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Autoridades municipales de Veracruz despojan de terrenos a ciudadanos para lucrar con ellos, denuncian organizaciones

Por:  / 10 agosto, 2015
despojo
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(10 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Carlos León Martínez, dirigente de la Alianza de Organizaciones Sociales, denunció que los ayuntamientos de Orizaba, Ixtaczoquitán, Nogales, Ciudad Mendoza y Río Blanco, en Veracruz, se posicionan entre los primeros lugares en adjudicar terrenos “para beneficio persona”, sin tomar en cuenta la demanda social de vivienda y espacios de convivencia.
Martínez afirmó que actualmente, la demanda en materia de vivienda es tal, que 70 % de matrimonios jóvenes, de entre 20 y 35 años, de la zona conurbada no tienen dónde vivir ni están en condiciones de solicitar un crédito para acceder a una vivienda digna, por lo que permanecen con sus familiares o se ven en la necesidad de rentar.
“El hecho se ha dado y se sigue dando, principalmente en Orizaba, donde se ha detectado que la autoridad municipal se adjudica terrenos, hasta Mariano Escobedo e Ixhuatlancillo. Nos referimos al presidente y regidores, desde los tiempos de Isaías Rodríguez Vivas, es que se inició esta ‘tradición’”, sostuvo el activista social.
Declaró que, por ejemplo, en la comunidad de Barrio Nuevo y Norte, “si no pagas (el predial) se quedan con la propiedad; desgraciadamente no son para bien común, no se ve que se haga una cancha, una casa de juegos, un kínder, una escuela o una guardería, hay tantas cosas que puede hacer el ayuntamiento, pero no, los bardean, se quedan con ellos o los ponen a la venta”, dijo Martínez.
Casos como estos se repiten en las comunidades antes citadas; por ejemplo, en Río Blanco, la administración actual, encabezada por Ángeles Martínez, ordenó hace algunas semanas el desalojo de un terreno. Varias familias fueron echadas del lugar, sin tener a dónde ir.
El activista sostuvo que se ha detectado que en varios terrenos de la zona se ha decretado ya el cambio de uso de suelo para dar paso a construcciones de casa habitación cuyo precio oscila entre 600 mil y un millón de pesos, mismas a las que no pueden acceder los pobladores de la zona, por carecer de recursos económicos.
El líder de la Alianza de Organizaciones apuntó que personal que labora en los Catastros Municipales puede estar coludida, pues sistemáticamente niegan el acceso a la información sobre predios; detalló que en el Registro Público de la Propiedad, existe una habitación que contiene documentación que está prohibida revisar, a no ser que se cuente con la anuencia de los presidentes municipales y funcionarios de alto rango.
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