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Por: Edgar Rosas / 20 julio, 2015
(20 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Xochicuautla no está solo”, así lo manifestaron diversas organizaciones sociales, académicos e integrantes de la comunidad artística mexicana, quienes se posicionaron en contra del decreto expropiatorio de Enrique Peña Nieto, el cual despoja de 37 hectáreas a la población indígena de San Francisco Xochicutla-del municipio de Lerma en el Estado de México- para continuar con la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan.
Las 95 organizaciones, los 80 académicos y los 42 trabajadores de la cultura y la música de todo el país que se unieron a la lucha de la comunidad otomí, pidieron a la sociedad mexicana se solidarice con la causa y no permita se consuma el despojo dictado desde las esferas más altas del poder político.
Los integrantes de este frente de apoyo condenaron que se violentara el derecho de la comunidad otomí a la consulta libre, previa e informada sobre el proyecto y además que el gobierno mintiera al respecto y afirmara que el pueblo había sido consultado. Además criticaron que el pasado 23 de julio maquinaria invadiera el territorio otomí destruyendo tierras de cultivo, casas, lugares sagrados como parte de la construcción del proyecto.
“En el decreto se plantea que la comunidad ha sido consultada, lo que no sólo no ha ocurrido, sino que además ha habido falta de información, imposición y utilización facciosa de la justicia, manipulación y la organización de una estrategia de intimidación, criminalización y represión sobre los habitantes de la región, con lo que claramente se ha violado el derecho a la consulta libre, previa e informada, además de la violación flagrante al derecho del pueblo otomí a decidir sobre su territorio y sus modos de vida”, afirmó Centli Pérez a nombre de los integrantes de este frente de apoyo.
Aunado a lo anterior, manifestó que esta medida dictada por EPN pretende garantizar la inversión multimillonaria para la construcción de la autopista en cuestión, la cual está a cargo de Grupo Teya, subsidiaria de Grupo Higa, la empresa preferida del priísta del grupo Atlacomulco y relacionada con escándalos como el de la casa blanca de Peña.
“Estas acciones de despojo múltiples y sostenidas, han sido posibles por un tipo de política que, desde el Estado, ha asegurado las condiciones materiales para la reproducción del capital, el enriquecimiento acelerado de algunos y el empobrecimiento generalizado de muchos (…) La violencia sistemática, a veces difusa y cada vez más brutal, ha sido la vía para someter y subordinar cualquier resistencia”, apuntó.
De igual forma, aseguró que el decreto expropiatorio emitido el pasado 9 de julio, es una medida irregular más, con la cual se busca legalizar y consagrar el despojo que atenta contra la comunidad otomí de Xochicuautla. En este sentido, afirmó que a pesar de la oposición de la comunidad indígena, el gobierno se empeña en construir la carretera Toluca-Naucalpan y “desprecia la determinación de la gente y desconoce cada uno de los procedimientos jurídicos que han interpuesto los opositores a esta obra”.
Asimismo cuestionó el empecinamiento de los gobiernos por construir la carretera sobre el territorio de la comunidad otomí de Xochicuautla, pues, dijo, existen otras rutas por donde se puede conectar al valle de México con Toluca.
“La premura y el cinismo con la que se está imponiendo este multimillonario proyecto obedece al interés de conectar el norponiente de la zona metropolitana de la Ciudad de México con el aeropuerto de Toluca, administrado mayoritariamente por OHL. Toda esta intención va a acompañada de la destrucción de tierras de cultivo y bosques, en aras del desarrollo industrial e inmobiliario que incluirá un club de golf y fraccionamientos residenciales, con lo que se pretende ampliar la zona de Santa Fe (…) este proyecto es el anuncio de futuros despojos para abrir nuevos negocios de Peña Nieto con Grupo Higa y OHL”, sentenció.
Reiteró que la construcción de la carretera, representaría para la región de Xochicuautla un grave daño para el ambiente además de poner en riesgo la vida de la comunidad otomí que ahí reside. Apuntó que de consumarse el decreto de expropiación, sentaría un precedente peligroso.
“Con esta nueva ofensiva y esta autoritaria medida nos encontramos en un momento de emergencia ya que se está fijando un grave precedente, no sólo para Xochicuautla, sino en general para todas las luchas en contra de megaproyectos que despojan bienes comunes naturales. En particular el megaproyecto de la carretera Toluca-Naucalpan está poniendo en grave riesgo al bosque otomí-mexica pues representaría su destrucción. Así se pone en riesgo el significado de este bosque para la captura de carbono, y el valor que tiene para la cultura de este pueblo indígena. Además afectaría la captura de agua, que en parte se usa para abastecer a la Ciudad de México”, detalló.
Por el grave riesgo que representa la construcción de la carretera Toluca- Naucalpan, los integrantes de esta plataforma de apoyo a la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla exigieron al gobierno de EPN, así como al gobierno del Estado de México, cancelar de manera definitiva el proyecto y derogar el decreto expropiatorio.
Llamaron al pueblo a “integrar esta plataforma de apoyo y reforzar el campamento que han instalado los pobladores para defender la acción de la maquinaria que destruye, el boque, sus arroyos y la propia comunidad”.
“Hoy le decimos a San Francisco Xochicuautlla que no están solos, su lucha es la nuestra, la que cuida a la naturaleza, los pueblos y sus culturas; la que cuida el agua y los bienes que provee el bosque. Su lucha es la de todos y todas que vemos la catástrofe que está provocando la avaricia por la máxima ganancia disfrazada con el discurso del de desarrollo. Su lucha es la defensa de la vida contra los proyectos de muerte y esa lucha cada día es prioridad de todos y todas”, señaló.
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