Con engaños, empresario pretende imponer su “negocio” de residuos tóxicos en el municipio de General Cepeda

Por: Emma Martínez / 29 julio, 2015

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(29 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).-  La empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte, desde hace un par de años, ha promovido los permisos necesarios, de manera oculta, para construir el Centro Integral para el Manejo de Residuos Industriales (Cimari), en una zona de tan sólo 200 kilómetros cuadrados contaría con tres instalaciones de este tipo, pues ya hay una en Mina, Nuevo León, y otra en Ramos Arizpe, Coahuila.

Ha decir por ejidatarios, “quieren hacerlo ahí porque es un pueblecito incomunicado y ellos piensan que también indefenso”. De acuerdo con información del Manifiesto de Impacto Ambiental concedido, en este basurero tóxico se confinarían metales pesados y lodos impregnados con hidrocarburos, a tan sólo 2.5 kilómetros del poblado más cercano.

Dicha compañía es propiedad del empresario Daniel Calvert y pretende imponer su ‘negocio’ “en el municipio de General Cepeda, cuyas familias habitan en un terreno semidesértico que ha vivido del  cuidado de cabras y la lechuguilla, estamos hablando de una sociedad de pastores y candelilleros, que vivían muy tranquilos, sin haber sido enterado de lo que se fraguaba a sus espaldas”, asegura a Revolución TRESPUNTOCEROJosé Luis García Valero, miembro del Comité de Vigilancia que tiene a su cargo la difusión de la problemática y sus respectivas acciones.

García Valero explica que el primer antecedente de un problema similar se dio en 1998, cuanto estuvo en la presidencia municipal del priista Rogelio Montemayor quien impulsó a su hermano Jesús Montemayor para que construyera un confinamiento de residuos  industriales en el ejido San José, “sin embargo los pobladores nos opusimos férreamente y logramos detener ese proyecto”.

“El argumento de aquel entonces, es el mismo que el de ahora. No somos un municipio industrial, no generamos residuos tóxicos y peligrosos, quien los genera es quien debe confinarlos, es verdad que la industria produce derrama económica y fuentes  de empleo, por eso donde se benefician, deben tener un basurero residual”, comenta García Valero.

A su vez explica, que este tipo de proyectos se construyen en el primer mundo, pero son estaciones muy costosas, es por eso que en México se quieren hacer en el desierto para bajar costos; “los confinamientos son necesarios, no es que no lo entendamos o que seamos irracionales y pretendamos que los residuos vayan a parar a los ríos o al mar,  entendemos que es conveniente y necesario, finalmente es menos malo confinarlos de manera controlada, nada más que creemos que se debe de hacer donde se generan”.

García Valero afirma que el gobierno no se anima a imponer leyes precisas, por lo contrario existe una serie de ambigüedades que abren nichos para que empresarios digan “aquí yo hago un negocio”,  aun cuando desde el 98 hay una clase riesgo el cual avisa que se genera dónde, y ahí mismo se confirme,  dichos confinamientos nos reciben cualquier residuo,  los que contienen los radioactivos necesitan ciertas características técnicas, los confinamientos de residuos infectocontagiosos tienen otro tipo de  requerimientos, generalmente se incineran, los tóxicos, corrosivos, inflamable y explosivos, necesitan determinado tipo de tratamiento específico para sus características, “estos tipos de males vienen aparejados con desarrollo industrial, el cual planea poner en cualquier sitio sus basureros, saltándose el protocolo”.

El empresario de Monclova, Daniel Calvert encontró en General Cepeda un campo de oportunidades para poder un confinamiento en la región y empieza a realizar trámites, sin que la sociedad afectada tuviera la menor noticia de ello;  él compró una propiedad privada de 500  hectáreas a un particular y después se acercó al ejido vecino, ofreciéndoles construir una granja de pollos, además de una maquiladora de ropa para darles trabajo, pero para que eso sucediera tenían que venderle el derecho de paso entre el terreno que compró y la carretera federal ‘40’, que parte de Matamoros y llega Mazatlán, la comunidad vecina, constituida por familias de escasos recursos vieron en la oferta una oportunidad de crecimiento económico y vendieron el derecho de paso “al ridículo precio de 2 mil pesos por hectárea…

Ese fue uno de los principales corajes que pasamos, seguido del ocultamiento de información, ya que mientras prometían beneficios haciendo trámites en la sombra, engañaban a las familias necesitadas”, afirma García Valero.

En mayo de 2014 integran lo que se llama Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y la presentan en la Dirección General de Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, así es como empezaron a correr los trámites para obtener la licencia, sin que nadie de la comunidad supiera nada del proyecto,  “ninguna de las poblaciones de todo el municipio tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo”.

García Valero asegura que, “la ley establece que después de salir a la luz el resumen de MIA, se publica en una gaceta ecológica, la cual se encuentra en un tablero de avisos que está dentro de la SEMARNAT en la Ciudad de México y se proporcionan diez días de plazo para que se refute ésta, lo cual es una absoluta burla y ofensa porque ninguno de los campesinos de las comunidades afectadas incluso nadie de General Cepeda vinimos constantemente a la ciudad de México a ver qué hay en la pizarra de avisos de la dependencia”.

