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Por: Redacción Revolución / 9 julio, 2015
(09 de julio, 2015).- Expertos en derechos humanos coinciden en la necesidad de una investigación imparcial, independiente y efectiva sobre los implicados en las ejecuciones extrajudiciales en el caso Tlatlaya, la cual debe incluir a cualquier jefe militar u otra persona con responsabilidad en la cadena de mando.
Respecto de la ejecución extrajudicial de por lo menos 12 de los 22 muertos, es necesario conocer quién dio la orden, exhibió el especialista en derechos humanos de la Universidad Iberoamericana, Santiago Corcuera Cabezut.
A título personal, el también integrante del Comité sobre las Desapariciones Forzadas de la ONU explicó que cuando un efectivo de las fuerzas armadas recibe una orden ilegal -en materia de tortura y ejecuciones- la obediencia no aplica. Sin embargo, para el especialista es necesaria una investigación al respecto para deslindar responsabilidades o llevar ante la justicia al presunto responsable.
Para hacer un recuento de lo que pasó en Tlatlaya se expondrán de manera breve las dos versiones de lo ocurrido, una pertenece a versión oficial de autoridades oficiales y la otra a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El 30 de junio del 2014, 22 personas que presuntamente pertenecían a una banda armada en Tlatlaya (México) murieron a manos de soldados en lo que las autoridades federales habían informado de este hecho como un enfrentamiento con hombres armados.
La CNDH estableció que al menos 12 de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, la Procuraduría General de la República ha procesado a siete militares por la muerte de ocho civiles, y afirma que el resto murió durante la operación.
Dadas las circunstancias de las dos versiones se hizo más fuerte la presión social en el caso y el pasado 2 de julio de 2015, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (también conocido como Prodh) presentó en conferencia de prensa su informe: Tlatlaya a un año: la orden fue abatir. Hoy, gracias a la persistencia de la testigo que aparece en el informe como Julia, podemos saber que lo que en su momento se presentó como un enfrentamiento entre el Ejército y la delincuencia, en realidad fue una masacre. El informe documenta por primera vez “la existencia de órdenes expresas que fungen como verdaderos incentivos para la comisión de violaciones graves a derechos humanos”.
Sobre el tema, el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, a un año del acontecimiento exhibió que “no ha habido ninguna investigación sobre la cadena de mando implicada en el caso Tlatlaya”.
Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América, indicó que “aunque en la orden se hacen varios llamamientos generales a respetar las normas de derechos humanos, el lenguaje empleado en la parte crucial del documento parece indicar que los soldados recibieron instrucciones de matar a presuntos delincuentes”.
Con información de El Economista
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