Puebla es el laboratorio para la implementación de la energética; megaproyectos ponen en riesgo a comunidades: expertos

Por: Edgar Rosas / 11 julio, 2015

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(11 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- La implementación de los denominados megaproyectos trae consigo una estela de violaciones, que a su paso, afecta a diversos sectores de la sociedad. En México los principales perjudicados son las comunidades indígenas, al ser sus territorios los elegidos para implementar las obras.

Tras la aprobación de las reformas estructurales, en especial la energética, expertos ya pronostican una ola de agravios en contra de la población, derivados del afán de desarrollar esta clase de obras que dañan a la naturaleza y afectan la vida de los pueblos.

Entre las principales problemáticas que se ubican como consecuencia del deseo de implementar los megaproyectos se encuentra el despojo de la tierra así como la persecución y criminalización de aquellos que se oponen a la construcción de este tipo de obras.

No obstante, a pesar que el país se encuentra en el inicio de la puesta en marcha de la reforma energética, las violaciones derivadas del desarrollo de megaproyectos ya se están presentando en distintas regiones. Una de estas zonas en donde se han identificado es la Sierra Norte de Puebla.

María González Valencia, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), manifestó que la situación que vive esta región del país es grave. En tal sentido expresó su preocupación por el clima vivido en la Sierra Norte de Puebla puesto que “pone en riesgo la seguridad de las comunidades y pone en riesgo la seguridad de las organizaciones de DDHH que las acompañan”.

De igual forma mencionó el contexto de represión que se ha presentado en la entidad gobernada por Rafael Moreno Valle. Añadió que la criminalización de quienes se oponen a los proyectos gubernamentales se ha intensificado, propiciando una serie de marcos legales que avalan esta clase de prácticas.

“La situación nos preocupa por varios motivos. Primero porque estamos hablando del estado de Puebla. Podríamos decir que la criminalización y represión en México es grave, sin embargo en Puebla como se sabe ya hay una serie de iniciativas de ley que atentan, que son regresivas contra los derechos de las personas, contra los derechos de las organizaciones que defienden los derechos. Entonces no estamos hablando de cualquier región del país, eso es algo que queremos señalar, hay un marco, un contexto propicio para que esta criminalización sea con consecuencias mayores”, dijo.

En lo referente, González Valencia apuntó que en la región de la Sierra Norte de Puebla se está presentado una complicidad entre las empresas y los gobiernos estatal y federal en aras de impulsar los megaproyectos. En especificó mencionó el caso del proyecto hidroeléctrico “Puebla 1” en el rio Ajajalpan.

“Lo que vemos aquí es el inicio de una campaña de desprestigio a las organizaciones que acompañan esta defensa de los territorios en la Sierra de Puebla, pero también estamos viendo el inicio de provocación de la empresa hacia la propia gente en las comunidades, o sea creación de confrontación entre las comunidades y entonces simular que son conflictos intercomunitarios de las gente que está a favor y en contra del proyecto y esto es sumamente riesgoso porque se puede desatar violencia, criminalización, represión, muertes, encarcelamiento, por lo tanto estamos sumamente preocupados porque estamos hablando de un proyecto, pero en la Sierra Norte de Puebla hay minería a cielo abierto, va a ver también extracción de hidrocarburos, es muy posible también en esta franja del estado haya extracción del gas de lutitas, fracking y toda esta serie de empresas hidroeléctricas. La seguridad de las comunidades está en riesgo y también las organizaciones”, expuso.

La directora del IMDEC subrayó la necesidad de estar al pendiente de lo que acontece en la Sierra Norte del estado así como del acompañamiento a los pueblos en resistencia. “Hacemos responsable al gobernador (Rafael Moreno Valle) y al gobierno federal de lo que pueda ocurrir en esta zona”, sentenció.

