SEDENA revira informe sobre Tlatlaya, mientras ONU afirma que avances en la investigación son insuficientes

Por: Redacción Revolución / 4 julio, 2015

Por: Redacción Revolución / 4 julio, 2015

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(04 de julio, 2015).- El dos de julio, el Centro Prodh, dio a conocer un informe en el que se documentó la existencia, en el caso Tlatlaya, de una orden militar emitida unas semanas antes de la masacre, en la que se instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de oscuridad”. Dicha orden fue calificada por diversos organismos de derechos humanos como propiciatoria de graves violaciones a derechos humanos, por lo que demandaron que se investigue la cadena de mando militar.

El Centro Prodh es explícito en decir que en la orden, el término ‘abatir’ genera extrema preocupación, dado el sentido conforme al cual es empleado en el caso Tlatlaya por diversos elementos del Ejército Mexicano.

“No es de la definición proveída por los diccionarios de donde surge la alerta de los organismos civiles, sino del significado presente en las actuaciones castrenses. Así, recordamos que la orden de abatir es seguida en el expediente de al menos cuatro menciones donde este verbo es empleado como sinónimo de privar de la vida”.

Y mencionan:

1.       En el Radiograma emitido por el Teniente al mando, refiere sobre el desarrollo de los hechos: “Resultando abatidos 21 personas del sexo masculino, 1 del sexo femenino…”, lo que es especialmente relevante si se considera que es el primer reporte sobre los hechos del oficial a cargo de la unidad involucrada.

2.      En el Informe rendido por el Policía Ministerial Militar refiere que “Una vez controlada la situación, procedió a revisar el interior de la bodega, percatándose que se encontraban varios delincuentes abatidos (22 civiles muertos, 21 del sexo masculino y 1 femenino), armamento y tres camionetas”.

3.      Cuando el Ministerio Público Militar recaba la declaración de los soldados, hace referencia a los hechos ocurridos en la madrugada del 30 de julio, en los que según su dicho “personal militar fue agredido por elementos de la delincuencia organizada, repeliendo la agresión habiendo abatido a veintidós civiles…”.

4.      En la parte correspondiente a la individualización del tipo de infracción al deber militar que corresponde al Teniente de Infantería, el Juez Sexto Militar adscrito a la I Región Militar señala que: “[S]i bien como se mencionó se encontraban en desventaja numérica respecto a sus agresores, cierto es también que el haberlos sorprendido dentro de la bodega señalada, dicho inmueble contaba solamente con una salida frontal, la que no podían cruzar sin la posibilidad de ser lesionados o privados de la vida, colocándose los ahora inculpados en ese tenor en situación de ventaja, habiendo abatido a los civiles a que se ha hecho referencia”, lo que a su vez es relevante dado que indica un uso jurídico castrense del término.

Es por ello y otros argumentos que el CentroProdh afirma que “no existe duda de que en el caso Tlatlaya la noción de ‘abatir delincuentes’ tiene un significado unívoco, contrario a los derechos humanos a la vida y a la presunción de inocencia, por lo que su inclusión en una orden castrense es propiciatoria de graves violaciones a derechos humanos.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en respuesta al organismo aseguró que “las operaciones castrenses se ajustan a la ley, buscan proteger a la población y privilegian el respeto a los derechos humanos”.

En dicho pronunciamiento dado a conocer a las 23:00 de ayer, la dependencia respondió que dicha orden, contiene instrucciones operativas para el relevo de esa base militar asentada en el Estado de México, entidad donde, el 30 de junio de 2014, militares presuntamente ejecutaron extrajudicialmente a civiles armados en el Municipio de Tlatlaya.

Mediante 38 indicaciones, respondió la Sedena, que su papel fue y es el de busca proteger la vida de las personas y la seguridad de las tropas y privilegiar el respeto a los derechos humanos, lo que se acredita en varios párrafos.

Además de enlistar algunos extractos textuales del expediente en cuestión:

“La prioridad durante las operaciones será garantizar la seguridad de las personas inocentes, evitándose generar víctimas colaterales”, citó la dependencia.

“Las operaciones deben realizarse con estricto respeto a los derechos humanos, evitando cateos sin orden de la autoridad judicial, así como el traslado de detenidos al interior de instalaciones militares”.

La Sedena también citó que el documento ordena a los efectivos actuar de “forma contundente y conforme a derecho”, observando en todo momento la ley contra la tortura.

“Del análisis de la totalidad del documento, se desprende que su propósito es que las operaciones del personal castrense se ajusten al marco jurídico vigente que contempla el respeto irrestricto a los dd.hh.”, finaliza el pronunciamiento.

Sobre el tema el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, instó a las autoridades mexicanas a tomar en consideración las nuevas evidencias dadas a conocer recientemente en relación con la muerte de 22 personas, incluida una niña de 15 años, hace un año durante una operación militar contra presuntos delincuentes en Tlatlaya.

“Según las autoridades mexicanas, todas las muertes sucedieron como consecuencia del tiroteo que se produjo durante el enfrentamiento, pero informaciones periodísticas y el testimonio de una de las tres sobrevivientes señalaron que la mayoría de las víctimas fueron ejecutadas después de finalizado el enfrentamiento. Además, no ha habido ninguna investigación sobre la cadena de mando implicado en el caso Tlatlaya”. Refiere el Relator.

El Relator Especial también expresó su preocupación por la falta de avances significativos en las investigaciones. “A un año de los hechos, los avances en la investigación para establecer lo sucedido en Tlatlaya resultan insuficientes, negándose el acceso inmediato a la justicia de las víctimas y sus familias”, declaró el experto en derechos humanos. “Aquellos funcionarios que con sus acciones u omisiones posibilitaron el ocultamiento de graves violaciones a los derechos humanos también deben ser investigados”.

“Las autoridades mexicanas también tienen la responsabilidad de garantizar la protección de las testigos y las familias de todas las víctimas de Tlatlaya”, señaló Heyns. Y añadió, “esta responsabilidad incluye también la seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos relacionados con el caso.”

“México puede mostrar su compromiso con los derechos humanos, no sólo resolviendo el caso Tlatlaya y asegurando el fin de la impunidad, y la reparación integral a las víctimas, sino también cumpliendo todas las recomendaciones contenidas en mi informe de misión, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en 2014. Para ello, ofrezco al Gobierno mexicano mi completa colaboración y apoyo” concluyó Heyns.

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