En peligro sistemas comunitarios de agua; PRI busca apoderarse de red construida con recursos del pueblo

Por: Edgar Rosas / 15 julio, 2015

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(15 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Los sistemas comunitarios de agua potable han sido la solución para diversos pueblos que, ante la falta de voluntad política para desarrollar infraestructura que abastezca del vital líquido a las comunidades,  han tomado en sus manos la realización de sistemas que les permitan contar con el recurso y gestionarlo desde la propia comunidad.

Sin embargo, ante este embate de las autoridades que buscan concentrar el manejo del agua para luego privatizarlo, estos sistemas han sido el blanco de iniciativas que pretenden deshacerlos en aras de que los gobiernos tomen control de ellos.

Este es el caso del Estado de México. Diversas organizaciones y representantes de los sistemas comunitarios de aguas de algunos municipios mexiquenses han demandado que desde el Congreso local se ha configurado una agresión a estos sistemas donde la ciudadanía gestiona el recurso.

De acuerdo a los demandantes, el diputado priísta Amador Monroy, presentó una iniciativa para modificar la Ley de Agua vigente en el Edomex, a través de la cual pretende despojar y municipalizar esta clase de sistemas comunitarios, es decir que los ayuntamientos tomen el control de lo que legítimamente es de las comunidades. Sin embargo, detallan, la intención final de la iniciativa es privatizar el servicio de agua potable en todo el territorio mexiquense.

En palabras de Ricardo Vando Ramírez, integrante de coordinadora “Agua para todos, agua para la vida”, esta iniciativa presentada en el Edomex es inconstitucional debido a que va en contra de los derechos humanos.

Manifestó que esta intención de modificar la ley para municipalizar los sistemas comunitarios es grave, puesto que en México esta clase de esquemas les han funcionado a las comunidades. Añadió que los sistemas comunitarios no son nuevos y que han tenido presencia desde la época de la colonia.

En tal sentido, Vando Ramírez dijo que esta iniciativa va en contra de la Constitución puesto que contradice lo establecido en el artículo 4to de la Carta Magna, donde se reconoce la participación de la ciudadanía en el manejo del vital líquido.

“Con la modificación al artículo 4to en el 2012 se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y además se reconoció la participación de la ciudadanía en la consecución de ese derecho. Esta elevación a rango constitucional no es más que un reconocimiento de lo que venía sucediendo desde años, que es la participación de la ciudadana en la gestión hídrica para poder cumplir con el derecho humano al agua, porque como en el caso de Tecámac hubo en tiempo en que se secó la laguna de Xaltocan, los pueblos solo quedaron con los jagüeyes, que son vasos captadores de agua de lluvia y el pueblo se surtía de esa agua, pero cuando estos desaparecieron, el pueblo tuvo que tomar la decisión de hacer los primeros pozos, y hablamos de los años 50, esto ante la falta de acción del gobierno”, explicó.

De igual forma,  manifestó que la iniciativa, bajo la careta de reconocer los sistemas comunitarios, da la facultad a los ediles para tener el control, con lo que el presidente municipal tendrá la última palabra y podrá remover a los integrantes de los comités.

“Creemos que es anticonstitucional porque viola el artículo 1ro, en donde se reconoce que los tratado firmados en materia de DDHH tendrán el mismo valor que la Constitución, en este caso hay un tratado de pueblos indígenas en donde se reconoce la personalidad y derechos que tienen los pueblos originarios a la consulta. También existe otro ordenamiento internacional que es la Observación General 15 donde se habla en el párrafo 21 que los Estados se abstendrán en entrometerse arbitrariamente en los sistemas consuetudinarios de agua de los pueblos”, dijo.

Ricardo Vando manifestó que es posible encontrar en el trasfondo de la iniciativa la intención del desarrollo de megaproyectos así como permitir el crecimiento desmedido de la mancha urbana a través de concesiones inmobiliarias, pues al poseer el control del recurso, podrán otorgar los permisos necesarios y surtir del vital líquido a las empresas.

