Migrante salvadoreño detenido y torturado para que aceptara su culpabilidad, MP le pidió $150 mil liberarlo

Por: Emma Martínez / 24 julio, 2015

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(24 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Alejandro se encuentra recluido en el penal número 14, El Amate, en Chiapas, acusado por el delito de Daños contra la salud en la modalidad de transporte. Él fue interceptado por una camioneta blanca sin placas, a la entrada de Tuxtla Gutiérrez sobre la carretera Chiapas de Corzo.

En la camioneta iban cinco personas, tres en la góndola y dos en la cabina. Al interceptarlo le cerraron el paso y tres sujetos se bajaron e inmediatamente le apuntaron con las armas cortas que llevaban. De la cabina bajó un sujeto quien se identificó con el grado de comandante de la Policía Federal Ministerial, seguido de esto ordenó a los demás elementos sacar a Alejandro, de oficio taxista, de su unidad, mientras le seguían apuntando, abrieron la puerta y lo sacaron en forma violenta.

Alejandro preguntó qué pasaba, en tono de preocupación, ya que se encontraba asustado, sin que nadie se respondiera, el comandante lo llevó a la parte trasera del taxi, con las manos sobre la cabeza, lo aventaron sobre el cofre, el mismo elemento policiaco metió la mano en sucangurera y dijo: “aquí lo traes cabrón”.

El joven preguntó ¿Qué traigo? El comandante afirmó: droga cabrón, no te hagas pendejo; acto seguido lo golpearon con las armas, los esposaron y lo subieron a la camioneta, y le ordenó a uno de sus acompañantes, a quien lo llamó ‘muñeco’, se llevara el taxi, mientras él conducía la camioneta.

Según describe Alejandro, “los otros tres sujetos empiezan a torturarme arriba de la camioneta así como a sacarme todo lo que traía, billetera, teléfono celular, pulso, reloj, un despojo total y sus amenazas, sin dejar de darme golpes en la cabeza con sus armas, uno de ellos puso su bota sobre mi cuello para que no pudiera levantarme pues iba boca abajo, y nunca dejaron de asegurar que yo me dedicaba a vender y transportar droga y que ya me venían investigando, que lo aceptara, pues en la oficina se arreglaría todo. Yo me sentía aturdido y negaba todo, pero ellos me golpeaban e insistían a que aceptara el delito”.

Al llegar a la Unidad Mixta de Atención a Narcomenudeo – Centro de Operaciones Estratégicas (UMAN-COE), lo llevaron a un cuarto apartado de las oficinas, y le aseguraron “ahí vamos arreglarnos”, lo que da cuenta del usó uno de los llamados ‘cuartos de tortura’, documentados anteriormente por Revolución TRESPUNTOCERO.

Después de quitarle las esposas, lo obligaron a alzar las manos, lo pusieron de rodillas y le volvieron a poner las esposas, las cuales colgaron en unos ganchos sujetos a la pared, mientras sus manos se rasgaban. Mientras eso pasaba, le volvieron a insistir que era un vendedor de droga, que la transportaba y que les contara quién se la vendía, “pero yo no me dedico a eso, qué les puedo decir”, les respondía Alejandro.

Dicha respuesta no era la que buscaban los elementos y acto seguido se paraban sobre sus pantorrillas presionando las rodillas, le jalaron el cabello en diversas ocasiones, volvieron a poner la bota de un elemento sobre su columna, mientras lo jalaban hacia atrás causando en el joven “un dolor horrible en rodillas y columna”, asegura.

Aunque él les decía que “era injusto”, y no se dedicaba a nada ilícito, siguieron los golpes y poco tiempo después llegó el comandante con un tubo envuelto en franela y le dijo que si no aceptaba el delito le introducirá el artefacto por el recto, después avienta el tubo a otro de los sujetos ahí presentes y le dijo que lo probara, entonces le dio un golpe con el tubo en cada lado de las costillas, los cuales provocaron que Alejandro se desvaneciera.

Después lo sentaron en una banca, mientras uno de los policías informaba que ya había llegado el dueño del taxi. Con ese pretexto pidió permiso para ir al baño pero se lo negaron así como la comunicación con su familia y hablar con su patrón y le afirmaron que “no tenía nada que hablar”, le quietaron la licencia de conducir, así como la copia de su documento migratorio, ya que es de nacionalidad salvadoreña, pero mantiene su documentación en regla.

