Plan Frontera Sur aumenta vulnerabilidad de personas migrantes; permite “cacería” y persecución: REDODEM

Por: Edgar Rosas / 30 julio, 2015

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(30 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- La política migratoria implementada por el gobiernos federal sólo ha provocado, desde la perspectiva de diversas organizaciones, poner en un estado de vulnerabilidad e indefensión a las personas migrantes en tránsito por México, permitiendo así que sean blanco de agresiones, se violenten sus derechos, y se les criminalice, dando píe a su “cacería”.

Al respecto, este miércoles la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) presentó el informe anual 2014 titulado “Migrantes invisibles, violencia tangible”, el cual expone el contexto de agravios que padecen las personas migrantes en su paso por la nación.

Esta red, conformada por 15 organizaciones distribuidas en el país que brindan apoyo y atención a las personas migrantes, expresó su rechazo al programa Frontera Sur, pues afirmó, sólo es una política que atenta contra los derechos humanos y permite la persecución de los migrantes. Además expresaron el repudio ante el hecho que agentes del Estado, como policías Federales, municipales, estatales, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) e incluso el Ejército sean parte de los actores que agreden, extorsionan y roban a personas migrantes en tránsito por México.

En tal sentido, Alonso Hernández, integrante de la organización FM4 paso libre y coordinador de la REDODEM, expuso que el 2014 marcó un hito en la política migratoria implementada en el país, pues con el programa Frontera Sur se pasó “de una política basada en la incertidumbre, a la implementación de acciones disuasivas para atender el fenómeno”.

Hernández manifestó que estas acciones en materia migratoria contienen una “fuerte carga criminalizante” en contra de las personas migrantes. Añadió que esta política implementada por el gobierno peñista no se puede entender sin la relación de dependencia que el país tiene con Estados Unidos.

“Las actuales políticas de migración no se pueden entender sin la relación de dependencia que existe hacia los EEUU, desde donde se ha impuesto una visión de control y seguridad que se ha extendido a ambas fronteras. Esta evidencia se hace más palpable en el incremento de deportaciones registradas durante 2014, con un aumento del 47%, con respecto al 2013”, apuntó.

En lo referente, explicó que esta política de cacería de migrantes implementada por el gobierno federal se ha podido observar en la disminución de personas migrantes. Dijo que para el segundo semestre de 2014, justo después de la implementación del Programa Frontera Sur, se presentó una disminución del 48% en el número de migrantes en tránsito por el país.

“De acuerdo al registro de información de la REDODEM, en el conjunto  de organizaciones miembro, durante 2014 se atendieron a 31 mil 894 personas migrantes, lo cual es, sin duda, el mayor registro de migrantes indocumentados realizado en el país de manera extraoficial (…) Observando el comportamiento migratorio a partir del programa Frontera Sur, estamos en condiciones de afirmar que ha existido una disminución del 48% en la atención a los flujos migratorios. Durante el 2do semestre de 2014, esta disminución se hizo palpable, pues el 1er semestre registramos alrededor de 21 mil personas, mientras que en el segundo se logró el registro de poco más de 10 mil”, indicó.

Por su parte, Arturo González, coordinador de la organización Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), enfatizó que el informe presentado por la RADODEM se hace en un contexto en donde México enfrente una crisis de derechos humanos e impunidad, a la cual se le suma, la “gran crisis de derechos humanos de personas migrantes que atraviesan México”.

Recordó que el Programa Frontera Sur fue impuesto por el gobierno peñista, luego de dejar por un lado el Programa Especial de Migración, el cual fue elaborado de manera conjunta con la sociedad civil. En este sentido subrayó que los objetivos del Programa Frontera Sur (Proteger los DDHH de las personas migrantes en tránsito por México; ordenar los cruces internacionales, y combatir al crimen organizado que los agrede)  sólo se han quedado en el discurso, pues en la realidad, se violentan derechos humanos de migrantes, además que son agredidos, no sólo por el crimen organizado, sino por las propias autoridades.

