Autoridades del DF filtran información a medios para construir una “verdad paralela” sobre la masacre de la Narvarte

Por: Edgar Rosas / 12 agosto, 2015

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(12 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- A poco más de una semana del multihomicidio en la colonia Narvarte-donde fueron asesinados el periodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, así como Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Mile Virginia Martín- las inconsistencias en las investigaciones han empezado a relucir, en un contexto donde las autoridades insisten en la versión del robo como el móvil del crimen, dejando en segundo plano las amenazas de las que fueron víctimas tanto Rubén como Nadia en el estado de Veracruz.

Esta actitud de las autoridades ha comenzado a causar preocupación para diversas organizaciones, pues ante los hechos y la presunta responsabilidad de agentes del gobierno veracruzano en el mulltihomicidio, se teme que las autoridades capitalinas mantengan la versión del robo para cerrar el caso lo antes posible y diluir los elementos que apuntan la probable participación de Javier Duarte y su administración en el crimen.

En tal sentido, este martes, los representantes legales de la familia de Nadia Vera denunciaron las dificultades y parte de las cuestiones poco claras que han encontrado en el expediente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sobre el crimen que acabó con la vida de cinco personas.

Al respecto los abogados Karla Micheel Salas y David Peña, quienes además coadyuvan en la investigación del multihomicidio, afirmaron que existe un interés político en la investigación, misma que empieza a tomar tintes mediáticos.

En primera instancia, Karla Micheel demandó que las autoridades capitalinas en un inicio pusieron trabas a los abogados para poder acreditarse como parte coadyuvante en la investigación, a pesar que esta consagrado como derecho de los familiares de la víctima elegir a sus representantes legales que estarán en la investigación.

Asimismo, denunció que han existido obstáculos para poder conocer el expediente del caso. Dijo que fue hasta el sábado pasado cuando pudieron tener acceso a la documentación que se ha recabado, aunque con un límite de dos horas. De igual forma comentó que este martes tenían programada un reunión de análisis técnico, en donde expresarían todas las dudas generadas a partir de la revisión del expediente, sin embargo esto fue modificado por la diligencia que se realizó en Veracruz para interrogar a Javier Duarte.

La jurista dijo que luego de tener este acercamiento al expediente han surgido diversas preocupaciones sobre cómo se han llevado a cabo las indagatorias por parte de la PGJDF. Uno de los elementos que hace mención es la filtración de información a los medios de comunicación, la cual señala al robo como móvil del crimen. Dijo que esta acción se puede interpretar como el intento de la PGJDF de construir una “verdad paralela”, pero sin sustento jurídico.

“De los seis tomos a los cuales tuvimos acceso y de los que consta el expediente, hay varios elementos que nos han preocupado. Primero que la PGJDF ha filtrado información a los medios de comunicación. Esta información que ha filtrado no es del todo precisa o no tiene soporte en el propio expediente. ¿Cómo lo interpretamos o qué nos dice esto? Pues que de alguna manera la PGJDF está construyendo esta historia paralela que pretende articular en los medios de comunicación, sin embargo no tiene un sustento jurídico.”, manifestó.

En lo referente enfatizó que la versión del robo como móvil no se sostiene, pues las autoridades capitalinas no han podido ni establecer cuáles fueron los artículos supuestamente robados.

“Un elemento que ha resaltado a partir de la revisión del expediente es que el móvil del robo no se sostiene y eso lo queremos señalar con toda precisión. No consta en el expediente qué se robaron las tres personas que supuestamente cometieron el crimen. Sabemos que en el departamento se dejaron objetos de valor como computadoras, teléfonos móviles, e incluso algo que pudo haber sido de lo más costos que pudieron robar fue el Mustang que dejaron estacionado. De estos elementos y ante la falta de respuesta de la PGJDF de decirnos exactamente qué se robaron las  personas supuestamente responsables, el móvil que han sostenido públicamente y que han filtrado a algunos medios de comunicación, desde nuestra perspectiva no se sostiene”, expuso.

Otra cuestión que demandó es que contrario a lo dicho por las autoridades capitalinas, la línea de investigación que obedece al trabajo periodístico de Rubén y el activismo de Nadia no fue contemplada por la PGJDF sino hasta que los abogados solicitaron recabar testimonios que dieran cuenta del contexto de hostigamiento del cual fueron víctimas.

