Ejército, único que disparó en Ostula, comuneros fueron desarmados por federales; soldados clamaban por Templarios

Por: Cecilia Balderas / 22 julio, 2015

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(22 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- “A través de los altavoces de sus tanquetas se escuchaba: ¡arriba Los Caballeros Templarios! Los soldados, al pasar por la encargadura de la Ixtapilla, de un modo sorprendente, empezaron a disparar en contra de las casas y la población civil que se encontraba en el lugar”, narró Agustín Vera, vocero y jefe de tenencia de Santa María Ostula, sobre la entrada de Policía Federal, elementos de la Marina y del Batallón 86 del Ejército mexicano a su comunidad.

El operativo –apoyado por dos helicópteros artillados- tenía como objetivo desarticular los retenes que vecinos de la zona habían puesto en varios puntos de la carretera federal 200: a la altura de Xayakalan, el crucero de Ostula, El Duín e Ixcapilla, como parte de las manifestaciones para exigir la liberación de Cemeí Verdía, comandante general de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula y Coordinador de los Autodefensas y Comunitarios de Aquila, Coalcomán, Chinicuila y Coahuayana, detenido por el Ejército cuando acudió a un llamado del gobierno del estado.

Agustín Vera sostuvo que las declaraciones hechas por mandos del Ejército son falsas y que la población de su comunidad no respondió a la agresión de los uniformados, sino que se retiró de la zona luego de escuchar las detonaciones de arma de fuego de los uniformados; previamente los policías comunitarios habían sido desarmados por federales quienes les también les quitaron sus radios de comunicación.

Minutos después de la agresión, cuando se disipó el humo de los gases lacrimógenos que les lanzaron los uniformados, los pobladores de la comunidad se percataron que había varios lesionados para quienes solicitaron atención médica. Otra parte de la población se reunió para llevar a cabo una asamblea.

Vera, al igual que varios de los vecinos de la zona, no tiene certeza de regresar sano y salvo a su comunidad; teme por su seguridad e integridad física no solo ante posibles agresiones de los criminales, sino del mismo gobierno.

“Existe un miedo, nosotros hemos sido atacados violentamente desde hace muchos años atrás; nuestro miedo es que haya más huérfanos, más familias con sufrimiento y que nadie haga nada. Es algo que nos atemoriza, pero tenemos que fortalecernos y eso hace que busquemos que la comunidad viva más unida, que nos organicemos más de lo que ya estamos…no sentimos confianza del gobierno, no sabemos ni con quién estamos hablando”, abundó Vera.

Ezequiel Celestino, presidente del Consejo de Vigilancia de Ostula, recordó al gobierno federal y estatal que la comunidad se rige por usos y costumbres, por lo que tiene la facultad de decidir cómo organizar, incluso, su seguridad y la de la población.

“Queremos pedirles que respeten nuestros usos y costumbres, porque es la única manera en que podemos tener una vida más tranquila; estamos comprometidos en vigilar a nuestras familias, a que no entren extraños sin autorización, no queremos que haya más violencia en nuestra comunidad no queremos perder a más familias porque todos somos de carne y hueso. Exigimos al gobierno que respete a todas nuestras comunidades hermanas indígenas”, dijo Celestino.

Sobre la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la problemática, los comuneros señalaron que se percataron de la llegada de personal de la dependencia, acompañado de un agente del Ministerio Público, pero desconocen los avances que haya hecho.

Las autoridades de Ostula exigieron la liberación inmediata de Cemeí Verdía, así como el retiro de los cargos que se le imputan; castigo a los mandos e integrantes de las corporaciones militares y policiacas que asesinaron a Edilberto Reyes García e hirieron y golpearon a comuneros, así como a quienes destruyeron bienes de la comunidad.

También solicitaron la reparación de los daños causados a la comunidad, la devolución de equipo de comunicación, identificaciones y el sello del Consejo de Vigilancia; la presentación con vida de los comuneros desaparecidos y el castigo a los autores materiales e intelectuales del asesinato del resto de sus compañeros, así como respeto y garantías para el funcionamiento de las policías comunitarias en Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Coalcomán.

Gobierno sin palabra

El 16 de marzo pasado, en reunión con el secretario de Seguridad Pública del estado, Javier Ocampo García y con el subsecretario de la misma dependencia, Adolfo Eloy Peralta, los comuneros pactaron el reconocimiento y respeto a la policía comunitaria, lo que en esencia, legalizaba la actuación de los civiles armados, incluido Verdía.