Le hicieron firmar documentos que no pudo leer y lo trasladaron a las oficinas de la Procuraduría General de la República, al día siguiente lo presentaron ante el ante el Ministerio Público, ahí daría su declaración, sin embargo ya la tenían redactada y no pudo ni hablar, ya que solamente hicieron que la firmara. Ese día al haber ya contactado a su esposa, ella fue al Ministerio Público (MP), donde le dijeron que si quería ver a su esposo libre, “con 150 mil pesos lo soltamos, pero si le damos el taxi, ahí sube la cuota”.

Su esposa le comunicó que un ‘intermediario’ del MP, le pidió esa cantidad, ante la negativa del joven, asegurando que él no era delincuente, ella le dijo que la amenazaron que de no entregar la cantidad, lo enviarían al penal de El Amate, del cual es altamente complicado salir libre.

Hoy Alejandro se encuentra en dicho penal, y asegura, “aquí estoy por un delito que no he cometido, mal de salud, problemas con mis rodillas, columna, presión arterial, todo a consecuencia de las torturas de señores que aprovechándose de una charola y de la autoridad se prestar a armar delitos para justificar su trabajo o para inculpar a inocentes y que trabajan los delincuentes”.

Agrega, “estoy esperando una sentencia la cual acabaría de violar mis derechos, por lo tanto solicito se considere este caso y pido justicia a Peña Nieto, además él debe poner más atención en los delitos inventados y mano dura para estos funcionarios corruptos”, asegurando que teme por su familia y los malos tratos que pueden padecer como método de represión.

En México actualmente se encuentran 117 personas salvadoreñas, tan sólo en prisiones estatales, lo cual representa el 12.1 % de los presos extranjeros del estado ocupando así el tercer, siendo Guatemala quien mantiene el primer sitio con 418 personas y Honduras con 353.

Los principales cargos que se imputa a los migrantes son, robo, tráfico de drogas, narco menudeo, portación de armas y homicidio. Según el área jurídica del consulado salvadoreño, explica a Revolución TRESPUNTOCERO, que cuando se logra demostrar la inocencia de los presos, en un año pueden salir hasta 10 o 15 personas.

Según el abogado especialista en Derecho internacional privado, Fernando Medina, “Chiapas siendo zona fronteriza es el estado con mayor número de reos migrantes, en sus cárceles estatales se concentran personas que llevan más de 20 años encerrados debido a que se les imputan los delitos de homicidio, daños contra la salud (narcotráfico)  y lesiones, y purgan sentencias de 32 años, incluso existiendo inconsistencias en los procesos y las pruebas, sin embargo sin una defensa que realmente los protejan se quedan como culpables, en muchas ocasiones por no haber pagado ‘cuota’ para salir”.

“Revisando tres expedientes al azar, al menos dos presentan violaciones a debido proceso y los reos acusan que fueron torturados, para finalmente ser encarcelados injustamente, pero al no tener familiares, estar en un país ajeno y desconocer de las leyes, además del total desamparo de los abogados de oficio, se encuentran a merced de lo que las autoridades decidan”.

A su vez el abogado asegura, que el 42% de los presos migrantes se encuentra en prisiones chiapanecas, “un estado considerado también uno de los que mayor incidencia tiene en casos de tortura hacia migrantes, la cual la utilizan como vía de confesión de delitos, pero también de extorción, porque no solamente roban a quienes están de paso, tampoco se salvan los que mantienen su documentación en regla, a ellos se les imputa cualquier tipo de cargo, con la idea que sus familiares pagaran cierta cantidad para que los dejen seguir libres”.

Medina puntualiza, “el caso de Alejandro es una historia que forma parte de todo un mosaico de casos similares, donde el cometido era la extorción y al no lograrlo existe la venganza por parte de los elementos y el Ministerio Público, los cuales están coludidos, el negocio de los migrantes deja anualmente millones de pesos en ganancias para quienes abusan de su autoridad para robarles. Para que un caso sea visible y se logre en una primera instancia aplicar el protocolo de Estambul es necesario que medios de comunicación, organismos civiles, Consulado y sociedad exijan se esclarezcan los hechos, de lo contrario, Alejandro se encuentra en el desamparo total”.

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