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Por: Edgar Rosas / 10 julio, 2015
(10 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- La reforma en materia energética impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto es, a decir de diversos sectores de la sociedad, una medida contraria a los intereses del pueblo, que sólo abre la puerta al saqueo de los recursos por parte de empresas extranjeras.
En tal sentido, la organización Mexicanos Unidos enfatizó que los cambios constitucionales en materia energética-los cuales permiten la apertura del sector de los hidrocarburos a la iniciativa privada-“por ser contrarios a los principios contenidos en la Carta Magna, son nulos de pleno derecho”, por lo que advirtió a las empresas transnacionales interesadas en invertir en nuestro país que “no podrán obtener ganancias ya que el único y legítimo dueño (de los hidrocarburos) es el pueblo mexicano, a quien deberán reintegrar las utilidades que obtengan”.
En conferencia de prensa, esta organización informó que a través de diversas misivas entregadas a las embajadas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda y la República Popular China, así como a la delegación de la Unión Europea, se previene a los privados sobre el escenario de invertir en el sector energético mexicano, pues al no ser válida la reforma, sus inversiones no podrían ser retribuidas toda vez que las ganancias tendrían “que ser devueltas a los mexicanos como legítimos dueños de los hidrocarburos”.
En la carta enviada a las representaciones de los países, se asevera que el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene la facultad para comprometer los hidrocarburos a favor de capitales privados extranjeros, por lo que los únicos responsables de la suerte que corran las inversiones serán las propias empresas que apuesten su dinero.
“Les pedimos hagan del conocimiento del gobierno que representan que el actual gobierno mexicano carece de facultades para comprometer los bienes energéticos de esta nación en beneficio de los empresarios del país que usted representa. Advertimos que queda bajo la más estricta responsabilidad de esos empresarios la suerte que corran el capital y los bienes que inviertan en la industria de hidrocarburos de nuestra nación, y que las ganancias o utilidades que obtengan con esa actividad inconstitucional deberán reintegrarse al pueblo mexicano, único y legítimo dueño de los hidrocarburos de esta nación”, se explica en el texto.
Asimismo, en la misiva se detalla algunos de los aspectos por lo que la reforma es considerada como no Constitucional. Se hace mención que los cambios emprendidos buscaron privar a la nación del dominio directo y la exclusividad de explotar de los hidrocarburos, “poniendo en manos de empresas nacionales y extranjeras un bien estratégico propiedad de la nación, no del Estado y menos de los gobernantes”.
De igual forma Mexicanos Unidos expuso que “el artículo 135 dispone que la ley suprema solamente puede ser adicionada o reformada, es decir solamente se le puede agregar algo que falte o cambiar su forma, pero no su sentido ontológico”, cuestión contraria a la llamada reforma energética que modificó de fondo la legislación para permitir la explotación de hidrocarburos a privados.
“El artículo 136 de la misma ley fundamental prohíbe a los gobernantes contravenir a los principios establecidos en ella, facultando al pueblo para recobrar su libertad y restablecer la observancia de la Carta Magna. Los referidos cambios llevados a cabo por el Ejecutivo y los legisladores, y convalidados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también contravienen lo establecido en los numerales 1,2,4,5 y 7 de la resolución 1803 (XVII) “Soberanía permanente sobre los recursos naturales”, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y otros instrumentos de derecho internacional”, mencionan.
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Porfirio Martínez, abogado de Mexicanos Unidos, mencionó que si la organización a la que pertenece asegura que los cambios Constitucionales realizados por el gobierno de EPN son nulos de derecho “es porque esos cambios no son reforma, la reforma es darle forma nueva a una disposición, pero cuando se cambia el sentido esencial de esa disposición Constitucional no es reforma, es mutilación y eso está prohibido por la propia Constitución”.
En tal sentido mencionó que en este proceso para defender los hidrocarburos será fundamental la participación de toda la sociedad mexicana. Además afirmó que el artículo 136 establece de manera clara que toda acción de gobierno que vaya en contra de los principios de la Constitución tendrán que echarse para abajo.
“Esto no es una tarea sólo nuestra, nosotros estamos advirtiendo las cosas que van a suceder. El pueblo de México tiene que liberarse de estas cadenas que hoy lo oprimen, lo empobrecen, lo envilecen, lo hacen que vote por migajas, lo hacen que elijan a sus verdugos, que hacen que le crean a la TV. Entonces todo esto no estamos fantaseando, es el pueblo de México organizado el que tiene que hacer esto (…) El articulo 136 con toda nitidez establece que el gobierno que violente los principios de la Constitución y que los contraríe con su conducta tendrá que echarse a bajo y el pueblo está autorizado por la Constitución para liberarse de este gobierno y hacer vale los principios”, dijo.
Con respecto a las cartas entregadas a las representaciones de las diversas naciones informó que la embajada de España fue la única que no aceptó la recepción de la misiva. Los motivos podrían estar relacionados con la intención de capitales españoles de participar en la explotación de hidrocarburos.
Por otro lado Martínez aseveró que Mexicanos Unidos emprenderá todas las acciones necesarias para defender los recursos de la nación y de ser necesario acudirá a instancias internacionales para hacer valer los derechos y en todo caso reclamar la reintegración de las utilidades al pueblo de México.
“Vamos a prepararnos porque esto va ser obra de los mexicanos que logremos organizarnos para defender los recursos. Ya levantamos la voz y ya les dijimos a los gobiernos de las empresas que están interesadas en apropiarse de nuestros recursos, ya les dijimos cuáles serán las condiciones en el futuro”, sostuvo.
Por su parte, el Dr. Jorge Montemayor Aldrete, reiteró que la Constitución es clara al establecer que los recursos, en específico los hidrocarburos, “son una propiedad que sólo la nación puede procesar en todas sus etapas, y que la propiedad es inalienable e imprescriptible. Inalienable porque no puede transferencia a otro ente o persona; imprescriptible, porque esta calidad no fenece en el tiempo y esto es propiedad de la nación”.
El académico recordó que hace un mes la organización a la que pertenece llamó al pueblo de México a desconocer al gobierno de EPN por ser traidor a los intereses de la sociedad. En este sentido reiteró que el llamar traidor al priísta no es un calificativo, sino algo que está estipulado en la ley.
En cuanto a la carta dirigida a los diferentes países, Montemayor enfatizó que los gobiernos extranjeros deben conocer lo estipulado en la Constitución Política, por lo que dijo “su obligación es conocer las leyes del país donde van a invertir y ya están avisados”.
“Que no les quepa duda vamos a recuperar esos bienes. Ya lo saben: vienen invierten su capital físico, lo van a perder, las ganancias ya se las exigiremos de acuerdo con los correspondientes instrumentos jurídicos internacionales. Vamos a exigirles que nos regresen a satisfacción lo que se hayan llevado inconstitucionalmente. Cuando el pueblo recupere su libertad y se establezca el gobierno leal al pueblo decidirá, bajo las leyes, que es lo que corresponderá para recuperar nuestros bienes, pero (las empresas extranjeras) no van a poder argumentar que hubo una decisión momentánea o de hígado lo estamos documentado todo jurídicamente”, dijo.
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