Infanticidio, abandono y múltiple discriminación algunos de los padecimientos de indígenas con discapacidades

Por: Emma Martínez / 30 julio, 2015

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(30 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- La población indígena mexicana además de ser el grupo que padece mayor vulnerabilidad, discriminación y los embates de la pobreza en mayor medida, también se enfrenta a la discapacidad, ya que las personas menores de 18 años enfrenta alguna, según información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Sin embargo el dato no es específico, porque reunir cifras sobre las comunidades indígenas que tienen personas con discapacidad es una tarea que aún en México no se ha elaborado, bajo el argumento que “las familias indígenas viven en casas diseminadas y en zonas remotas difíciles de acceder”.

Según la Coalición México por los derechos de las personas con discapacidad, “el Estado emite reglas de operación de los diversos programas que buscan erradicar la pobreza en México (que muchas veces no se cumplen a cabalidad), sin embargo en éstas no están consideradas los indígenas con discapacidades, en su caso los niños y niñas en dicha situación no cuentan con oportunidades como el resto de los menores, por el contrario se les aísla del resto y ocasiona que se conviertan en parte de las cifras importantes de analfabetismo, por citar un ejemplo de las consecuencias”.

Olga Montufar Contreras, presidenta de la Fundación Paso a Paso, explica a Revolución TRESPUNTOCERO que “dentro de las comunidades indígenas, los jóvenes de ambos sexos con discapacidades son los más vulnerables y los que viven un alto grado de sufrimiento. Su marginalización persiste a pesar de que tres organismos internacionales de los derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención sobre los Derechos del Niño, permitieron una oportunidad histórica para abordar los retos a los que se enfrentaba la población infantil indígena con discapacidades”.

Hoy en día, igual que años atrás, comenta Montufar Contreras, los menores con discapacidad están condenados al ostracismo, y el rechazo que sufren por parte de la comunidad se extiende a la madre, al padre y a los hermanos y hermanas, porque la discapacidad está considerada como un castigo divino, y un niño con discapacidad representa una carga para la comunidad.

Asegura que ahora, como años atrás, resulta extremadamente difícil acceder a los servicios y hacer frente a los gastos adicionales generados por un miembro de la familia con discapacidad. “La miseria absoluta, el aislamiento geográfico y la marginación política se sustentan y están reforzados por la discriminación y los prejuicios. Las consecuencias pueden ser graves: muchas madres, débiles y sin poder para cambiar las cosas, permanecen en silencio ante la condición o recurren al infanticidio.”

Ella explica que el rechazo también puede ser inducido, ya que, cuando nace un niño con discapacidad, a la madre se le invita a no alimentar a su hijo durante los primeros días de vida. Las parteras y los familiares recomiendan y consideran esa práctica debido a:  la pobreza extrema y los altos índices de marginación de las comunidades indígenas; a lo difícil que resulta acceder a los servicios de salud; al rechazo de la sociedad (porque se supone que la discapacidad es un castigo divino);a las dificultades económicas para sufragar los gastos adicionales. Como no existe registro de los embarazos, ni los nacimientos, las muertes de estos niños no son reportadas.

“En comunidades indígenas mexicanas al no tener acceso a una cultura sobre la salud, y la forma en que se debe cuidar a un niño discapacitado, por miedo que la familia se convierta en la burla, las madres deciden matar a sus hijos, una circunstancia impactante que si bien es cierto no es un hecho aislado, sin justificar a quien comete infanticidio, es correcto mencionar que gran parte de la culpa la tienen los gobernantes, si de por sí ejercen la discriminación hacia los pueblos indígenas, en el caso de tener alguna discapacidad, son inexistentes a los ojos del Estado”, asegura la psicoanalista Alma del Pino.

Si los menores con alguna discapacidad logran sobrevivir, en muchas ocasiones son abandonados ‘a su suerte’. Destinados a intentar sobrevivir de acuerdo a sus propias habilidades, porque los padres los tratan de la misma forma que a un ser humano normal e incluso la situación se complica cuando el rechazo se hace evidente, seguido del desprecio por no poder hacer por si mismo un sin número de actividades.