“En el informe damos cuenta que una cosa es el discurso oficial, y la otra su práctica diaria contra los y las migrantes. Un dato que ilustra lo que sucede en México con su política migratoria son los operativos y detenciones. El seguimiento que hemos hecho al programa Frontera Sur en este 2015 específicamente sobre operativos y detenciones nos arroja que de enero a julio de 2015 se han realizado 938 operativos en el país, por el INM y otros cuerpos de seguridad; de enero a abril aparecen 5 estados con un índice de mayor detención que son Chihuahua, Jalisco, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Pero para julio aparecen 8 estados con muy alta detención, que son Tamaulipas, Tabasco, Chiapas, Edomex, Jalisco, Nayarit, Chihuahua y Baja California Norte, por lo tanto de enero a julio hemos tenido un incremento de 133% en operativos y un 473% de detenciones a migrantes”, señaló.

Aunado a lo anterior manifestó que lo antes descrito habla que las acciones del Programa Frontera Sur se han expandido, por lo que ahora los operativos contra migrantes se ven de manera permanente en todo el país.

Arturo González subrayó que luego de la realización del informe, se desprenden algunas preocupaciones en torno a la política migratoria. Señaló que una de estas se centra en que el Plan Frontera Sur a re victimizado a las y los migrantes que huyen de sus países de fenómenos como la violencia.

“El programa Frontera Sur lo que ha hecho es re victimizar a las y los migrantes que salen de los países de Centro América; esos miles que salen buscando mejores oportunidades de vida y huyendo de la violencia, se han encontrado con un cerco de seguridad en México, y con un aparato de control que los criminaliza y los convierte en víctimas de las políticas migratorias de la región.  En 2013 se deportaron en México 86 mil 298 migrantes, y para 2014 se deportaron 107 mil 199 migrantes centro americanos lo que representa un incremento en las deportaciones desde México en un 33%”, dijo.

Aunado a lo anterior subrayó que con estas medidas México se ha convertido en “una muralla de contención de migrantes”, que sirva a Estados Unidos para detener el flujo d migración a su nación.

“El programa Frontera Sur  ha convertido a México en una gran muralla vertical de contención de los migrantes. Toda la geografía de México está intentando ser una frontera externa de control por presión de EE.UU. De una manera similar a la política norteamericana, México está reproduciendo el modelo de seguridad nacional y  militarización que tiene EEUU”, apuntó.

Asimismo, declaró que el Programa Frontera Sur más que proteger a migrantes, así como se cita en sus objetivos, ha impulsado su persecución, detención, encarcelamiento y deportación. En este sentido añadió que: “El porcentaje de menores centroamericanos detenidos y deportados en la frontera norte con EE.UU. descendió de enero a mayo de 2015 en un 58%, en tanto que las detenciones y deportaciones de México por la frontera SUR en el mismos periodo se incrementaron en un 44% (…) México está dejando de lado su vocación hospitalaria del pasado con sus hermanos centroamericanos ya que los índices de detención y deportaciones nos hablan de que el gobierno mexicano sólo se está enfocando al ‘control y ordenamiento’ del flujo migratorio”.

Como segunda preocupación de la REDODEM, enfatizó González, se encuentra la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes como resultado la política de persecución y deportación. Indicó que al endurecer la persecución, las autoridades obligan a los migrantes a buscar rutas en las que no sean detenidos, deportados o violentados, poniéndoles en riesgo.

“Esta política de persecución y deportación está poniendo en mayor vulnerabilidad a las y los migrantes que pasan por México. Los obliga a querer pasar invisibles para no ser detenidos, deportados o violentados, cuestión que los pone en mayor riesgo y peligro, y presa fácil de las bandas del crimen organizado y de las corporaciones policías mexicanas. Lo que más padecen los migrantes por parte de las policías y el crimen organizado en su paso por México es el robo, la extorsión, lesiones y secuestros.

“Estos delitos y violaciones que sufren los migrantes conllevan la estrategia de quebrar la persona desde dentro, dejarlos en total despojo, indefensión, vulnerabilidad y miedo. Esta estrategia es perversa, porque rompe a la persona desde su núcleo vital, la deja en total desamparo y la re victimiza de forma permanente. Es claro que el gobierno no está protegiendo a los migrantes, es más él mismo contribuye a cometer delitos contra ellos y ellas, y viola sus DDHH fundamentales”, sentenció.

Ante esta ola de ataques por parte de las autoridades, González cuestionó la manera de proceder de los agentes del estado y dijo: “Por la forma en que los persiguen y agreden y el modo recurrente en que lo hacen en casi todo el país, nos hace preguntar si esta estrategia es parte pensada de la propia política migratoria… eso sí sería perverso”.

