El Estado mexicano no ha cumplido con su deber de investigar las graves violaciones ocurridas en Tlatlaya: Cejil

Por: Redacción Revolución / 7 julio, 2015

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(07 de julio, 2015).- En un pronunciamiento fechado en San José, Costa Rica, donde se encuentra una de sus sedes en la región, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) se refirió al reciente informe del Centro Pro de Derechos Humanos, en el que se hizo pública una orden de la cadena de mando militar dirigida al batallón 102 de infantería que participó en los hechos, en la cual se señala que el objetivo era “abatir delincuentes en horas de oscuridad” en sus operaciones de vigilancia en Tlatlaya (30 de junio del 2014), municipio del estado de México que colinda con el de Guerrero.

La organización regional que tiene estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacó que ese día 22 personas murieron en el marco de una operación militar.

La versión oficial aseguró que todos los fallecimientos sucedieron como consecuencia de un enfrentamiento; sin embargo, fuentes periodísticas y el testimonio de una persona sobreviviente revelaron que una gran mayoría de las víctimas había sido ejecutadas después de finalizado el enfrentamiento. No obstante la gravedad de lo ocurrido, el Estado mexicano está faltando a su deber de debida diligencia al investigar este caso, manifestó el Cejil a través de un posicionamiento oficial.

El Cejil expresa una serie de preocupaciones por las irregularidades cometidas en torno a la investigación. La primera, que se haya abierto una investigación en la jurisdicción militar paralela a la que se lleva en la sede penal ordinaria, ello pese a la reforma al fuero militar que excluyó el uso de la jurisdicción militar en casos en que las víctimas sean civiles, como es el de referencia.

Otra de ellas es que la Procuraduría General de la República (PGR) sólo haya procesado a siete militares por la muerte de ocho civiles, obviando así la prueba que indica que más personas habrían sido ejecutadas. La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que fueron ejecutadas entre 12 y 15 personas, de las 22 que perdieron la vida

La más grave aún, dice el Cejil, es la existencia del documento militar denominado Orden general de operaciones de la base San Antonio del Rosario, en el que expresamente se ordena que “las tropas deberán operar en la noche y en el día reducir la actividad, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

Y aunque en el mismo documento en otros párrafos señala que se deben respetar los derechos humanos, la contundencia del primer párrafo citado genera al menos una confusión que en contextos de lucha contra el crimen organizado, como el mexicano, favorece la arbitrariedad y el abuso de poder, dijo el centro, que tiene como misión contribuir al goce de los derechos humanos en las naciones miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Con información de La Jornada

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