Alpha Pam, falleció de tuberculosis, se le negó atención médica en hospital de Madrid por ser inmigrante

Por: Redacción Revolución / 23 agosto, 2015

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(23 de agosto, 2015).- Hospitales de Madrid emitieron, y en muchos casos llegaron a cobrar, facturas irregulares a cientos de inmigrantes sin papeles que tras la entrada en vigor del Decreto-Ley 16/2012 perdieron el acceso a la salud pública. Antes de esa norma ellos tenían acceso a: urgencia por enfermedad grave, embarazadas y menores de 18 años, que obligaba a los centros públicos a atender gratis a los extranjeros.

Rosa, georgiana de 21 años, se encontraba mal y tomó la decisión, aun sin tarjeta sanitaria, de presentarse en el servicio de urgencias de la Fundación Jiménez Díaz, tenía la rodilla inflamada y le cambiaba de color, por la atención médica pagó 114,31 euros (poco más de 2 mil pesos).

Debido a que Rosa fue atendida en urgencias, su atención no debió ser facturada, sin embargo ella conforma uno de los 556 casos de la Comunidad de Madrid, registrados por la ONG Médicos del Mundo, en donde los hospitales y centros de salud de Madrid emitieron y cobraron facturas irregulares a sin papeles.

Rosa acudió a Médicos del Mundo. Esta ONG puso una denuncia ante el Defensor del Pueblo de forma anónima, y después de completar la documentación necesaria para que la institución continúe con el proceso (adjuntaron la factura), y hoy está a la espera de una respuesta.

Algunos trabajadores de los hospitales se quejan que en los centros no recibieron la documentación necesaria para entender los supuestos. “El papel de la Consejería de Sanidad fue insuficiente. Para mí, que se emitieron facturas irregulares para evitar que entrara más gente en el sistema de salud”, afirma Concha Gutiérrez, trabajadora social en el Hospital Clínico desde hace 30 años.

Gutiérrez dice que hizo lo posible por enterarse de los requisitos que establece el decreto. “Las instrucciones eran confusas. Los centros abandonan a los pacientes que llegan a urgencias cuando reciben el alta hospitalaria, pero deberían tratarlos hasta que reciben el alta médica. El alta hospitalaria no significa que estén curados”, explica.

La falta de información provocó que a cientos de inmigrantes que acudían al servicio de urgencias les cobraran la atención. Médicos del Mundo recibió a sin papeles que habían sufrido este problema en el hospital de Alcorcón, en el de Fuenlabrada, en el de Alcalá de Henares, en el Infanta Leonor, en el Gregorio Marañón, en el 12 de Octubre, en la Fundación Jiménez Díaz, en el Puerta de Hierro de Majadahonda, en el Gómez Ulla, en La Princesa y en el Infanta Leonor.

Una de los sin papeles fue Jacqueline Rodríguez, que recibió una factura de 180 euros (aproximadamente 3 mil 500 pesos) tras asistir al servicio de urgencias para tratar un cáncer. “Si no presentas la tarjeta sanitaria se emite una factura de manera automática. La forma de evitar esto sería que los inmigrantes sin papeles presentasen un carnet que demuestre que su situación es irregular para que en los supuestos que contempla el decreto ley no se emita una factura”, explica Enrique Normand, exdiputado de UPyD en la Asamblea.

Cuando Rodríguez recibió la factura acudió a Médicos del Mundo para que le aconsejasen qué hacer. La ONG intercedió para que se anulase el recibo y Rodríguez no tuvo que pagarlo. Dos meses después, cuando tuvo una recaída, volvió a que le practicaran una traqueotomía, pero no quisieron hacerle el seguimiento porque no tenía tarjeta sanitaria. Médicos del Mundo habló con la trabajadora social del hospital y consiguió que le diesen cita para que continuase su tratamiento.

Tras la implantación del decreto, la primera posibilidad que se dio a los inmigrantes para acceder al sistema público fue suscribir un convenio por el que pagaban 60 euros (mil 200 pesos) al mes si tenían entre 18 y 64 años, y 157 si eran mayores de 64 (3 mil pesos). En 2013 solo se inscribieron 47 personas, y en febrero de 2014 el número era de 115, según los datos que Sanidad facilitó a Amnistía Internacional. “No tiene sentido poner un precio superior al de muchos seguros privados. Más que una solución, parece una medida para incentivar la sanidad privada”, opina Espinel.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, abogó el viernes por entregar en los próximos meses a los sin papeles un tipo de documento diferente a la tarjeta sanitaria para utilizar solamente en la región. Cifuentes no especificó las condiciones que deberán cumplir los inmigrantes para conseguirlo.

Desde que se aprobó la reforma sanitaria cada vez son más los extranjeros que no tienen acceso a la sanidad pública en España. Amnistía Internacional denuncia esta situación con testimonios reales de inmigrantes que padecen enfermedades crónicas y a los que se les niega asistencia y tratamientos, a través de videos, buscando con ello la concientización de gobierno y sociedad.

AI se ha encontrado con un escenario de confusión y desinformación, provocado en parte por la falta de desarrollo normativo de la legislación estatal, que está generando que diversos centros sanitarios apliquen distintos protocolos de actuación. Lo que podría estar impidiendo la atención sanitaria de personas cuyas situaciones sí están contempladas para ser atendidas de forma gratuita e inmediata, como ocurrió con el caso de Alpha Pam, senegalés que falleció de tuberculosis, y al que según la información con la que cuenta Amnistía Internacional, se le negó hasta en tres ocasiones la realización de pruebas diagnósticas.

Amnistía Internacional ha podido documentar y constatar que en varios centros de salud y hospitales se están produciendo una serie de irregularidades administrativas que no se ajustan ni al Real Decreto Ley ni a los Criterios Generales. Por ejemplo, la organización ha tenido acceso a “compromisos de pago” emitidos en urgencias, incumpliendo la ley que establece que ese rubro sí debe haber gratuidad de servicios médicos.

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