariciones forzadas.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, la perredista Angélica de la Peña, afirmó que la discusión de la Ley General de Desapariciones Forzadas “por desgracia está llegando tarde, ante situaciones que no nos explicamos cómo siguen pasando y que contribuyen a no lograr la paz y tranquilidad que requiere nuestro país y la ineludible responsabilidad del Estado”.
La legisladora sostuvo que la crisis de derechos humanos -y sobre todo las desapariciones forzadas- se recrudeció en los últimos nueve años y entre el grueso de la población, se ha ‘normalizado’ la situación.
“Alerto de que lo mismo nos puede pasar en el caso de los migrantes y de los desplazados. Necesitamos asumir nuestra responsabilidad para contribuir a eso que parece una consigna, pero es algo que no hemos podido alcanzar: la paz, la tranquilidad y la reconstrucción del tejido social en nuestro país…particularmente, el otorgar justicia a quienes claman por ella desde diversos espacios”, afirmó.
Cientos de fosas
En su intervención, el titular de la Comisión de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez sostuvo que “la desaparición forzada de personas es una práctica ominosa contraria a la dignidad humana que implica la negación absoluta de todos los derechos humanos es una práctica cruel que agravia a la sociedad, afecta y atenta no solo en contra de las personas desaparecidas, sino también de sus seres queridos”.
El ombudsman nacional subrayó que los familiares de los desaparecidos, “tienen que sumar al dolor de la ausencia, el vivir con la incertidumbre, angustia y desesperación, sobre el destino de quien desapareció. Por su naturaleza y sus implicaciones, es un crimen de una gravedad extrema”.
González Pérez reconoció que la desaparición forzada no se limita a la de los 43 estudiantes normalistas, aunque no se puede dimensionar adecuadamente por la carencia de bases de datos confiables y actualizados que contengan los elementos necesarios para determinar con certeza el número de casos imputables a las autoridades del Estado o con contubernio de funcionarios públicos.
El titular de la CNDH sostuvo que la Procuraduría General de la República (PGR) estima que en los últimos ocho años, se han encontrado al menos 149 fosas clandestinas en diversas regiones del país.
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