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Derechos Humanos solicita indemnización a familiares de víctima estrangulada por agentes municipales de Chihuahua

Por:  / 21 julio, 2015
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(21 de julio, 2015).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación al presidente municipal de Chihuahua, Enrique Serrano Escobar, para que en sesión de cabildo se discuta indemnizar a familiares de Miguel Ángel González Parra, de 41 años de edad, quien fue torturado y estrangulado por dos agentes municipales.
La CEDH informó que el homicidio fue perpetrado en mayo de 2013, cuando elementos de la secretaría de seguridad pública municipal –entonces a cargo de Julián Leyzaola Pérez– privaron ilegalmente de la libertad a Miguel Ángel González, quien fue localizado sin vida en la Sierra de Juárez, a un costado del Periférico de Camino Real. Según el peritaje, González Parra “murió de asfixia, tras haber sido sometido a una severa tortura”.
En respuesta, Leyzaola Pérez detuvo a los agentes preventivos a cargo de la patrulla P-467, Sidar Alejandro Delgado Acevedo y Santiago Yáñez Briano. Óscar García Calderón, quien también habría participado, sigue prófugo.
Delgado Acevedo y Yáñez Briano confesaron haber matado a Miguel Ángel González, y fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado acusados de homicidio agravado y abuso de autoridad.
Los familiares de González Parra presentaron una queja ante la CEDH el 13 de mayo de 2013. El organismo pidió al presidente municipal que se sancione a los policías implicados y que se repare el daño ocasionado.
“Nunca un mal elemento que ponga en duda el honor y el prestigio de esta corporación será solapado o encubierto, por el contrario, se actuará con gran fuerza para que pague por su traición a la ciudadanía”, indicó en un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública después de la captura de los dos elementos de SP.
También exigieron al edil que ordene aplicar medidas administrativas que garanticen que no vuelvan a ocurrir atropellos similares, así como dar seguimiento al asunto en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley General de Víctimas, y que se le remitan las constancias que acrediten su cumplimento.
En tanto, el estudiante Julián Contreras Álvarez y el activista Antonio Muñoz Quintana presentaron ante la FGE sendas denuncias por hostigamiento de grupos armados, el primero en Camargo y el segundo en Ciudad Juárez.
Julián Contreras narró que dos supuestos agentes ministeriales lo visitaron en su casa, en Ciudad Juárez, y lo interrogaron, con el argumento de que una estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez lo acusó de obligarla a votar por el partido Morena en las elecciones de junio pasado. A su vez, Antonio Muñoz sostuvo que presuntos agentes ministeriales intentaron secuestrarlo frente a la clínica donde labora de pasante de medicina, en la comunidad El Porvenir, municipio de Camargo, pero pobladores impidieron el plagio.
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