También acordaron que serían incluidos en la Fuerza Rural del municipio de Aquila –a través de la asignación de 50 plazas- la expedición de una credencial temporal, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, para identificar a los comunitarios, además del registro correspondiente de las armas que portarían en los comunitarios en el cumplimiento de sus deberes, mismas que fueron asignadas y entregadas por el mismo gobierno.

En la misma reunión, los funcionarios públicos se comprometieron a capturar a los principales líderes del crimen organizado que opera en la región y una vez concluidas las detenciones, los comuneros entregarían las armas; sin embargo, Cemeí Verdía, fue privado de la libertad, en lugar de los criminales.

A pesar de la gravedad de los hechos ocurridos el pasado domingo, ni el gobierno federal ni el estatal, ha intentado comunicarse con los representantes de la comunidad.

Verdía: detenido o muerto

Minutos después de su detención –la mañana del pasado domingo 19- Verdía fue trasladado en helicóptero a la ciudad de Morelia, acusado de portación de armas de uso exclusivo del Ejército y de supuestamente haber quemado papelería electoral, acusaciones que Vera califica de falsas y de meros pretexto para afectar la organización de la comunidad y favorecer así, los intereses de Los Templarios.

Mientras Verdía era detenido, uniformados del Batallón 86 –que trataban de confundir a los pobladores diciéndoles que pertenecían al Batallón 65- amedrentaban a los vecinos y un grupo de federales, despojó a los comunitarios de Aquila de sus armas y radios de comunicación.

Cerca de las cinco de la tarde policías estatales, federales y marinos, “con lujo de violencia y destruyendo lo que había a su paso, incluidos varios vehículos de la comunidad, pasaron por sobre los retenes tirando balazos, golpeando con macanas a quienes estaban a su alcance, arrojando gases lacrimógenos y deteniendo a los comuneros que podían. Al contingente se sumó el Batallón 86 del Ejército, que se encontraba al interior de la comunidad”, narró el vocero.

El resultado de la agresión: el asesinato de Edilberto Reyes García, menor de 12 años, a quien un disparo le atravesara el cráneo. Yeimi Nataly Pineda Reyes, de seis años; Edith Balbino Vera, Delfino Antonio Alejo Ramos, de 17; Horacio Valladares Manuel, de 32 años; José Nicodemos Macías Zambrano, de 21 y Melesio Cristino Dirzio, de 60, resultaron heridos.

Pero la “cacería” de Verdía se preparó desde mucho antes. El pretexto, fueron las armas, aunque las que portaba el líder comunero le habían sido asignadas y entregadas por el gobierno del estado y estaban debidamente registradas; el comunitario era reconocido como parte del gobierno, incluso, la administración de la entidad cubría su sueldo. Las autoridades de Ostula poseen los talones de pago que lo comprueban.

Sobre la detención de Cemeí Verdía, Vera asegura que las autoridades “le apostaban el todo por el todo (para detenerlo) antes del siete de junio; el objetivo era matarlo o detenerlo porque era un obstáculo para que estas personas desarrollaran sus actividades, tanto con políticas, como otras cosas”, apuntó.

“El problema de Cemeí, es que le estorba a todos, al sistema, a los grandes intereses, no lo quieren ver allá afuera…la Fuerza Ciudadana bajó hasta la cabecera comunal de Aquila ese mismo día (el domingo) por la noche. Entraron por un lugar que se llama La Estansuela para llegar a la casa de Cemeí y quemarla; compañeros nos avisaron que llevaban armas para sembrarlas y acusarlo de tener otro armamento en su casa”, narró el vocero de la comunidad.

Las horas que Verdía estuvo en Morelia, permaneció prácticamente incomunicado, pues autoridades estatales amenazaron con detener y encarcelar a cualquier persona que intentara verlo; a través de los retenes instalados por el Ejército en la zona de la costa, los vecinos de Ostula y otras comunidades eran advertidos para que no intentaran ayudar a su comandante.

“Si eres gente que apoya a Cemeí, te va a ir mal”, repetían los uniformados a los transeúntes.

Lucha de antaño

Pero las agresiones e inseguridad que se vive en la región no son nuevas.

Vera recuerda que en junio de 2009, la comunidad decidió organizarse para recuperar un territorio invadido por “pequeños propietarios”: uno de ellos, jefe de plaza de Los Caballeros Templarios; el otro, un líder cacique del municipio, simpatizante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Desde ese momento nos amenazaron, nos dijeron que iban a acabar con todos nuestros líderes para que la comunidad dejara de luchar y efectivamente, lo están haciendo. Ya nos mataron a 32 líderes naturales y desaparecieron a seis. El más reciente cayó el 25 de mayo”, puntualizó.

