Chong no activó Mecanismo de Protección para 18 periodistas desplazados; hoy Rubén Espinosa está muerto

Por: Cecilia Balderas / 20 agosto, 2015

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(20 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Tras el asesinato de Rubén Espinosa, fotoperiodista; Nadia Vera, activista social; Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Mile Virginia Martín perpetrado en la colonia Narvarte el pasado 31 de julio, legisladores de diversos grupos parlamentarios presentaron al menos 14 puntos de acuerdo para solicitar, entre otras cosas, que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajera el caso, se garantizara el acceso a la justicia, reparación del daño y garantías de no repetición; sin embargo, en sesión ordinaria la Comisión Permanente aprobó desechar todas las proposiciones por considerar que ya “han sido atendidas”.

En la discusión del dictamen de la Primera Comisión –presidida por Arturo Zamora Jiménez, senador del Partido Revolucionario Institucional- Zoé Robledo, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció que la decisión de dar por desechadas todas las proposiciones, tiene como intensión aliviar la presión pública y generar condiciones para que el tema “vaya quedando en la historia y en un proceso policiaco nada más”.

El legislador chiapaneco recordó que en febrero pasado, el Senado de la República aprobó un exhorto para exigir a la Secretaría de Gobernación (Segob) que fueran atendidos 18 periodistas en condiciones de desplazamiento interno, que buscaron refugio en la Ciudad de México –dejando atrás su lugar de origen o residencia- tras haber sido víctimas de agresiones o amenazas, condición que habían denunciado previamente Espinosa y Vera.

Sin embargo, la Segob -al mando de Miguel Ángel Osorio Chong- obvió el exhorto del legislativo y no incluyó a los comunicadores en el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a su cargo.

“Es hora de que aceptemos una realidad en nuestro país; desde 2005 estamos enfrentando un fenómeno de desplazamiento interno, gente que está teniendo que salir de su lugar de origen producto de amenazas, no es migración, no están ejerciendo su derecho a partir y buscar un nuevo horizonte o nuevas oportunidades: son desplazados. Si esto no nos mueve a legislar sobre desplazamiento interno en nuestro país, no sé qué lo va a hacer. Hay 280 mil mexicanos que viven exactamente en la misma condición”, argumentó Robledo.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Fernando Belaunzarán recriminó a las autoridades de la Ciudad de México la forma en que buscan evadir su responsabilidad, pues recordó que “por medio de filtraciones ha circulado en los medios que algunos de los cinco asesinados en la Narvarte habían consumido marihuana, cocaína o alcohol. Es una vergüenza cómo lo han manejado, porque pareciera que lo que buscan es culpar a las víctimas, argumentando que como bebieron o consumieron marihuana, algo tenían que ver con el narcotráfico y por eso los mataron. Eso es un prejuicio inaceptable. Que hayan o no consumido, no los hace culpables”.

Recordó que este no es el primer caso en el que las autoridades pretenden criminalizar a las víctimas, pues al hacerlo se exoneran de su obligación de fincar responsabilidades y presentar a los responsables ante la ley.

“Esas filtraciones buscan desviar la opinión pública de la exigencia de justicia. El que hayan consumido alguna droga no hace menos atroz al crimen y, pensar o tratar de inducir la idea de que como consumieron, algo tenían que ver con el narcotráfico, habla del poco profesionalismo de las autoridades”, sostuvo el diputado.

Juicio contra Duarte

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña, hizo un llamado a Rodolfo Ríos Garza, titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), para que modifique la forma en que la dependencia a su cargo ha llevado a cabo el proceso de investigación del caso del multihomicidio en la colonia Narvarte, al que calificó como falto de rigor.

“El procurador del Distrito Federal debe garantizar certidumbre y transparencia, pero sobre todo, rigor en la investigación; que la resguarde y no se contamine pues de seguir así, enfrentará una serie de cuestionamientos que evidenciarán la poca credibilidad de su trabajo”, dijo.

De la Peña aseguró que la PGJDF ha conducido la investigación de forma “verdaderamente inadecuada”, al partir de estigmas y filtraciones; agregó que “todo lo que se ha filtrado afecta el proceso e incide en que haya prejuicios y valoraciones subjetivas con todo tipo de intensiones que en nada ayudan a impartir justicia a las cinco personas asesinadas, cuatro de ellas mujeres, contra quienes ya reconoció la autoridad que se cometió feminicidio”.

En su participación, la diputada Graciela Saldaña Fraire recordó que el pasado lunes,legisladores del PRD presentaron una solicitud de juicio político en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por violaciones graves al artículo 1, 6 y 7 de la Constitución, en materia de derechos humanos, protección a víctimas y a periodistas.

En un informe presentado por la organización Artículo 19, se documentó que el estado que genera más periodistas desplazados es Veracruz.

La diputada calificó la administración del priista como un “estrepitoso fallo”, pues para los ciudadanos, permanecen nulas las garantías en materia de seguridad pública y además, se han detectado subejercicio y desvío de recursos asignados al rubro, lo que refleja la incapacidad del gobierno de la entidad para garantizar que sus ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos.

Saldaña recordó que en Veracruz se han registrado más de 582 casos de desaparición de personas, 15 asesinados de periodistas, más de 140 agresiones a informadores, incluyendo 53 ataques físicos, 21 detenciones arbitrarias, 18 amenazas y 15 actos de intimidación, lo que convierte a la entidad como la de mayor peligro para el ejercicio de la libertad de expresión en América Latina.

Agregó que el asesinato de las cinco personas en la colonia Narvarte, “trasciende las fronteras de un caso específico y se sitúa en el terreno de la protección a los derechos humanos a los que está obligado el Estado mexicano: la libertad de expresión, de información, de seguridad y la integración, todos ellos consignados en la Constitución y en los tratados internacionales”, por lo que solicitó que el Congreso de la Unión, a través de la Comisión Permanente, se pronunciara al respecto, solicitud que ni siquiera fue puesta a consideración del Pleno.

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