Urgente que Ejército cese ataques en contra de población; “está autorizado para torturar y matar”: diputadas

Por: Cecilia Balderas / 21 julio, 2015

¡Dale Like, comparte y deja tu comentario!

(21 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- “El Ejército se convirtió en un grupo ejecutor, autorizado para violar, torturar y matar, porque no hay nadie que les ponga un alto; tienen carta blanca y nada más van a decir: ‘perdón señor General, estamos cumpliendo órdenes. Estamos matando criminales’, ya no tienen que llevarlos a juicio”, declaró Loretta Ortíz Ahlf, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, sobre la agresión que sufrieron habitantes de Ostula, Michoacán, a manos del Ejército mexicano, que dejó como saldo dos menores y un adulto fallecido, varios lesionados y la detención de Refugio Serrano, comunero de la zona, de quien hasta ahora se desconoce el paradero.

La legisladora, integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), subrayó en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, que “el problema más grave que tenemos es en seguridad y en el respeto a los derechos humanos de toda la población del país; estamos en una crisis humanitaria no solamente porque de manera reiterada, sistemática y constante, el Ejército ejecuta; sino porque también persisten las desapariciones y la tortura”.

Sobre la detención de líderes de las autodefensas en Michoacán –incluida la de José Manuel Mireles, fundador del grupo de Tepalcatepec y ayer la de Cemeí Verdía Zepeda y la de Nestora Salgado, líder de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero- Ortíz Ahlf señaló que los uniformados “traen instrucciones directas de detenerlos y de matar a quien se les oponga; los autodefensas están con vida, de milagro, además de que han sido torturados. Es criminal lo que están haciendo”.

La también integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios, reiteró que actualmente la población mexicana vive en una dictadura instaurada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde la violación fragante a derechos humanos elementales, como a la vida, son ignorados sistemáticamente y cualquier persona puede ser detenida de manera arbitraria o ejecutada extrajudicialmente sin que medie el Estado de derecho.

Dicho escenario se complica ante la falta de voluntad política de la mayoría en el Congreso –representada por el PRI y sus aliados: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (NA)- para aprobar la Ley de Desaparición Forzada, lo que, de acuerdo a las declaraciones de la legisladora de Morena, evidencia que no hay ningún interés en el tema, porque la prioridad es “sacar todo el dinero que sea posible y llegar a sus acuerdos corruptos”; aunado a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no está facultada para emitir resoluciones judiciales y su acción se limita a la emisión de recomendaciones que tampoco son vinculantes.

Recordó que aunque las autoridades presuman la probable relación de ciertas personas con el crimen organizado, la ley establece que mientras no sean detenidos, consignados y sentenciados luego de un juicio justo, se debe mantener en todo momento la presunción de inocencia, en cambio, las fuerzas federales los “abaten”, “y lo peor es que hay gente que dice: ‘nos estorban los derechos humanos. No podemos tener seguridad, so pretexto de los derechos humanos’”, recalcó la diputada.

“Hasta el Poder Judicial está cooptado, recibe premios sobre derechos humanos, pero ¿cuándo ha dicho ‘esta boca es mía’? No se va a manchar. Es impresionante la situación y la gravedad en la que estamos metidos, ¿vamos a seguir soportando que maten gente a diestra y siniestra, que maten a niños y que a cualquiera lo puedan detener?”, cuestionó la legisladora.

Inoperancia interna, alternativa internacional

Ante este escenario, Ortíz Ahlf señaló que cada vez es más plausible que se presente una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que Peña Nieto -en su calidad de jefe supremo y comandante de las fuerzas armadas- y altos mandos militares sean juzgados como criminales de lesa humanidad.

En dicha instancia, subrayó la legisladora, se puede probar la responsabilidad de mandos inferiores, medios y superiores del Ejército –pasando, por supuesto, por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos- en la comisión de delitos. Ortíz recordó que “a diferencia del sexenio con Felipe Calderón, la comunidad internacional tiene los ojos puestos en estos asuntos y México no ha respondido ni atendido bien las peticiones de distintos organismos, incluidas las de la Organización de las Naciones Unidas”.