“Todo lo que plantea Monroy va en contra de la Constitución, y lo que está detrás de todo esto es, lo podemos afirmar, el asunto de los megaproyectos. También no debemos olvidar que un número considerable de municipios del Edomex ya forma parte del área conurbada de la Cd. De México y para ellos es importante tener el control del agua para poder seguir fomentando el crecimiento de la vivienda de una manera anárquica y salvaje.  De hecho nosotros consideramos que el deseo de esta ley, uno de los deseos, es controlar eso para facilitarles a las grandes inmobiliarias las cantidades de agua que ellos requieren para poder seguir autorizando miles de viviendas en todas la corona de ciudades que rodean la Cd. De México”, expuso.

Aunado a lo anterior señaló que la iniciativa priísta presentada en el congreso mexiquense busca también la privatización de los servicios de agua potable. En este sentido mencionó casos donde esto ya se está logrando. De manera particular el caso de Veracruz donde en la zona del Puerto y Boca del Rio se ha privatizado a favor de una empresa brasileña.

“El proceso de privatización de agua, el proceso de despojo de los sistemas comunitarios es algo que es contrario a los DDHH, a la Constitución, y por lo tanto hay que combatirlo. En ‘Agua para todos’ nos dimos a la tarea de hacer una propuesta en donde sí se reconoce la personalidad jurídica de los sistemas independientes, con la capacidad de participar en el desarrollo; esa iniciativa está en el Senado apoyado por 20 legisladores. Buscamos ejercer el buen gobierno del agua que es lo que requiere el país ante la grave crisis hídrica que vivimos: sobreexplotación de acuíferos, contaminación de ríos, lagos, zonas costeras”,  puntualizó.

Ricardo Vando añadió que hoy en día se pueden contabilizar más de 2,500 sistemas de operadores ciudadanos de agua en todo el país, que han venido ejerciendo esta gestión, con base a usos y costumbres.

…

El Dr. Mateo Martinez, presidente del Sistema de Agua Portable de Tecámac, habló sobre esta iniciativa que pretende quitar el control de vital líquido a las comunidades que han desarrollado su propio sistema. Dijo que esta iniciativa representa una amenaza puesto que “quieren despojarnos de nuestro sistema”.

En este sentido hizo mención sobre cómo funciona el sistema comunitario de agua potable desarrollado en su comunidad. Manifestó que hoy en día abastece a 4 mil usuarios y que el servicio se divide en comercial y doméstico.

“Todos pagan de acuerdo al consumo de agua. Cada dos meses les proporcionamos 20 metros cúbicos y por esa cantidad nos pagan 100 pesos bimestrales. Quien se pasa de esa cantidad, todo tienen medidor, pagan cuota extra”, dijo.

Por su parte Jacobo Espinoza de la Unión de Comités de Agua del Oriente del Estado de México, expresó su preocupación por la iniciativa presentada pues fomenta la asimilación forzada. Manifestó que esta iniciativa antena contra el derecho a no ser sometido a la destrucción de la cultura de las comunidades ni a cualquier acto que tenga como objetivo quitarles sus tierras, recursos, estos contenido en la declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Esta iniciativa niega la autodeterminación de los recursos de los pueblos. Se está legitimando el quitarle el manejo ciudadano del agua violando tratados internacionales” expuso.

Por otro lado José Antonio Lara, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrilleros, expuso que la iniciativa “pretende tomar control de los sistemas autónomos pero lo que no dice es que el recurso económico para construir esas redes, en el 95% sino es que el 100% viene del pueblo. Es decir el Estado a través de sus municipios, o entidades o la propia federación no puso ni un solo peso para construir esos sistemas autónomos, y es en sí un despojo abierto y cínico de los recursos”.

Aunado a lo anterior mencionó que hoy en día el Edomex vive una situación difícil en cuanto al acoso de los defensores de los recursos. Detalló que en lo que va la administración de Eruviel Ávila han registrado más de 150 agresiones en contra de personas que defienden los recursos contra el despojo.

“El gobierno de Edomex se sigue caracterizando por su política represiva hacia pueblos y comunidades. Y no dejaría de puntualizar que el Edomex está sonando en temas de conflicto en defensa del territorio y recurso. Es de destacarse que el Edomex es la entidad de donde emana el presidente EPN y no es casualidad que la implementación pública y política de los megaproyectos y del despojo de recursos naturales justamente se está acentuando en la entidad donde ellos tienen el control histórico, y cuando digo ellos me refiero al grupo Atlacomulco y al grupo en el poder que hoy controla el gobierno federal”, sentenció.

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