Fue así como perdieron la oportunidad de pedir una consulta pública, pues pasó el periodo de tiempo válido,  ese fue el origen del problema, así fue como el empresario obtuvo el primer permiso que se llama Autorización en Materia Ambiental y fue hasta octubre de 2014 que los pobladores se enteraron del problema, “cuando ya todo estaba hecho y con el permiso en  la bolsa”.

Los pobladores aseguran que están de acuerdo con la creación de basureros tóxicos, pero no con el hecho que lo esté manejando un “irresponsable que hace las cosas escondidas”.  El confinamiento desde el punto de vista técnico, tal y como la empresa lo explica es “una maravilla”, pero el problema que encuentran los pobladores es que “lo está manejando una  persona sin ética, que actuó con dolo y que escondió información”.

Una denuncia más que hacen las comunidades, es que el representante legal del empresario, Javier Calderón Domínguez se presentó desde 2012 con la población comunidad y se hizo “amigo de la gente de manera tramposa”. “Empezó a ganarse a sus hijos a darles regalos, comida e incluso le lloró a sus muertos, fue así como se ganó el afecto de la población sin decirles que iba a poner un confinamiento tóxico, hay un dolo muy perverso, no es nada más la dádiva típica de los partidos políticos que quieren que votes por ellos,  sino que se gana de manera tramposa el afecto de la gente mientras le dan la puñalada por la espalda”, sentencia García Valero.

Al enterarse por medio de una nota en un periódico local, un grupo de vecinos dio inicio a una investigación a fondo sobre la problemática y descubrieron que las autoridades municipales también estaban involucradas, “el alcalde que nos repitió una y otra vez que no sabía nada, pero resulta que en junio había firmado una carta diciendo que estaba de acuerdo con dicho confinamiento lo cual hizo sin avisar a cabildo, y lo que es lógico sin avisarle al pueblo, aún en noviembre afirmaba que no sabía absolutamente nada, cuando se pidió la carta, de la cual nos enteramos porque una parte de ésta se encontraba en el resolutivo de SEMARNAT, nos dijeron que el documento había desaparecido” asegura el Comité que representa a las comunidades de dicho municipio.

“Estos son ejemplos de la opacidad, del dolo, del engaño, de la malicia, por eso al conocer que la instalación es potencialmente amenazante nos dimos a la tarea de recorrer las comunidades y dar esta información para concientizar, preguntar qué opinaban del problema y todos los ejidos firmaron actas oponiéndose a que dieran los siguientes permisos que faltaba, ya que el primero estaba otorgado…

De noviembre a  la fecha hemos estado haciendo la labor de recolectar las actas firmadas, las cuales entregamos a la SEMARNAT, al gobernador, al presidente municipal, al cabildo y a la Cámara de Diputados en el Distrito Federal, y todas las autoridades usaron estos documentos de papel sanitario, les valió que las comunidades involucradas estén en contra”, puntualiza García Valero.

Por ahora la única salida que han encontrado los pobladores, además de dar a conocer la problemática, es cuestionar al cabildo, intentando que les demuestren que ventajas tendría el proyecto para la comunidad, “sin embargo no supieron qué responder y nos pidieron una semana de tregua pero ya sabemos que si se hacen las cosas en México”.

El problema con estos residuos, que son lodos impregnados de hidrocarburos provinientes de Pemex y metales pesados es no solamente son cancerígenos, sino que de existir incidentes, como una fuga o un torrente de agua que caiga sobre éstos (lluvia), esos venenos penetran la tierra y la contaminan, también lo hacen con los mantos freáticos y las aguas superficiales, esto perjudica a todo el medioambiente y a la postre las personas.

“La gente vive de la lechuguilla y de las cabras, si estás empieza a comer hierbas que están envenenadas, se van a morir y si no se mueren, el queso va llevar venenos, un alimento que se van comer muchas personas, por ello es una cadena de peligros…

Es por ello que nosotros tenemos la necesidad que esta problemática se dé a conocer más allá de nuestro entorno local, porque Coahuila vive un cacicazgo atroz incluso tiene una especie de monarquía seccional hereditaria, ya que Humberto Moreira le heredó el poder a Rubén, entonces hay un control férreo de los medios, es imposible que publiquen las voces disidentes, así de parte de la empresa está todo poder y de nuestra parte los medios independientes y la comunidad”, afirma García Valero.

Hoy mientras los ejidatarios denunciaban en una rueda de prensa los hechos, irrumpió Carlos Álvarez Flores (acompañado por un grupo de golpeadores que dijeron ser enviados del diputado Alberto Cinta, del Partido Verde Ecologista de México), quien insultó a los ejidatarios y señaló que “ni siquiera son ejidatarios ni son ecologistas, son pagados”. Sobre esto Carmen Almaguer, miembro del Comité responde, “no tenemos que ser ecologistas para defender nuestras tierras”.

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