El defensor añadió que estos migrantes que buscan ayuda ante las amenazas que viven en sus países, llegan a México y se encuentran con una nación que los persigue, los criminaliza y les niega el derecho a la protección internacional.

“No quisiéramos como respuesta ante este este informe una descalificación por parte del gobierno, sino una toma de conciencia de que las acciones de su programa Frontera Sur no son buenas ni están logrando lo que prometieron. Lo que escuchamos a diario en los albergues es el dolor y sufrimiento de miles de hermanos y hermanas que buscan a México como al hermano mayor de la región que los escuche y los proteja y no la persecución que a diario sufren en los caminos. El programa Frontera Sur no es bueno para los migrantes, usa como medios la persecución, el desprecio y abandonó a su surte de miles de personas migrantes y eso no es bueno. En el Programa Frontera Sur, no hay bondad, no es bueno”, añadió.

Rita Robles, integrante del Servicio Jesuita, dio algunas cifras derivadas del informe que presentó la RADODEM. Dijo que una de las dificultades presentadas para realizar dicho documento fue que los migrantes a veces no se abrían por completo para contar las historias o no identifican a las autoridades que los agredieron.

“De lo que hemos recogido es que la población migrante que más ha sufrido violaciones o delitos es la que es mayor de 15 años, el 96% obedecen a estas personas. Los migrantes de nacionalidad Hondureña son quienes registraron mayor número de delitos en su contra con el 52.89%. Entre  los principales delitos que encontramos que se cometen contra migrantes está el robo, extorsión y lesiones. El crimen organizado fue el que mayor cometió algún delito en contra de migrantes, registrando el 54.27%, pero también es importante el porcentaje donde se ven autoridades de gobierno como responsables con un 20.16%”, dijo.

Aunado a lo anterior, enfatizó que los agravios más recurrentes de autoridades en contra de migrantes fueron el robo, la extorsión así como las lesiones y la privación ilegal de la libertad. Además detalló que policías municipales y estatales son los que más detienen arbitrariamente a los migrantes con la intención de robar o extorsionar.

 En este sentido recordó que la Constitución establece que el Estado tiene la obligación de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de cualquier persona en México, incluidos los migrantes. “Lo que nosotros nos encontramos es lo contrario, ellos (agentes del Estado) están siendo participes de una serie de delitos que a su vez constituyen una violación a los DDHH, porque la obligación de ellos es protegerlos”, indicó.

“¿Quiénes son las autoridades involucradas? En primer lugar la PF con cerca del 40% de las agresiones, seguidos por policías municipales con un 25%, y luego hay un grupo indeterminado pero que se distinguen como autoridad sin identificar a que cuerpo pertenece, esto está por arriba del 15%. Los DD.HH. más violentados son: el derecho a la propiedad privada con los robos. El derecho a la integridad física, porque son golpeados. El derecho a la libertad personal, cuando se les detiene arbitrariamente, cuando lo hacen las policías pero no son presentados ante las autoridades, sino que son detenidos para ser robados o extorsionados. Las Instituciones de seguridad que propician violaciones a DDHH son PF a la cabeza con el 35.56%, seguido de grupos policiaco no determinados, con el 29.3%, una policía particular de Veracruz y agentes del INM”, detalló.

Por último la RADODEM exigió al gobierno mexicano detener la “cacería humana” que representa el plan Frontera Sur.

“Los impactos más notables del Programa Integral Frontera Sur (PIFS) han tenido que ver con el incremento de la vulnerabilidad, debido a la abierta persecución y cacería de las personas migrantes en tránsito. Esto ha tenido como consecuencia, el aumento en el tráfico de personas, de las cuotas de desplazamiento, extorsiones, casos de violencia y puntos de detención, orillándolos a la búsqueda de rutas alternas que se ha traducido en un alejamiento de la red de protección que brindan las organizaciones defensoras de migrantes.

“Externamos nuestra preocupación por la crisis humanitaria y de derechos humanos palpable en la situación de los migrantes en tránsito, por ello exhortamos a las autoridades a: implementar una política migratoria con apego a los derechos humanos. Investigar, sancionar y reparar el daño derivado de los delitos cometidos por autoridades y particulares. De manera particular, hacemos un llamado enérgico a las autoridades del Estado Mexicano para que detengan la violencia que se está cometiendo en contra de las personas migrantes y sus defensores”, señaló.

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