Por su parte, Francisco López Bárcenas de la coordinación Nacional de Antropología, aseveró que Puebla y en especial la Sierra Norte hoy en día “es el laboratorio donde se está probando lo que va a ser  la implementación de la reforma energética”. Añadió que el gobierno de Rafael Moreno Valle se ha distinguido por no respetar los derechos de la sociedad.

“La Sierra Norte no es cualquier lugar (…) ahí  hay proyectos mineros con empresas grandísimas, hay proyectos hidroeléctricos, de explotación de hidrocarburos (…) También Puebla no es cualquier lugar por el tipo de gobierno que tiene actualmente. Si en algo se ha distinguido el gobierno de Puebla es por no respetar los derechos de nadie entonces es preocupante. Hay que enmarcar dentro de la situación que vive el país y no sólo la región. La política extractiva del gobierno federal es una política que atenta contra los derechos de los pueblos indígenas”, aseveró.

…

El derecho de los pueblos a la consulta libre, previa e informada sobre el desarrollo de los megaproyectos “es uno de los derechos que se han venido violando permanentemente en México”, así lo afirmó el Dr. Rodrigo Gutiérrez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

El académico manifestó que desde la aprobación de la reforma energética se esperaba que la aplicación de la consulta iba a estar rodeada de vicios. En este sentido dijo que con los casos de la Tribu Yaqui, el de Juchitan o el vivido en la Sierra Norte de Puebla, se comprueba el comportamiento de no respetar la consulta libre, previa e informada.

“Hemos acompañado procesos para comprender no sólo cómo se está desarrollando el marco normativo del derechos a la consulta en México sino también que ocurre con la implementación de los derechos de los pueblos, entre ellos a la consulta y al consentimiento. A partir de esta experiencia podemos decir que están ocurriendo cosas muy graves en el país. Ya se preveía que la implementación de los procesos de consulta en el marco de la reforma energética iba a generar patrones de comportamiento como los que hemos venido observando en el caso Yaqui y en el caso de Juchitan y que ahora se reafirma con el caso de la Sierra Norte de Puebla.El derecho a la consulta en México en el marco de la reforma energética se ha venido violando permanentemente desde el arranque de esas reformas estructurales”, manifestó.

En este sentido apuntó que las autoridades debieron consultar a los pueblos indígenas luego que desde un inicio sabía que con la aprobación de los cambios Constitucionales en materia energética los perjudicarían.

“En un segundo momento se crean las leyes relativas a las reforma energética, que también entre ellas está la ley de hidrocarburos y la de la industria eléctrica, que también se preveía podrían afectar los derechos de los pueblos y sin embargo tampoco fueron consultados, entonces podemos decir que ahí ya hay una 2da violación del derecho a la consulta con vías al consentimiento. Posteriormente se abrieron, en materia de hidrocarburos, rondas para empezar a ubicar territorios. La ronda cero, para reservas a Pemex territorios, en donde hay territorios de los pueblos, en donde por supuesto tenían con más razón que haber sido consultados. En Ronda uno también se asignó territorios y no han sido consultados”, dijo.

Aunado a lo anterior, reiteró que en el país se vive una constante violación al derecho de los pueblos a ser consultados y expuso: “lo que quiero dejar muy claro es que hay una violación permanente, flagrante, constante del convenio 169 de la OIT por lo que tiene que ver al derechos a la consulta y al consentimiento”.

Gutiérrez señaló que en el país la consulta no es libre porque existen amenazas e intimidaciones; no es informada porque las empresas y gobierno no ofrecen los datos necesarios para explicar el proyecto; ni previa puesto que se hacen una vez que se otorgaron los permisos a las compañías.

“Es una violación flagrante y rotunda (…) es gravísimo que apenas comenzando la puesta en marcha de este conjunto de reformas estructurales estamos notando que con toda claridad se esté produciendo una violación, de nuestra Constitución, de nuestro marco interno y del derecho internacional de los derechos fundamentales”, sentenció.

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