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Por: Emma Martínez / 28 agosto, 2015
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(28 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En México la minería ha sido una de las principales problemáticas que enfrentan distintas regiones de todo el territorio nacional, en los últimos años debido a la apertura de concesiones por parte del gobierno federal, los ataques hacia las comunidades que luchan por no permitir la entrada de estas empresas han cobrado la vida de muchos activistas y defensores de los derechos de territorios.
En la lista de las regiones acechadas, a decir por activistas y defensores comunitarios de derechos humanos y territorios, se encuentra Oaxaca, que al configurarse como uno de los estados de mayor potencial minero a nivel nacional, -por la presencia de grandes extensiones de cobre, plata, oro, zinc, antimonio, y de minerales no metálicos como: micas, zeolitas, mármol, travertinos y granito-, se ha convertido en una zona susceptible de conflictos producidos por la llegada de las empresas mineras internacionales, las cuales han contado desde siempre con el apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como del ejército que ha resguardado sus instalaciones.
En los últimos años se han otorgado 20 proyectos a 15 empresas, las principales concesiones en Oaxaca han sido para: Golden Trump Resources S.A de C.V, Linear Gold Corp, Arco Resources Corp, Zalamera, S.A. de C.V. filial de Chesapeake Gold Corp, Cemento Portland Cruz Azul, SCL, Fortuna Silver-Continuum Resources, Compañía Minera del Norte, Aurea Mining Inc, Linear Metals Corp, Radius Gold, NewCoast Silver Mines LTD, Aura Silver Resources Inc- Intrepid Mines Ltd y Compañía Minera Plata Real.
Ésta última en los últimos seis años ha generado una serie de conflictos y afectaciones a la comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac, que se encuentra a 45 minutos de la ciudad capital. Actualmente los defensores de derechos humanos y territorio han sido blanco de los ataques, que han incluido 40 demandas en su contra, de los cuales 14 enfrentan procesos penales, producto de su labor de defensa contra la compañía minera Plata Real S. de R.L. de C.V.
Armando de la Cruz Cortés, integrante de la Asociación Civil Tequio Jurídico, que a su vez forma parte del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, fungiendo como Secretario legal, explicó a Revolución TRESPUNTOCERO que la comunidad accedió hace algunos años a firmar un contrato con dicha empresa para un primer periodo de exploración minera, al finalizar dicho acuerdo las autoridades agrarias aceptaron iniciar una nueva etapa con la empresa, sin consultar a la comunidad.
Fue uno de los miembros del comisariado, que fungía como tesorero al que se le pidió que firmara el documento sin dejárselo leer, a lo que se negó y dio parte a la asamblea de comuneros, aunque exigieron información al comisariado éste jamás habló con ellos, por lo que colocaron sellos de ‘clausura’ en las oficinas de la comisaría, los cuales fueron ignorados por las autoridades.
En ese momento dio inicio a un proceso de lucha más abierto, ya que la comunidad decidió revocar el cargo al comisariado de bienes, lo que intensificó la gravedad de la situación porque dio paso a que la empresa minera acusara a los defensores del territorio de daños en propiedad ajena, interponiendo varias demandas.
“Cuando se pudo remover a las autoridades agrarias, fueron 40 denuncias las interpuestas en contra de los compañeros activistas que defendían su territorio, todo esto gracias a la fabricación de delitos; a los compañeros Pedro Aguilar Ortiz y Pablo Aguilar Ortiz se les acusa de agresiones calificadas en contra del Presidente del Consejo de Vigilancia (perteneciente a la empresa minera), pero solamente el primero es a quien le dictaron semanas atrás, auto de formal prisión”, explica Cruz Cortés.
Las otras acusaciones que se encontraron en las demandas fueron por daños en propiedad ajena, asegurando que los comuneros y al mismo tiempo defensores, habían cometido vandalismo y dañado diversos materiales que mantenían dentro de sus oficinas.
Pese a la exigencia de la comunidad y pruebas aportadas por las asamblea general sobre la inocencia de las personas defensoras, el día 30 de julio de 2015 fueron liberadas órdenes de aprehensión. Estás se suman a las de Cresencia García Gómez, Fernando Martínez Molina e Hipólito Alvarado Ignacio.
El secretario legal explica que los distintos integrantes del Comité de representación de la comunidad tuvo varias amenazas, catalogadas como “fuertes y graves”, que provenían de la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca, dentro de las cuales les aseguraron que si no cedían a entregar sus tierras a las mineras, “iban a meter la fuerza pública”. Además de asegurarles que tenían forma de meter a la cárcel, de ahí surgió que hoy todos los integrantes del comité tengan orden de aprehensión y quienes no la tienen se les está persiguiendo.
La comunidad ha expresado a este medio que la minera ingresó con mentiras y usó a una abogada perteneciente a la empresa, pero también con un cargo como visitadora agraria, que le facilitó el acceso a los documentos de la zona y a las opiniones y planes de acción de los comuneros, producto de eso se produjeron documentos ‘a modo’ a favor de la empresa, además que a ellos también sí se les ocultó datos y formas de seguir precediendo y defendiéndose.
La comunidad no quiere que la minera vuelva a entrar a su territorio bajo el argumento que su vida, su trabajo y su futuro se encuentran en riesgo, principalmente porque la empresa ha “sobornando y controlando a las autoridades”, además de ello en un primer momento se realizaron excavaciones de casi 400 metros de profundidad que provocó la afectación de los ductos de agua, y con ello la vida de las personas también, que se dieron cuenta que el líquido estaba contaminado cuando los animales que fueron los primeros en consumirlo murieron.
En cuanto al comercio de alimentos hubo una baja, ya que en los lugares aledaños donde los vendían dejaron de consumirlos porque se argumentaba que el agua estaba contaminada, a raíz de ello se ha roto el tejido comunitario. Por lo que la más reciente acción fue la redacción de un Estatuto comunal el cual declara territorio prohibido para la minería.
Esperando que por la vía pacifica se pueda dar solución y protección a los activistas y defensores comunitarios, y que ésta se extienda a la población entera, que en las últimas semanas han comenzado a padecer hostigamiento y amenazas, asegurándoles que también serán denunciados, (aseguran que temen que se les fabrique delitos), utilizando el sistema de justicia penal para inhibir sus acciones por la defensa de sus derechos territoriales y humanos.
En febrero de 2013 la asamblea general de ciudadanos determinó expulsar a la compañía minera, por lo que ésta decidió retirar su maquinaria en julio de 2013, Dicha decisión fue ratificada mediante sesión solemne de cabildo el 17 de agosto de 2013, sin embargo el conflicto en la comunidad continúa, porque los procesos penales en contra de defensoras y defensores, fabricados por la compañía minera, van cada día en aumento.
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