Desde Calderón México en espiral de violencia; se deben implementar medidas que garanticen respeto a los DDHH

Por: Edgar Rosas / 22 julio, 2015

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(22 de julio, 2015).- Para diversas organizaciones sociales e instituciones académicas, las políticas en materia antidrogas a nivel mundial no han dado los resultados que se esperaban. En primera instancia, aseguran que no se ha alcanzado el objetivo de reducir la producción y comercialización de estupefacientes, además que no se ha logrado disminuir el mercado de consumo.

 De acuerdo a información de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) los mercados de droga ilegal en el mundo, así como el consumo de estupefacientes, han crecido, esto a pesar de las políticas establecidas para prohibir la utilización de las drogas.

 En este sentido, menciona que de acuerdo a datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), de 1998 a 2008 se registró un aumento en el consumo de diversas drogas. De manera detalla se explicó que el consumo de los opiáceos presentó un aumento del 34.5%, mientras que la cocaína y la mariguana un 27% y 8.5% respectivamente.

 En el caso mexicano, para la CMDPDH la estrategia tomada en el 2006 para combatir al narcotráfico, la cual tomó como bandera la salvaguarda de la juventud para evitar que cayeran en el consumo de las drogas,  no logró el objetivo y por el contrario los niveles de violencia, inseguridad y corrupción aumentaron.

 “En México, los resultados del régimen internacional de control y fiscalización de drogas han sido devastadores. Desde el 2006 que el ex presidente Felipe Calderón declaró una guerra frontal contra la delincuencia organizada con ‘el objeto de salvar a nuestros niños y jóvenes de las garras de las drogas y las adicciones’, los índices de violencia, inseguridad y corrupción aumentaron alarmantemente”, expuso.

 En tal sentido, señaló que esta estrategia, en donde la militarización del país es característica principal, el contexto de violaciones a los derechos humanos ha tenido una escalada importante, al grado de registrar un crecimiento significativo en el número de quejas por abusos cometidos por fuerzas federales.

 “Lo anterior se ve reflejado en el aumento exponencial de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las fuerzas de seguridad (Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Procuraduría General del a República, Policía Federal) entre el periodo de 2006 y 2012, las cuales alcanzaron un total de 213 recomendaciones por violaciones a derechos a humanos relacionadas con la privación de la vida, tortura, trato cruel, inhumano o degradante, desaparición forzada de personas, entre otras. Esta cifra representa el 39.8% del total de recomendaciones emitidas en ese periodo, lo cual contrasta con el número total de recomendaciones que fueron emitidas en el periodo de 1990 a 2005 contra las fuerzas de seguridad, las cuales representaron el 11.7%”, enfatizó la CMDPDH.

 En este sentido agregó que la política de seguridad actual “se ve reflejada en las 4,055 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y en las 1,207 denuncias por tortura cometidas por militares; en los no menos de 70,000 homicidios dolosos relacionados con el tráfico de drogas reportados por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, de un total de 102,696 homicidios; y en las 25,821 personas desaparecidas que reporta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. De igual forma en las 8,595 personas detenidas arbitrariamente bajo la figura del arraigo tan solo a nivel federal, así como en las 281,418 personas que han sido forzadas a desplazarse internamente a causa de la violencia”.

Por esta serie de agravios que ha generado la política de seguridad en el marco del combate al narcotráfico, la CMDPDH, junto a diversas organizaciones que participaron en el Foro Internacional Política de Drogas y Derechos Humanos, aseguraron que el país está en una etapa en donde debe repensar la política antidroga utilizada hoy en día, esto en aras de implementar estrategias que no representen una amenaza para la seguridad ciudadana, respete la dignidad de las personas y los derechos humanos. Además que garantice la seguridad pública, y se promueva acciones que desde la sociedad impulsen el debilitamiento del crimen organizado.

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 Diversos personajes han calificado a la actual política de seguridad-la cual emplea a las fuerzas castrenses en acciones de seguridad pública- como un error que se debe corregir si México pretende superar la crisis de derechos humanos.

En tal sentido, Santiago Corcuera Cabezut, integrante del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha señalado que para evitar violaciones de derechos humanos por parte de militares la solución está en regresar al ejército a los cuarteles.

 Manifestó que las violaciones a los derechos humanos aumentaron gracias a la presencia de militares en las calles, y aseguró que se debe entender que el Ejército no está entrenado para realizar labores de seguridad pública. Añadió que desde el gobierno de Calderón y su declaratorio de guerra al narcotráfico, México cayó en una espiral de violencia.

En este sentido, casos como Tlatlaya y más recientemente el ataque a la comunidad de Ostula en Michoacán, han sido calificados como una muestra de lo que ha representado la militarización del país.

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