En Chiapas, inmuebles particulares son utilizados por policías para torturar; víctimas son indígenas y campesinos

Por: Emma Martínez / 3 julio, 2015

(03 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Hiber Audentino García Villafuerte, fue detenido a las 06:30 de la mañana, por Daniel García Zárate y Eduardo López Vázquez, elementos de la policía especializada de la PGJE, quienes lo trasladaron a la fuerza a las instalaciones del Ministerio Público de Somojovel, Chiapas, esto mientras amenazaban con agredirlo físicamente si no se declaraba culpable del robo de una camioneta.

Al llegar a las instalaciones de la dependencia no entró a las oficinas centrales, sino que fue trasladado a un cuarto, donde lo introdujeron para golpearlo, primero con una pistola, luego le proporcionaron puñetazos en el tórax y en la cabeza, mientras lo insultaban y preguntaban dónde se encontraba el vehículo robado.

Hiber se encontraba esposado y ante las palabras y los golpes, comenzó a sentirse tenso, iba esposado y al contestarles que no sabía dónde se encontraba el carro que supuestamente se había robado, le vendaron los ojos y le colocaron una bolsa negra en la cabeza. Esto de manera intermitente durante quince minutos.

También fue inmovilizado; mientras un policía le sujetaba ambos brazos hacia atrás en el respaldo de una silla, Hiber era nuevamente golpeado en el tórax, en los costados y le dieron un fuerte golpe en la cabeza que le hizo perder el sentido seis horas. Más tarde, otro policía le dio un puñetazo en la cara y después, aproximadamente a las seis de la tarde, lo obligaron, con amenazas y violencia física, a firmar una declaración para posteriormente trasladarlo a la cárcel distrital de Simojovel.

Hiber permanece en la cárcel, con violaciones al debido proceso y, según lo documentado por el Frayba, no existen pruebas en su contra, incluso el carro apareció días después y dado a que no hay objeto robado no subsiste el delito, además se suma la falta de elementos que no sustentan las acusaciones en su contra.

En Chiapas se ha comenzado a intensificar tanto los casos de tortura, como la existencia de ‘casas de seguridad’, donde se cometen éstos actos. Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas de marzo del 2013 a marzo del 2014, en Chiapas se registraron 18 eventos en donde se cometió, al menos, un acto de tortura.

Los municipios en donde se llevaron a cabo estos actos son: Tuxtla Gutiérrez (7), Tapachula (2), Chenalhó (2) y con un acto cada uno en Simojovel, Maravilla Tenejapa, Arriaga, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Sabanilla, Acala. En cuanto a las víctimas, 15 son hombres (uno de ellos menor de edad) y 3 mujeres. Dos de las víctimas murieron bajo custodia policial, presumiblemente a causa de los golpes recibidos, uno en el municipio de Acala: José Rolando Pérez de la Cruz y otro en Tapachula: Carlos Alberto Trujillo Ramos.

Jorge  Hernández, encargado de incidencia internacional de Frayba, explica a Revolución TRESPUNTOCERO, que “en el estado, la  tortura es utilizada para justificar que se ha investigado un delito. Existiendo mayor vulnerabilidad de padecerla, en el lapso que va desde el momento de la detención, hasta la puesta a disposición ante una autoridad judicial,  tiempo que pueden ser horas o incluso días, es ahí cuando el detenido se encuentra expuesto, porque básicamente está bajo custodia de policías que lo capturaron, sin que la autoridad judicial esté enterada al respecto y en ese sentido las llamadas casas de seguridad, juegan un papel importante”.

Hernández explica, que “las casas de seguridad son en su mayoría inmuebles particulares, que han sido rentados o incautados por cualquier otro delito, y que está bajo resguardo policial, y al mismo tiempo sirven justamente para ejecutar la tortura de los detenidos, antes de llegar a las inmediaciones de las dependencias, para declararse culpables, después de los abusos físicos”.

Otro espacio (catalogado por mantener ‘casas de seguridad’) en el que se practica tortura a detenidos, a decir por Hernández, es la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), puntualmente la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FEDCO), encargada de delitos graves; “de esta dependencia, hemos tenido la mayor cantidad de denuncias, reconociendo que la dependencia es un búnker, prácticamente inaccesible, ya que se aplica la violencia física y psicológica, no solamente en los separos, sino también en sótanos destinados exclusivamente para dicha práctica.

Sin dejar de mencionar, los vehículos que trasladan a los detenidos, muchas veces no oficiales, ya que no tienen identificación oficial de la corporación policiaca a la que pertenecen y tampoco llevan una placa.

De marzo de 2014 a mayo de 2015, Frayba ha documentado poco más de 62 víctimas de tortura. La mayoría de ellas, mantienen como características, que son hombres entre 26 y 45 años, de comunidades indígenas y campesinas, que no hablan el español, convirtiéndolos en individuos vulnerables, ya que se suma su pobreza, escasos recursos y analfabetismo, que deriva en no tener acceso a una legítima defensa.

“Aunque el Estado afirma que en sus averiguaciones previas, estos individuos tuvieron un abogado, las investigaciones que hemos realizado demuestran, que en realidad solamente cumplieron el requisito de estar presentes, siendo un abogado impuesto por el sistema judicial, nada más presentó su cédula profesional, sin argumentar nada en contra de las acusaciones”, sentencia Hernández.

Sin embargo, en todos los casos está presente la tortura en ‘casas de seguridad’, relacionados directamente con el Ministerio Público, la FEDCO, Fiscalía de Distrito Metropolitanos, la Fiscalía de Justicia Indígena, distintos fiscales del MP, ministerio público, policías municipales, principalmente los de Teopisca, Chilón y Ocosingo, Policía Estatal Preventiva, Policía Especializada y también algunos casos elementos de la Policía Federal.

“El Estado es conocedor de todo lo que sucede, incluso el relator de Naciones Unidas visitó Chiapas el año pasado, y se presentó con autoridades estatales, e incluyó a Chiapas, por su incidencia en la tortura. Es por ello y pruebas documentadas, que aseguramos que el gobierno chiapaneco, no desconoce estos tipos de actos en las llamadas casas de seguridad, sin embargo consciente el problema, y lo cuando tiene en la Secretaría de  Seguridad y Protección Ciudadana al licenciado Jorge Luis Llaven Abarca, a quien la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de DerechosHumanos (CEDH), le emitieron, antes de ocupar dicho puesto, una recomendación, donde se le vinculaba con acciones de tortura”, señala Hernández.

Agregando que dicha situación la conocía el actual gobernador, pero se le reiteraron, diversas organizaciones civiles nacionales, incluso internacionales, no solamente de manera pública, sino también en reuniones privadas, sin embargo “él demostró que no eran importante dichas recomendaciones”.

Es así como, “tenemos una lectura de lo que significa la tortura para el gobernador actual. Además en la práctica no se tipifica dicha acción, siempre se califica como lesiones simples o incluso, cuando son muertos por detención, se sanciona como abusos de autoridad, ni siquiera por homicidio, por lo tanto existe una protección, por parte de las autoridades, hacía los responsables de estos actos”, afirma Hernández.

“Es así como el gobierno envía la señal del ‘yo te protejo’, a los perpetradores, creando un círculo de impunidad y al mismo tiempo, un mensaje de advertencia a la sociedad, ‘si sigues manifestándote, provocándome, si sigues siendo un desestabilizador social, esto es lo que te puede pasar’. Este tipo de problemáticas graves no se trata de leyes, ya que las chiapanecas son una de las mejores en el país en cuanto al concepto de tortura. Sino que no se aplican, ya que se truncaría el método de represión”, comenta Hernández.

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