“Ineficiente” aplicación de justicia laboral en Jalisco; corrupción, impunidad y ausencia de Estado de derecho

Por: Cecilia Balderas / 7 julio, 2015

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(07 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Tras el análisis de 402 expedientes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de Jalisco y el testimonio de 400 demandantes –en conflicto laboral desde 2012- además de los de 102 abogados y 97 servidores públicos, se concluyó que la justicia laboral, reglamentada en la Ley Federal del Trabajo, es ineficiente en la entidad gobernada por priista, Aristóteles Sandoval.

“Para que haya una mejor justicia laboral no basta con tener una ley adecuada, crear edificios nuevos o reportar el número de capacitaciones impartidas, se requiere analizar de manera integral cuáles son las condiciones reales en las que se imparte esa justicia”, se puede leer en el análisis, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en coordinación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El estudio, titulado “Justicia laboral, justicia transparente”, forma parte del proyecto “Por una mejor justicia laboral”, cuyo principal objetivo es contribuir con información en la toma de decisiones para mejorar de manera sustantiva la calidad de la impartición de justicia en nuestro país.

Entre los hallazgos del análisis sobresale que de los 402 expedientes analizados, se dictó resolución en únicamente el 0.05 %; que mientras un abogado particular de la entidad participa en 74 conflictos laborales al año, el servidor público lo hace en 1 mil 267; que la mayoría de las demandas están basadas en pruebas confesionales, en lugar de periciales.

También se detectó que se carece de información sobre la aplicación de sanciones por testimonios o documentos falsos; que no se aprovechan los mecanismos de conciliación para evitar la carga de trabajo ineficiente en la Junta Local y que tanto abogados laboristas como servidores públicos, coindicen en que las condiciones de dicho órgano no son óptimas para su correcto funcionamiento.

“Lo que se observa en el estado de Jalisco no es producto del último año, de una sola administración o exclusivo de esta entidad. Se trata de décadas de desatención de las demandas de modernización y mejora que exige toda institución de justicia en el país”, sostiene el análisis.

La evaluación

El análisis sobre el funcionamiento de los procedimientos jurídicos se basó en tres tópicos: el marco normativo aplicable al procedimiento laboral; la aplicación de encuestas de percepción a demandantes, abogados laboralistas y servidores públicos y el análisis de los cientos de expedientes de procedimientos laborales en desarrollo.

Además, se sitúa en el contexto de “un escenario de debilidad en diversas áreas vinculadas con el Estado de derecho”, refiere el documento, pues los organismos encargados del análisis consideran que una de las áreas más afectadas es la laboral.

“Cuando la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) no funciona adecuadamente, se abre la posibilidad a espacios de corrupción, impunidad, servicios deficientes y a una ausencia de Estado de derecho en materia laboral”, sentencia el informe.

El IMCO y el USAID consideran que para revertir la ineficiencia del sector, se debe realizar un análisis sobre la distribución de trabajo en la Junta Local y evaluar la necesidad de ampliar la plantilla laboral, aumentar el nivel de conocimiento y competencia de los servidores públicos sobre el procedimiento laboral.

Consideran que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo debe tomar un rol más participativo en el tema, pues es uno de los canales más importantes para que el demandante reciba asesoría jurídica; sin embargo, hasta ahora su participación ha sido mínima, según la información de los procedimientos evaluados.

La digitalización de procedimientos y el desarrollo de una plataforma que permita consultas remotas a las partes involucradas en los procedimientos, desahogaría significativamente la carga de trabajo del personal de la Junta Local, según el análisis de las dos organizaciones encargas del análisis.

Consideran que la instalación de salas orales permitirá agilizar los mecanismos de conciliación, además de que se deben aplicar sanciones, pues actualmente en material laboral, no se cuenta con incentivos que inhiban en los servidores públicos conductas ilícitas, aunado a que los ciudadanos tampoco cuentan con los conocimientos mínimos para saber cuál es el procedimiento que deben seguir para hacer valer sus derechos.

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