Grupos delincuenciales bajo órdenes de empresarios atacan comunidad zapoteca por oponerse a proyecto

Por: Edgar Rosas / 29 julio, 2015

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29 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Integrantes de la comunidad indígena zapoteca de Juchitán, Oaxaca, denunciaron este martes la intención de autoridades, tanto municipales como federales, de imponer un nuevo megaproyecto eólico en esta zona.

En conferencia, representantes de las asambleas indígenas de Juchitán, demandaron que la Secretaría de Energía (Sener) ha emprendido una “simulación” de consulta para obtener el aval de la obra, pues esta no se ha alineado a los parámetros internacionales que dictan que debe ser libre, previa e informada.

Los miembros de esta comunidad manifestaron que la consulta no puede ser previa puesto que los principales permisos para el desarrollo de la obra a cargo de la empresa Eólica del Sur, ya fueron entregados sin antes haber obtenido el libre consentimiento de los pueblos indígenas. Además demandaron que no se ha proporcionado la información necesaria sobre el proyecto, ni datos sobre los impactos que pueda traer para la zona este nuevo parque eólico.

Explicaron que este despojo se pretende consumar con la complicidad de diversos grupos políticos locales, así como del presidente municipal, quienes han emprendido prácticas para promover la realización del proyecto. Entre los involucrados acusan al Partido Revolucionario Institucional  (PRI) de promover esta simulación de la consulta que permita la elaboración del proyecto.

Aunado a lo anterior, explicaron que además de no tomar en cuenta a la población indígena para la consulta promovida por el gobierno federal, los distintos grupos políticos chantajearon a la gente de diversos sectores para pronunciarse a favor del proyecto.

“El presidente municipal de Juchitán, Saúl Vicente Vázquez, los líderes de los partidos políticos y la COCEI han iniciado una campaña de confusión entre la población juchiteca a través de una solicitud que será entregada al Estado Mexicano para pedir “obras para el beneficio social” a cambio de aceptar la construcción del parque eólico de Mareña Renovables. La COCEI y el PRI están obligando a habitantes de colonias populares, trabajadores de mototaxis y trabajadores del Ayuntamiento, sobre quienes tienen control, a firmar dicha solicitud sin importar si es su voluntad. Con el chantaje, la confusión y la ambición, los patrones de la CTM, CNP, del PRD, PT, el PRI y la COCEI han realizado mítines y marchas apoyando el despojo de nuestro territorio a favor de las empresas extranjeras eólicas (…) es muy claro que el puñado de líderes de la COCEI tienen la intención de vender nuestras tierras comunales a las empresas transnacionales eólicas”, expusieron.

Al respecto, Raymundo Regalado, vocero de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), calificó como una “faramalla” la consulta emprendida por la Sener, pues dijo, esta sólo se ha convertido en mero trámite para legalizar el despojo. En este sentido añadió que la oposición del pueblo al megaproyecto se debe a las afectaciones, pues de instalarse el proyecto repercutiría “una de las regiones más fértiles del Istmo de Tehuantepec”.

“Los partidos de la región, la autoridad local, los líderes de la COCEI, están entregando en charola de plata nuestro territorio a las empresas.  Hemos dicho que lo de fondo de esto es el despojo de las tierras, y se trata de las mejores tierras húmedas y fértiles de la región del Istmo, así como la laguna superior de donde se mantienen más de seis mil pescadores. A eso nos oponemos, no porque no queramos que no se explote el aire sino que a la larga es un despojo al pueblo (…) Nos da tristeza que hoy que los que son líderes, autoridades municipales, en charola de plata están entregando nuestras tierras a extranjeros”, expuso.

En lo referente ante esta violación al derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, Raymundo Peñaloza dijo que realizaran una “autoconsulta”, con la cual se exprese la voluntad de la población indígena zapoteca.

“Tenemos una alternativa, ante esta aberración, ante  esta supuesta consulta al pueblo indígena nosotros hemos fijado nuestro posicionamiento de llevar a cabo una consulta indígena realmente para los indígenas, no para toda la población flotante que no pertenece a Juchitán. Estamos implementando esta consulta que nos va llevar y que va a decir no a la instalación de empresas eólicas en las tierras comunales de Juchitán”, expuso.

Por otro lado, Rodrigo Peñaloza, representante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), enfatizó que la comunidad de la región se opone al proyecto puesto que representa el despojo, mismo que sólo beneficiara a las grandes empresas transnacionales.

