Estado mexicano no ha podido detener a quienes según su hipótesis serían responsables de Ayotzinapa: Tlachinollan

Por: Redacción Revolución / 29 agosto, 2015

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(29 de agosto. 2015).- El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan advirtió en su informe anual que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha podido detener en su totalidad a las personas que su propia “verdad histórica” señala como autores de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

En el documento de 260 páginas titulado “Desde las trincheras de Ayotzinapa: la defensa por la educación y la vida de los hijos del pueblo” la organización no gubernamental documenta la historia de las normales rurales del país y la desaparición de algunas, incluida la del Estado de México cuando era gobernador Enrique Peña Nieto.

“El gobierno federal no ha podido detener al máximo responsable de la corrupta policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, ni a su subalterno a cargo de la policía ese día Alejandro Tenescalco” informó en un documento oficial el organismo en el que sostiene la ineficacia del Estado mexicano para detener a los responsables de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre en Iguala.

“Tampoco ha sido capaz de detener a Gildardo Astudillo, alias el Cabo Gil, personaje a quien la propia PGR asigna gran relevancia en su versión de los hechos. También siguen prófugos la gran mayoría de las 15 personas que según la Procuraduría habrían estado en Cocula, lo mismo que el líder de Guerreros Unidos, Ángel Casarrubias Salgado “El Mochomo” refiere la asociación de Tlachinollan.

De acuerdo con la organización de Derechos Humanos, la PGR sólo ha detenido a cinco de los 15 autores materiales de la ejecución, además explican que el informe que dio Jesús Murillo Karam sobre las declaraciones de los detenidos, quienes mencionaron haber asesinado a los estudiantes en Cocula, contradicen las versiones en las que señalan que ocurrieron en Pueblo Viejo y La Parota.

Asimismo, el documento añadió que la intervención de las autoridades federales fue tardía, pues fue hasta el 15 de octubre cuando accedió a intervenir en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

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