Cabe señalar que hace unos meses, en una carta dirigida a Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante la ONU y organismos internacionales en Ginebra, el relator especial para la tortura de la ONU, Juan Méndez, reiteró que en nuestro país, este es un problema generalizado.

“Ha sido con mucho pesar que arribé a esa conclusión, pero lo he hecho bajo el entendimiento de que su gobierno me invitó a conducir una visita para que realice una evaluación sincera de la situación, y no para minimizarla o presentarla bajo la mejor luz posible. Hubiera sido una falta de ética de mi parte haber sucumbido a presiones que recibí en ese primer momento para que cambiara de parecer, del mismo modo que sería una falta de ética cambiar mi parecer al redactar el informe o incluso ahora cuando toda la evidencia de que tengo a disposición solamente ratifica mi evaluación”, señalaba Méndez en la misiva.

Loretta Ortíz subrayó que el gobierno de Peña Nieto “más temprano que tarde va a tener que responder; ha llegado a unos extremos insostenibles, los militares no pueden estar en las calles, se les ha dicho que no van a tener fuero militar, pero la justicia en México no es independiente ni parcial, está comprada, depende del Ejecutivo, ¿quién les va a hacer justicia a estas criaturas y a sus padres?”.

Sobre la posibilidad de que el Congreso de la Unión, a través de la Comisión Permanente que se encuentra en funciones, tome cartas en el tema de la agresión a campesinos de Ostula o busque interlocución con los responsables de las fuerzas armadas, la diputada declaró que “las comparecencias no sirven de nada, aun estando en la comisión para darle seguimiento al caso Tlatlaya, lo más que se pudo hacer fue que se publicara el informe en la Gaceta, que está durísimo y no ha pasado nada, estamos peor”.

Ejército: sin protocolos, ni consideración…

En tanto, la vicecoordinadora de los diputados del PRD, Aleida Alavez Ruiz, exigió frenar la represión e impunidad con que actúan las fuerzas policiacas y demandó a Silvano Aureoles, gobernador electo, establecer los contactos necesarios con las autoridades locales y federales para aplicar un programa integral de seguridad que acabe con el clima de violencia que impera en Michoacán y erradique el pacto de impunidad que persiste en la entidad.

La también integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, subrayó que Peña Nieto debe hacer un ajuste a su gabinete en materia de seguridad, que ha demostrado su inoperancia, porque parece que las diferentes fuerzas del orden se mandan solas.

“El clima de violencia e impunidad que alcanzó a la población, hoy está cobrando la vida de los niños, hecho que no puede ser tolerado por nadie”, dijo la perredista.

En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, la presidenta de la Comisión de Derechos de la niñez, Verónica Juárez Piña, declaró que es urgente que el Ejército mexicano cese los ataques en contra de población civil no solamente en Michoacán, sino en el resto del país.

La perredista subrayó que “es lamentable que el Ejército mexicano esté haciendo este tipo de labores, pero además sin ningún protocolo o consideración; lo que está pasando es un atentado a la comunidad, exigimos que se agoten las medidas necesarias para otorgar garantías y protección a la vida y a todos los derechos de toda la población, pero además que cese la actuación que ha tenido el Ejército en Michoacán y castigar a quienes resulten responsables”.

Adelantó que el miércoles presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para exigir que se otorguen garantías de protección a los pobladores de Ostula, “esto no denota más que la debilidad del Estado de derecho y la falta de justicia, pues justicia que no llega pronto no es justicia y es parte de la crisis que se vive en el Estado mexicano”.

 ¡Comenta, debate y comparte este post!, recuerda ¡Romper el cerco informativo está en tus manos!

¡No te pierdas y comparte los programas de #TVDELBOTE!

Por cierto, ¿Ya hiciste tu contribución económica?, ¡Espero tu apoyo para www.tiraderodelbote.com http://ow.ly/qbLIv