En 2014 PEMEX perdió mil 293 millones por robo de gasolina; Senado no quiso averiguar a funcionario poblano acusado del delito

Por: Cecilia Balderas / 29 agosto, 2015

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(29 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- De acuerdo a datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), el robo de hidrocarburos a través de tomas clandestinas es un delito que se ha incrementado en los últimos 15 años y tan sólo el año pasado, le generó pérdidas por mil 293 millones de dólares causadas por la extracción ilegal de gasolina.

Entre 2000 y 2014 se contabilizaron 11 mil 872 tomas clandestinas que eran utilizadas por el crimen organizado para extraer el combustible que Pemex transporta a través de ductos, y durante los tres primeros trimestres de 2012, la detención de “ordeñadores” se incrementó 57.3 % respecto a las aprehensiones que se dieron en 2011.

Información de la Procuraduría General de la República (PGR) señala que entre 2006 y 2014 se detuvieron a 3 mil 836 personas vinculadas a la extracción ilegal de combustible; sin embargo, no especifica cuántas averiguaciones previas se abrieron, cuántos de los detenidos han sido presentados ante un juez y se les ha dictado sentencias condenatorias, o cuántos han logrado obtener su libertad.

Marco Antonio de la Peña, director jurídico de Pemex detalló -el pasado 15 de julio en la comparecencia ante la Tercera Comisión de la Permanente- que durante el año pasado y lo que va de este 2015, la PGR realizó más de 50 operativos que dieron como consecuencia la detención de 30 probables delincuentes, así como la recuperación de 1.1 millones de litros de combustible, mismos que equivalen a 84.5 millones de pesos, además del aseguramiento de 35 inmuebles y 164 autotanques.

Sin embargo, el porcentaje de lo recuperado asciende a únicamente el 0.40 % de las pérdidas; es decir, menos de un punto de lo que Pemex dejó de percibir tan sólo en 2014.

El robo de hidrocarburos y gasolina generó que decenas de estaciones de servicio permanecieran vacías en varias regiones de México; proveedores de combustibles, sobre todo en el centro y norte del país, denunciaron una importante reducción en el abastecimiento de los hidrocarburos.

Ante el desabasto, Pemex tuvo que admitir que la escasez de gasolina se debía al aumento del número de tomas clandestinas en sus ductos.

Durante 2013, se registraron 18 tomas al mes, en tanto que en los primeros meses de este año, ese número se incrementó a 75; en Guanajuato, en lo que va de este 2015, el promedio mensual de registro de tomas clandestinas asciende a 61, mientras que en el 2013 fue de 14. En Tabasco, en el primer trimestre del año sumaron 50 tomas mensuales, lo que implica un aumento cuatro veces superior al promedio mensual de 2013, que apenas registraba 10.

Aunado al incremento en el número de tomas clandestinas, la problemática se ha extendido rápidamente ya a otras localidades del país. En 2004, se detectó, cuando menos una toma en 51 municipios, en tanto que para el año pasado, esta cifra se incrementó a 236 localidades de las 2 mil 445 existentes.

A pesar del incremento significativo de la problemática, el gobierno federal no ha desarrollado una estrategia integral para intentar controlarla. La mayoría de las acciones emprendidas se han centrado en la seguridad, dejando de lado, por ejemplo, la aplicación de auditorías externas para fortalecer los controles técnicos y administrativos de Pemex para evitar actos de corrupción del personal a su cargo que permita la fuga de información de la empresa.

Pemex reportó que en 2014 fueron extraídos de manera ilícita 9.8 millones de barriles de combustible, lo que representó una pérdida superior a los 19 mil millones de pesos; en 2013, la petrolera reportó que para reparar y dar mantenimiento a la infraestructura afectada por las tomas clandestinas, invirtió 6 mil 543 millones de pesos, lo que significa una inversión de más de 1 mil 135 % a la realizada en 2008.

Entre las entidades con más tomas clandestinas, se ubica Sinaloa, con 852; Tamaulipas y Guanajuato, con 732; Tabasco, 600; Puebla, 592; Jalisco, 496; Estado de México, 412; Veracruz, 368; Hidalgo, 248 y por primera vez Oaxaca se ubicó en el décimo lugar, con 164 tomas. Nuevo León y Baja California presentan 128 tomas cada una.

De acuerdo a una proyección del Senado de la República, para finales de año el total de tomas podría ascender a más de 5 mil 700 en todo el país.

Corrupción, incentivo del negocio

Un día antes de que el funcionario de Pemex fuera cuestionado por los legisladores integrantes de la Tercera Comisión, elementos del Ejército mexicano detuvieron en Puebla a Marco Antonio Estrada López, exdirector general de la Policía Estatal Preventiva de dicha entidad y a Tomás Méndez Lozano, exjefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES). Ambos funcionarios fueron señalados de participar en el delito de robo de combustible a Pemex.

La aprehensión de los ahora exfuncionarios públicos se dio en el municipio de Tepeaca, mientras circulaban a bordo de una patrulla en la que trasportaban cientos de litros de combustible presuntamente robado. Posteriormente fueron puestos a disposición ante la PGR.

Desde la incorporación de Marco Antonio Estrada López, en septiembre de 2014, como director de la Policía Estatal de Puebla –nombrado por el entonces secretario de Seguridad Pública de Rafael Moreno Valle, Facundo Rosas, quien renunció al cargo el pasado 29 de julio- fue señalado, incluso por algunos miembros de la corporación a su mando, de tener vínculos con actividades ilícitas, una de ellas, el robo de combustible; sin embargo, dichos señalamientos no medraron su llegada al frente del organismo de seguridad de la entidad.

Dos días después de la detención de Estrada López y Méndez Lozano, la jueza Segunda de Distrito, especializada en el Sistema Penal Acusatorio, les negó la libertad bajo caución y el arraigo domiciliario.

El pasado 20 de julio se pospuso la primera audiencia en contra del exdirector de la Policía Estatal Preventiva, que se realizaría en el Poder Judicial de la Nación, en Puebla, luego de que la PGR abriera una investigación en la que se le acusa de robo de hidrocarburos, vínculos con la delincuencia organizada, posesión de un vehículo con reporte de robo y del desmantelamiento de una pipa de Xalapa, Veracruz.

En un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente el pasado cinco de agosto, legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señalaron la pertinencia de que, en cualquier escenario de investigación que la PGR asumiera, se debería considerar los posibles vínculos de Facundo Rosas en el robo de hidrocarburos, con el argumento de que “resulta inverosímil que, siendo él la máxima autoridad policiaca en el estado de Puebla, haya hecho caso omiso a las manifestaciones de denuncia en las que se señalaban las diversas actividades ilícitas de sus mandos policiacos”.

Sin embargo, la Primera Comisión de la Permanente, instancia a la que fue turnado el punto de acuerdo, decidió dejar de lado la petición de investigar a Rosas para dictaminar a favor de realizar un exhorto para que “las procuradurías generales de justicia y fiscalías generales de las entidades federativas y a la Procuraduría General de la República a coordinarse en el trabajo de investigación del delito de robo de hidrocarburos”.

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