Gerardo Camacho de la Cruz, del Equipo de apoyo a la comunidad de Santa María Ostula, señaló que de 2008 a la fecha, ha habido 32 asesinatos en la comunidad y seis personas, que tenían cargos agrarios, se encuentran desaparecidas desde febrero de 2010. Hasta hoy, no hay avances en las investigaciones a cargo del gobierno de la entidad.

Fernando Ríos, de la Red Nacional de Organizaciones Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, afirmó: “es de extrema gravedad lo que está sucediendo, es como aquí se dijo: abatir en la oscuridad. Hay cosas muy semejantes que nos preocupan a raíz de lo que estamos viviendo en el país, que los militares sigan, con sus acciones, atentando contra el Estado de derecho”.

Exigió que se garantice la vida e integridad de la población de Ostula, pues “la vulnerabilidad de estas comunidades continúa; no ha terminado el riesgo bajo el que están sometidos y es muy importante seguir visibilizando lo que pasa. Ha habido varias personas asesinadas en los últimos años y nos preocupa porque son líderes comunitarios, son enfrentados por el crimen organizado, por las mineras y también por grupos gubernamentales como el Ejército”.

Ríos agregó que “el Estado ha ejercito una represión sistemática en contra de los líderes comunitarios; Cemeí Verdía es un compañero más que se une a la lista de Suástegui, Mireles, Mario Luna, Fernando Jiménez, todos ellos líderes comunitarios que, en defensa de los derechos sociales, económicos y culturales de su pueblo, son apresados”.

En su participación, Jorge Luis Hernández, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas -organización que ha trabajado de la mano con los comuneros de Ostula- declaró: “manifestamos nuestro repudio a la acción del Ejército mexicano y lo hacemos responsable de la muerte del menor Edilberto Reyes García, así como de la privación arbitraria de la libertad del compañero Cemeí Verdía…vemos esto como una acción represiva del Ejército mexicano”.

Pacto institucional con el crimen organizado

Agustín Vera, vocero de la comunidad, denunció que el gobierno del estado está involucrado con el narcotráfico.

Narró que en 2009, la comunidad solicitó al gobierno federal y al de Michoacán, la instalación de un destacamento de la Secretaría de Marina (Semar) para que vigilaran la zona, ante el miedo de la población de que Los Caballeros Templarios entraran a agredirlos.

“Creíamos en el gobierno pero no funcionó. El destacamento de la Marina no funcionó para la comunidad, les sirvió a ellos (el crimen organizado), porque llegaban al pueblo de Ostula entre 20 y 50 camionetas con gente armada; tiraban balazos, sacaban a las personas de sus casas, a algunas las dejaban ahí, muertas, a otras se las llevaban y ya nunca aparecieron. Pasaban hasta ocho horas y la Marina no hacía nada porque decía que no tenían órdenes. Cuando salían Los Caballeros Templarios de la comunidad, la Marina únicamente iba a levantar los cadáveres”, subrayó.

La desconfianza se hizo más grande, luego de que miembros de la misma comunidad observaran a elementos de la Marina, en distintas ocasiones, paseando con los “jefes de plaza” del grupo criminal.

Durante la incursión de las fuerzas armadas a la comunidad, el domingo pasado, elementos del Ejército mexicano vitoreaban a los delincuentes: “¡Vivan los Caballeros Templarios!”, recuerda Vera antes de sentenciar: “más claro, ni el agua”.

Ríos afirma que la detención de Cemeí Verdia “es un acto que ya estaba anunciado previamente; el crimen organizado había anunciado su asesinato”; sin embargo, este hecho, realizado por las fuerzas del Estado “nos preocupa gravemente porque encontramos un posible contubernio del crimen organizado con el Estado y con el Ejército para hacer esto posible”.

Agustín Vera, subrayó que existe complicidad entre el gobierno federal, estatal, así como de los altos mandos castrenses, con la delincuencia organizada para atacar y agredir a la población de las comunidades de la región.

“Es sorprendente que mientras las comunidades tienen decenas de vecinos y comuneros asesinados y desaparecidos por el crimen organizado, los jefes del cártel de Los Caballeros Templarios en la región, Federico González Medina, alias Lico y Mario Álvarez López, aliasEl Chacal, estén libres y protegidos por el gobierno”, concluyó.

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