Un ejemplo más de la múltiple discriminación, puntualmente en mujeres indígenas con discapacidad, son los altos niveles de violencia física, económica, sexual y emocional, que enfrentan. “Esa violencia es tan estructural que las mujeres no la reconocen como tal, están acostumbradas a vivir en esas condiciones y no lo denuncian. Aunado a ello, no se tiene acceso, por su condición, a los mecanismos de justicia alternativa dentro de las comunidades, lo que impide buscar justicia”, comenta Montufar Contreras.

Por otro lado la falta de datos estadísticos e investigaciones sobre el tema, provoca que no se conozca el porcentaje de personas con discapacidad en las comunidades, mucho menos el tipo de discapacidad que tienen. Ello impide el desarrollo de políticas públicas y servicios para atender las necesidades.

Según Montufar Contreras en su reciente visita a la sede de ONU en Ginebra, aseguró que “lo anterior contribuye a la invisibilidad a lo largo del tiempo, lo cual supone una amenaza a la condición física e intelectual. Esta circunstancia debería motivar la investigación en las poblaciones indígenas, para que los resultados contribuyan como punto de partida para desarrollar políticas públicas y servicios que aborden las necesidades y garanticen los derechos”.

“Porque en el caso de México el abandono de indígenas discapacitados es una problemática grave pero poco conocida, fue hasta después de la revisión sobre la situación del gobierno mexicano frente el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad que se aceptó el hecho de no haber implementado ninguna política pública, ni acción y menos algún beneficio respecto”, comenta Montufar Contreras.

Hasta el momento son pocos los legisladores que han sugerido que sea el próximo año cuando se presenten iniciativas al respecto de la problemática, esto debido a que la Fundación Paso a Paso impulsó una iniciativa para la nueva creación de políticas públicas y programas de legislación a favor de las personas indígenas con discapacidad, ya que pese a que el Estado mexicano forma parte de la ONU y ha firmado tratados para la implementación de mecanismos de ayuda, no ha cumplido.

“El comité de  derechos de personas con discapacidad constantemente le ha retirado al Estado mexicano que obedezca las recomendaciones que se le han dado;  de las cuales el 60% habla sobre esta problemática pero se sigue haciendo caso omiso, y sigue sin existir algo escrito, ni informes, ni ensayos acerca de ello, pero tampoco los medios de comunicación se han dado a la tarea de dar a conocer que en nuestro país ésta es otra de nuestras principales gravedades”, afirma del Pino.

Por ahora Montufar Contreras es la única especialista que intenta iniciar un estudio dividiendo al país en cuatro regiones geopolíticas, con la intención que con esta variedad de cosmovisiones, usos y costumbres se pueda implementar una política pública en una comunidad, aunque “lamentablemente existe lentitud en cuanto a las instituciones nacionales que se han interesado en apoyarnos, lo contrario a las internacionales que sí están sumamente interesadas en el proyecto, pues el México ni siquiera los especialistas han podido relacionar los mecanismos de ayuda de personas con discapacidad con personas indígenas, cuando lo único que se necesita es reinterpretar la convención de los derechos de personas con discapacidad y rehacerla  a manera que también los indígenas puedan tener un soporte legal que los proteja”.

Del Pino afirma que la falta de accesos al sistema de educación convencional también debe ser corregida, ya que se requiere la inclusión de los niños y las niñas indígenas con discapacidad pero, en la práctica, la inclusión a menudo se encuentra muy lejos del alcance de los menores.

Las distancias que deben recorrer a diario para llegar a la escuela a veces son inaccesibles. Hay pocas escuelas que cuenten con instalaciones apropiadas y los servicios mínimos para facilitar el aprendizaje y las prácticas de la comunidad tradicional contribuyen a la falta de una educación inclusiva.

En las comunidades indígenas, como en otras, la gente cree que las personas con alguna discapacidad “son objetos rotos que no sirven para nada, incluso si se les arregla provisionalmente. La situación es aún peor para las niñas con discapacidad, ya que para ellas es más difícil que para los niños obtener permiso para estudiar”, asegura Montufar Contreras.

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