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“Consulta indígena” deja pendientes que atender; explotación de frecuencias por comunidades lleva 19 años prohibido

Por:  / 17 julio, 2015
radioscomunitarias
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(17 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Tras la presentación de las conclusiones de la “Consulta Indígena sobre los Lineamientos para el Otorgamiento de Concesiones” para radios comunitarias y de uso social indígena, representantes de varias organizaciones demandaron al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la reducción de los pagos de derechos y por el título de concesión, ante las condiciones de precariedad en que se desarrollan los proyectos.
Erik Coyotl Lozada, representante de la radio comunitaria Cholollan, de Tlaxcalancingo, Puebla –que hasta agosto de 2014 transmitía bajo el nombre de Axocotzin Radio, primer radio comunitaria desmantelada días antes de que entrara en vigor la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones- pidió voluntad política para que las concesiones se gestionen de la mejor manera y las comunidades realicen el trámite sin trabas.
“Se hablaba de un pago de más de 40 mil pesos que teníamos que hacer para los derechos y el título de concesión, pedimos que ese pago sea suprimido para que quedemos exentos de él las comunidades indígenas, porque definitivamente no tenemos esa capacidad económica y eso puede ser una limitante”, agregó Coyotl.
Solicitó además que se revise el espectro radioeléctrico para que se garantice a las comunidades el derecho de acceder a una concesión y que este no se vea limitado porque haya disponible “poco espacio”.
Mariana Solórzano Cruz, originaria del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, sostuvo que consultar es compartir y abrir el diálogo a la toma de decisiones para lograr un beneficio recíproco; sin embargo, “nos es difícil decir que esta fue realmente una consulta indígena…hay pendientes que atender, por lo que proponemos que nos comprometamos a que el diálogo se haga palpable en una agenda de trabajo en la que podamos atender a través de políticas públicas transversales, el tema del mejoramiento de asistencia técnica, capacitación, sostenimiento de nuestras radios y la ausencia de contenidos plurales en los medios masivos”.
Carlos Marroquín, de Contexto Radio, en Bahía de Kino, Sonora, solicitó que se explicite que el 1 % de presupuesto federal debe destinarse para apoyar a las radios comunitarias y la necesidad de que esta disposición se amplíe a los gobiernos estatales y municipales, pues estas radios no son de corte lucrativo, pero tienen que cubrir gastos como energía eléctrica, internet, etcétera.
Funcionarios del IFT señalaron que el porcentaje a que hizo referencia el comunicador está garantizado por la ley, pero el instituto no tiene facultades para obligar a los gobiernos locales para que hagan lo mismo. Sobre las reducciones en el pago de derechos, se argumentó que se trabaja con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para disminuir considerablemente los costos, sin que se especificara a cuánto ascenderían los mismos.
En su participación, Filiberto Pazos, mixteco que migró a Baja California, propuso la creación de una universidad de comunicación indígena a través de la cual se lleve a cabo la profesionalización de los comunicadores porque “la tecnología va avanzando y hay algunos pueblos indígenas en los que hace poco inició la alfabetización”.
Una preocupación generalizada entre los comunicadores participantes fue que se sigan desmantelando sus radios comunitarias, a lo que los funcionarios respondieron que se deben “agilizar los trámites”.

INALI, por la vigilancia
Rafael Eslava, titular de la Unidad de Concesiones y Servicio del IFT, señaló que “en esta película me toca ser el malo…la perspectiva del área trata de hacer más amable el trabajo, pero me toca dar entrada a las concesiones y autorizaciones que por ley se les tienen que otorgar, también me toca hacer viables los proyectos que todos los interesados plantean al instituto”.
Fabricio Gaxiola, director general de Coordinación del Instituto de Lenguas Indígenas (INALI), sostuvo en su intervención que “el acceso, uso y explotación de las frecuencias radiofónicas por parte de las comunidades y grupos indígenas, es un derecho constitucional que lleva 19 años prohibido” y señaló la necesidad de transitar hacia un modelo donde este sea ejercible.
“Esperamos que los resultados de esta consulta y sobre todo que el nuevo modelo que nos presentan, realmente permita y facilite el acceso de esto que nos ha estado inconstitucionalmente prohibido”, pero advirtió que “estaremos muy observantes a que las comunidades indígenas finalmente tengan acceso, sin trabas y sin mentiras, a una explotación de los sistemas de comunicación que son tan importantes y tan valiosos al interior de las comunidades”.
Entre los temas que fueron bien aceptados por los representantes de la radios comunitarias, destaca la posibilidad de incluir patrocinios en la programación de la concesión de uso social indígena para acreditar la capacidad económica del proyecto a través de terceras personas y la inclusión de medios como el trabajo colectivo o cartas de apoyo económico expedidas por miembros de la comunidad, como parte de la misma figura.
También la manera explícita en que se determina que las concesiones de uso social indígena tienen libertad de expresión, libertad programática y editorial; el derecho a asistencia técnica del instituto a la comunidad reconociendo los usos y costumbres de la misma; la posibilidad de que varias comunidades asociadas entre sí puedan solicitar una concesión, así como el reconocimiento de que las comunidades indígenas migrantes también pueden ejercer este derecho.
También se contempla la posibilidad de que las comunidades puedan construir sus propios equipos transmisores, el aumento en el plazo para que los pueblos indígenas desahoguen los trámites para obtener una concesión de uso social indígena, así como la ampliación del plazo para la transición de un permiso de radiodifusión a una concesión.
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