“Queremos dejar de manifiesto es que la PGJDF ha señalado, incluso Mancera, que todas las líneas de investigación están abiertas, que no se va a descartar ningún tipo de móvil. De lo que pudimos observar en estos seis tomos es que en realidad no existe ningún móvil. En realidad la PGJDF, el  procurador y el jefe de gobierno aunque digan públicamente que todas las líneas están siendo investigadas, en el expediente no se desprenden que se esté investigando incluso alguna. En cuestión al posible móvil político o la posible participación de agentes del estado de Veracruz,  donde presuntamente podrían estar vinculados, queremos decir que la PGJDF ni siquiera lo tenía en el panorama”, detalló.

Micheel Salas indicó que el martes pasado fue cuando se solicitó formalmente que la PGJDF realizará diligencias en aras de recabar testimonios de activistas y periodistas que pudieran dar datos sobre el contexto de persecución, amenazas y hostigamiento que padecieron Rubén Espinosa y Nadia Vera. “Fue hasta este momento en que la coadyuvanza le solicita a la autoridad ministerial que investigue y es donde la autoridad empieza a recabar, a recibir esos testimonios. Nos preocupa que varios de los compañeros que hoy están denunciando este clima de hostigamiento y de amenazas en Veracruz se están colocando en una situación de mayor riesgo”, dijo.

La abogada también cuestionó el señalamiento que ha hecho la PGJDF contra tres personas, mismas que ha identificado como los responsables del crimen. Manifestó que no se explica cómo es posible que los identificados como culpables hayan obtenido acceso a armas de uso exclusivo del ejército.

“Ya como lo ha expresado la familia de Nadia, hay elementos que no quedan claros. El hecho de que estén identificando a tres personas como los probables responsables, personas cuyo perfil, uno de ellos es de oficio malabarista en una esquina, otro de oficio pulidor de carros y otro acomodador de carros, personas que no nos explicamos cómo pueden tener acceso a un arma de uso exclusivo del ejército, con silenciador como es un arma de 9mm con la que se cometió el crimen. No nos queda claro y no se explica, y tampoco existen elementos en el expediente que así lo expidan”, apuntó.

En este tenor habló sobre el interrogatorio que las autoridades del DF realizaron a Javier Duarte este martes. Expresó que esta acción se configura más como una acción mediática que como una medida real para hallar responsables.

“Nos preocupa porque esto parece ser más un anunció en términos políticos en tanto que lo dio el jefe de gobierno y no el procurador que en todo caso es la autoridad encargada de realizar la investigación. Hacemos un llamado porque desde el martes pasado le solicitamos al MP que llamara, que interrogara al Secretario de Seguridad Pública de Veracruz (Arturo Bermúdez Zurita)y al exsecretario de SSP de Veracruz (Sergio López Esquer), dado que tanto Nadia como Rubén habían denunciado persecución, hostigamiento por parte de integrantes de los cuerpos de seguridad, incluso en el caso de Nadia había sido ‘levantada’ por miembros de la policía estatal y había sido amenazada de que dejara el activismo, toda esta información consta ya en la averiguación previa.

“Nos preocupa que el procurador y el jefe de gobierno pretendan dar por cerrada la línea de investigación del móvil político a partir de lo que declare Javier Duarte, donde ya sabemos de antemano que es lo que va a decir, que no tuvo intervención y que no tiene ningún tipo de relación en los hechos. (El interrogatorio a Duarte se da cuando) no se ha investigado debidamente a otros integrantes de su gabinete como es el secretario de SSP y el exsecretario”, expuso.

Por su parte, el abogado David Peña enfatizó que las autoridades no han profundizado en la investigación, puesto que, explica, no han “articulado los testimonios, hecho que  construye una línea de investigación”.

“El robo no se sostiene, no como una posible móvil o línea. En esta línea de investigación que nosotros insistimos, en donde están todos los antecedentes de las amenazas, de las agresiones, el hostigamiento que se tiene en Veracruz hacia defensores, activistas y periodistas y particularmente en el caso de Rubén y de Nadia, todo eso consta hoy en el expediente, hay varios testimonios de defensores, activistas, periodistas, que lo avalan, pero la PGJDF se ha resistido cuando menos a construir esta ilación política. Nosotros hemos acercado los testimonios aún con el riesgo que ello implica, pero a quien le corresponde hilar todos esos testimonios para ir construyendo una línea es a la PGJDF. Al día de hoy no ha podido o no ha querido articular estos testimonios, declaraciones y videos que se han presentado para acercar la investigación a un posible móvil de naturaleza política en el cual estuvieran involucrados agentes del estado de Veracruz”, señaló.

