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Por: Cecilia Balderas / 20 julio, 2015
(20 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- De acuerdo a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle) de la Procuraduría General de la República (PGR), de 2000 a 2014 han sido asesinados 102 periodistas, 16 de ellos en el estado de Veracruz; sin embargo, el 75 % de esos crímenes se han registrado en los cuatro años y siete meses de la actual administración –encabezada por el priista Javier Duarte- que deja como saldo 12 periodistas asesinados y cinco más se encuentran en calidad de desaparecidos.
Datos de Artículo 19, ubican a Veracruz a la cabeza del listado de las cinco entidades con más agravios contra periodistas, seguido de la Ciudad de México, Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca y Reporteros Sin Fronteras sostiene que nuestro país encabeza la lista de las naciones con mayor riesgo para ejercer el periodismo, “con al menos 82 periodistas asesinados entre el 2000 y septiembre de 2014”.
Artículo 19 también catalogó a Veracruz como la entidad más peligrosa en América Latina para ejercer el periodismo, pues desde 2011, se ha registrado el asesinado de 10 comunicadores y decenas de agresiones contra el gremio, presuntamente cometidas, tanto por la delincuencia organizada, como por funcionarios públicos.
La Feadle registró la desaparición de cuatro periodistas en la entidad desde 2010, año en el que el organismo comenzó a trabajar, lo que ubica al estado, otra vez, como el más inseguro para periodistas, esta vez al mismo nivel de Michoacán y Tamaulipas, donde hay registro de igual número de comunicadores desaparecidos.
Desde 2010, año en que inició su gobierno Javier Duarte, Veracruz registra altos índices de violencia atribuidos a la actividad de grupos de la delincuencia organizada, por lo que periodistas locales han visto afectada su labor informativa por este contexto de violencia, al ser objetivo de amenazas del crimen o de funcionarios, quienes buscan inhibir la publicación de determinado tipo de información, o porque ellos mismos deciden no documentar ciertos temas para evitar sufrir represalias.
El número de averiguaciones previas relacionadas con actos en contra de comunicadores, también van a la alza: entre julio y diciembre de 2010 se registraron dos casos; 11 en 2011; 13 en 2012 y 16 en 2013. Hasta el 31 de octubre pasado, en 2014 se tenía registro de 15 casos; es decir, 57 en sólo cuatro años.
Por si estos datos fueran pocos, el informe titulado “La situación de la libertad de prensa en México”, elaborado por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés), señaló al estado de Veracruz, como uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
Llamados, denuncias, impunidad…
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se sumó a la denuncia de la “cultura de violencia” contra los periodistas en México, tras el asesinato de Armando Saldaña Morales, periodista y locutor de la radio La Ke Buena.
La SIP hizo un llamado a las autoridades para que investiguen y sancionen a los responsables del homicidio de Saldaña, de 53 años, cuyo cuerpo fue encontrado golpeado, con señas de tortura y con cuatro heridas producidas por arma de fuego en la nuca, en un paraje entre los límites de Veracruz y Oaxaca.
De acuerdo a las primeras indagatorias, el comunicador fue interceptado por un grupo de sujetos armados mientras se dirigía a su domicilio, ubicado en Laguna Chica, municipio de Tezonapa, zona conurbada de Cosolapa, donde el pasado agosto fue ultimado Octavio Rojas Hernández, corresponsal de El Buen Tono, diario veracruzano.
El pasado siete de junio, el portal Radiover, denunció que dos de sus colaboradores fueron agredidos en Xalapa, mientras documentaban la compra de votos que operadores del PRI trataban de realizar para beneficiar a los candidatos del tricolor, en plena jornada electoral.
“México es uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo, siendo el estado de Veracruz, la entidad -de acuerdo al Relator Especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección de Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue- más peligrosa para el ejercicio de esta actividad”, sostuvo la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
La legisladora recordó que el pasado 30 de junio, en un festejo retrasado por el Día de la Libertad de Expresión, Javier Duarte de Ochoa dijo tener conocimiento de que hay colaboradores y trabajadores de los medios de comunicación que tienen vínculos con la delincuencia organizada.
“Se trata de una declaración desafortunada y preocupante, en primer lugar por venir del gobernador del estado, el primer obligado en cumplir y hacer cumplir la Constitución y el estado de derecho en la entidad y segundo, precisamente por ser Veracruz la entidad con la mayor cantidad de periodistas asesinados y desaparecidos que permanecen en total impunidad”, agregó de la Peña.
Danner González Rodríguez, diputado federal de Movimiento Ciudadano (MC), exigió que se aclaren, a la brevedad, los homicidios y las desapariciones de periodistas en la entidad, así como un mínimo de garantías para la libre expresión de las ideas en esa entidad, pues “muchos periodistas veracruzanos han optado por huir y exiliarse ante las amenazas, agresiones y nulas garantías que tienen para ejercer su profesión y para salvaguardar su integridad personal y las de sus familias”.
El legislador sostuvo que la ola de violencia en contra de los periodistas en la entidad costera y en el resto del país, “parece ya ser sistemática y no es la excepción, sino la norma…los asesinatos en contra de los periodistas no son solamente una mala nota, las plumas rotas por la violencia son un cobarde acto y un atentado contra el ejercicio de la democracia”.
González recordó que el pasado 28 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una propuesta para exhortar a las autoridades de Veracruz a esclarecer los asesinatos de periodistas ocurridos en la entidad, así como para que a la brevedad cumplieran los compromisos contraídos con las familias de las víctimas que han quedado en el desamparo, para que implementaran los mecanismos necesarios de seguridad pública y de procuración de justicia que garantizaran el libre ejercicio del periodismo y para que previniera actos delictuosos en contra de los periodistas a fin de garantizarles el derecho humano a la libertad de expresión.
El 20 de mayo, la misma Comisión Permanente aprobó un exhorto más a la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de analizar la viabilidad de ejercer la facultad de atracción de la investigación del homicidio de Armando Saldaña Morales, periodista, luego de la negativa de la Fiscalía de Veracruz de ejercer competencia en este caso, sin que hasta la fecha, haya informes sobre avances sustanciales en los casos.
El resto del país, sin escenarios alentadores
En la Recomendación General N. 20 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) -dirigida al secretario de Gobernación, al comisionado Nacional de Seguridad, a la procuradora General de la República, a gobernadores, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los secretarios de Seguridad Pública y procuradores Generales de Justicia de las Entidades Federativas-, advirtió sobre la impunidad imperante y el incremento de las agresiones en contra de comunicadores, entre ellas: homicidio, desapariciones, atentados, lesiones, amenazas y actos de intimidación.
Datos del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), ubican a México como uno de los países con más casos de asesinatos de periodistas no resueltos y como el séptimo sitio a nivel mundial en el índice de impunidad, únicamente superado por Afganistán, Siria, Sri Lanka, Filipinas, Somalia e Iraq.
Artículo 19 documentó 326 ataques en contra de la prensa durante 2014; en los últimos dos años, 10 periodistas han sido asesinados en el país, 143 han sido objeto de algún tipo de violencia, 45 detenidos de forma arbitraria, en 53 casos se ha documentado intimidación, en 44 amenazas y ha habido al menos 12 ataques directos en contra de portales informativos.
Del total de las agresiones contra periodistas, 48 % fueron cometidas por algún funcionario público, mientras que el crimen organizado fue el autor de ocho agresiones.
En el informe de la organización no gubernamental titulado “Estado de Censura”, se detalla que a pesar de la reciente aprobación de leyes, mecanismos, fiscalías y programas, “la violencia contra la prensa sigue creciendo” y la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas tiene un rezago de 83 %.
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