En este sentido afirmó que las autoridades han violado el derecho de los pueblos a la autodeterminación, pues los proyectos eólicos que hoy operan en la zona del Istmo han sido impuestos sin el consentimiento de los pueblos.

“La consulta a los pueblos ha sido una de las demandas que desde el 2000-2001 se ha exigido, cuando llegan este tipo de proyectos a instalarse en territorio indígena del Istmo de Tehuantepec. El gobierno nunca hizo caso de ello, hizo caso omiso y cuando ahora lo implementa un esquema de manipulación donde los grupos políticos locales llevan a sus acarreado para la consulta”, dijo.

En relación a esto último, Peñaloza detalló que para la consulta realizada por el gobierno “llegaron los de las colonias populares, los grupos de trabajadores de la CTM, priistas, coceistas, y una serie de grupos que reciben prebendas para poder acudir y estar a favor de la imposición del proyecto, entonces así no se da una consulta dentro del protocolo que la OIT tiene determinado”, dijo.

Asimismo, recalcó que las autoridades y empresas no han brindado la información del proyecto a la comunidad indígena con la cual se puedan llevar a cabo estudios independientes sobre los impactos del proyecto.

“La información clave, fundamental que se debe dar, la empresa nunca la dio, por lo tanto la consulta del gobierno nace viciada, es rehén de grupos políticos. Nos deslindamos de esa consulta que es a modo, es solamente para arrancarle una bandera al movimiento indígena en defensa del territorio y apropiarse de ella; el gobierno mexicano se ha caracterizado por eso (…) Por eso decimos que vamos a trabajar nuestra consulta y está respaldada dentro del derecho mexicano que contempla  la autodeterminación de los pueblos, además el derecho internacional para comunidades indígenas y tribales nos asiste”, sentenció.

Aunado a lo anterior agregó: “empezaremos un proceso de autoconsulta indígena a la comunidades zapotecas binnizá de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca y que la vamos a llevar a todos los espacios en donde de manera tradicional se reúnen los pueblos. Cuando la tengamos la presentaremos a las autoridades y si no acatan el rechazo al proyecto, iremos a instancias internacionales. Estamos en contra de la forma en como se viene implementado el megaproyecto que no beneficia a la comunidad y  donde los beneficios se los llevan estos grandes capitales y donde el gobierno en sus tres niveles, están al servicio de estas grandes empresas transnacionales entregando nuestros bienes naturales a los extranjeros”.

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Fernando Cordova, del Instituto de Biología de la Universidad Nacional autónoma de México (UNAM), habló sobre el proyecto eólico que se pretende impulsar en esta zona del estado de Oaxaca. Al respecto manifestó que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y su resolutivo presentan inconsistencias, por lo que el desarrollo del proyecto debió haber sido rechazado desde el inicio.

“De acuerdo con nuestro análisis concluimos que el desarrollo del proyecto de Eólica del Sur debió ser rechazado por la Dirección General de Impacto y Riego Ambiental, debido a que existen muchas incertidumbres sobre el proyecto que surgen de la falsedad y omisión deliberada de información”, expuso.

En primera instancia explicó que existe conflicto de interés en la elaboración y autorización del estudio de impacto ambiental, puesto que el socio fundador de la firma que elaboró la MIA, es el subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rodolfo Lacy Tamayo.

“Además existen inconsistencias con respecto a la superficie de selva baja Espinoza que será talada para la construcción del proyecto. Nuestro análisis muestra que existe falsedad de información y que el proyecto pretende talar el 100% de la superficie selvática sin proponer ninguna medida de compensación (…) La delimitación del sistema ambiental regional es arbitraria y excluye casi por completo los 11 parques eólicos que se encuentran ya en operación en la región. Esta omisión deliberada hace imposible que exista una evaluación real del impacto acumulativo de las plantas eólica en la región”, dijo.

Añadió que de los 147 impactos identificados con el desarrollo del proyecto, 81.63% son identificados como impactos negativos. “La Dirección General de Impacto y Riego Ambiental resuelve de manera inadecua y las recomendaciones del resolutivo son limitadas. Esto resulta inaceptable debido a la magnitud del proyecto y a los impactos ambientales y sociales que generará a mediano y largo plazo”, enfatizó.

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Los miembros de la comunidad indígena zapoteca de Juchitán demandaron que luego de iniciar la lucha por la defensa de su territorio, la persecución y agresiones se han intensificado. Señalaron que hay grupos delincuenciales que, bajo las órdenes de empresarios,  han emprendido ataques contra pobladores pues “con las amenazas de muerte la eólicas quieren que las comunidades se callen”.

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