Reiteró que en las condiciones actuales, la entrevista con Duarte carece de una investigación previa, para saber cuál fue el actuar de sus subordinados, por lo que se podría confirmar que este hecho es una acción mediática.

“La entrevista que le puedan hacer al gobernador (Duarte) obviamente es una entrevista de naturaleza política, no tiene hasta el día de hoy un sustento porque lo primero que se necesita es articular (indagar a fondo) toda esta red, grupo de personas que hostigaron y amenazaron a Nadia y Rubén para posteriormente analizar si actuaron por su propia idea o si actuaron a petición u orden de algún superior jerárquico, esa es la construcción que nosotros queremos acercarle a la PGJDF, y por supuesto que vamos a seguir aportándole elementos, vamos a seguir trabajando en la investigación.

“No vamos a permitir ni jurídica ni políticamente que la investigación se pretende cerrar en las próximas horas o días, cuando detengan a las personas señaladas que faltan y diciendo que estos son los verdaderos verdaderos asesinos y que con ello cierran esta pinza de construir su verdad paralela, una verdad mediática que no es la verdad jurídica y no responde a una verdad que satisfaga y acerque a las familias y garantice el acceso a la justicia”, dijo.

CNDH debe investigar el caso

Sergio Méndez, integrante de la organización Justicia Pro Persona, detalló que un grupo de organismos de la sociedad civil han interpuesto una queja ante la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH) con el afán de que este organismo intervenga en el caso e investigue el crimen al considerarse como una violación grave a los DD.HH.

Añadió que con esta lógica de insistir que el móvil del crimen fue un robo, es posible visualizar una política de Estado que busca bajar el perfil de la problemática, cuando existen los indicios que el crimen tiene relación con autoridades veracruzanas.

“Existe una política del Estado para bajarle el perfil a lo que nosotros hemos denominado una masacre en la colonia Narvarte. Una masacre está caracterizado por el asesinato brutal de dos o más personas que se caracteriza por el estado de indefensión de las víctimas y por la condición de empoderamiento de los victimarios que generalmente cometen los crímenes con uso de armas. Este es un caso donde se configura una masacre que no es un sinónimo de asesinato en masa, ni de genocidio sino es la característica de los crímenes cometidos contra las personas por parte de presuntos agentes del Estado porque hay indicios muy sólidos que apuntan para allá. De acuerdo a los parámetros internacionales este crimen es una violación grave a los DD.HH”, apuntó.

En ese sentido dijo que tanto la CNDH como la Procuraduría General de la República (PGR) no han querido atraer el caso porque de hacerlo tendrían que tomar como línea de investigación principal el trabajo periodístico y el activismo de dos de las víctimas, lo que conduce a indagar al gobierno de Javier Duarte.

“Lo que ha hecho la CNDH es que no ha querido investigar, porque una línea de investigación por violación grave a los DD.HH. tiene como línea de investigación privilegiada al gobernador de Veracruz y el trabajo periodístico de Rubén y el activismo de Nadia. Si la CNDH investiga como violación grave, necesariamente debe tener, porque no tendría sentirlo no hacerlo así, como línea de investigación privilegiada al gobernador Duarte y las amenas en contra de Rubén y Nadia.

La PGR no reconoció la masacre en primer momento y lo dejó en la PGJDF porque hacerlo implicaría tener como línea de investigación privilegiada el trabajo periodístico de Rubén que apunta a las amenazas y violencia orquestada, impulsada u orquestada por el gobierno de  Veracruz.

“Cabe señalar que el propio Rubén Espinosa presentó una denuncia ante la PGR en el 2013 por las amenazas. Con esta denuncia previa le daba competencia directa a la PGR para hacer la investigación. El código federal de procesos penales establece en qué caso debe actuar la PGR, entre otros está que haya indicios de ataques a la libertad de expresión o del trabajo del periodista; que haya presentado denuncias previas por sentirse afectado en su integridad por su labor, eso es un elemento que le da competencia y que obligaba a la PGR a investigar. Además también le da competencia a PGR cuando se trata de delitos graves contra periodistas y cuando hay un contexto de violencia en una entidad como ocurría en Veracruz, entonces todos estos elementos le daban competencia a PGR, pero no lo hacen porque hacerlo es tener una línea de investigación privilegiada hacia el gobierno de Veracruz, no el robo, no el ajuste de cuentas. Han tratado de desvirtuar este crimen con líneas de investigación ajenas a la línea principal que debe ser el ejercicio de la libertad de expresión.”, detalló.

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