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Por: Redacción Revolución / 13 julio, 2015
(13 de julio, 2015).- Una red de complicidades y corrupción quedó al descubierto con los litigios en el caso Actinver. Empresarios hacen una denuncia ante la Procuraduría General, está acepta haciendo caso omiso a la ley que no le permite llevar dichos casos ya que los acusados son del fuero federal.
La PGJ en el estado de Puebla dio entrada a denuncias penales en contra de los directivos Luis Ortega Trelles y Raúl Sánchez Zepeda, presuntos responsables de un fraude millonario en contra de cuando menos una veintena de empresarios poblanos.
La decisión de la PGJ de dar entrada a las denuncias a través del fuero local, podría dejar sin posibilidades de negociar a los defraudados que tomaron el camino jurídico correcto y que presentaron sus denuncias en la delegación de la Procuraduría General de la República.
La complicidad entre la Procuraduría a cargo de Víctor Carrancá, con los abogados de Senderos Valdés parece más que evidente, y las facilidades que reciben, contrastan con los obstáculos de cualquier otro litigante.
En la red de complicidades están involucrados el procurador General de Justicia, Víctor Carrancá; el encargado de despacho de la Dirección de Agencias del Ministerio Público, Zona Metropolitana Sur, Jaime Huerta Ramos; el titular de la Agencia del Ministerio Público Metropolitana Zona Sur, Mesa Cuarto, Ingrid Janette Limón Condado.
Así como el titular de la Agencia del Ministerio Público Metropolitana Zona Sur, Mesa Cinco, Juan Sánchez López; el titular de la Agencia del Ministerio Público Metropolitana, Zona Sur, Rubén González Ibáñez.
El titular de la Agencia del Ministerio Público Metropolitana Zona Sur, Mesa Adjunta o adscrita, Alfredo Otero Vidal y Sandra Lucía Perea Iturriaga, titular del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula.
Dentro de las anomalías que presenta el caso se encuentran El encargado del departamento de la Dirección de Agencias del Ministerio Pública, zona metropolitana Sur, Jaime Huerta Ramos, no permite el acceso a la averiguación 118/2015/AMPO/DMZS a pesar de que está desde el 29 de abril de 2015. Personal que no llega a sus horas de trabajo, limitando el tiempo de trámites de los abogados.
Falsificación de documentos y firma que se presentó en contra del demandante —Ricardo Senderos—, ya se según los abogados del caso, el acusado no firmó ni presto dinero a Senderos.
Para ello se tiene que nombrar a un tercer perito en discordia para que éste esclarezca o decida cuál de los dos peritos, uno por parte los demandantes y otra por la demandada es quien tiene la razón.
Pero lo nombra la Juez Sandra Perea, lo que provoca todo tipo de sospechas y todo parece favorecer la demanda de Senderos Valdés.
Por si fuera poco se han aceptado documentos falsos como pruebas de Ricardo Senderos Valdés por lo que está en contubernio con autoridades estatales.
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