Además de deportar, EU clasifica a mexicanos como extranjeros criminales convictos; gobierno mexicano lo solapa

Por: Emma Martínez / 18 julio, 2015

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(18 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Miles de personas migrantes atraviesan diariamente el territorio mexicano, su meta es guiada por la esperanza y al mismo tiempo desesperación de alcanzar el famoso y a la vez trillado ‘sueño americano’, ya que aseguran que pisando aquel territorio encontrarán un trabajo que les permita a sus familias sobrevivir; según datos de la Organización Internacional para las Migraciones poco más de 400 mil personas migrantes cruzan el país anualmente.

Es así como a México se le define como un país de emigración, retorno, tránsito e inmi­gración. “En efecto,  es un importantísimo país de emigración, ya que mantiene a poco más de un 10 % de su población residiendo en Estados Unidos, país que desde siempre ha buscado el menor pretexto para deportar a los mexicanos de una forma vil y cruel, inhumana, donde no les es suficiente con separarlos de sus hogares, sino que ensucian su reputación y buscan el mayor de los sufrimientos, porque no les perdonan el haber entrado a su país a ganarse la vida de forma honrada y muchas veces soportando infinidad de humillación reflejada en esclavitud”, asegura la especialista en migración latinoamericana, Fabiola de León.

El l6 de octubre de 2010, Janet Napolitano, secretaria del Departamento de Segu­ridad Nacional (Department of Homeland Security, dhs) de Estados Unidos, usando tan sólo datos preliminares, dio a conocer que su departamento deportó a más de 392 mil personas en ese año, la cifra más alta en toda la historia, la cual comenzó a crecer en los años siguientes.

“El principal problema no fue la deportación, sino que casi a la mitad de estos deportados, (poco más de 195 mil), fueron clasificados como extranjeros criminales convictos en situación irregular en Estados Unidos y no, muchos no lo fueron, o su mayor delito fue no pagar una multa de tránsito, sin embargo las autoridades estadounidenses tuvieron el odio suficientes para inculparlos para dejarlos estigmatizados de por vida”, comenta de León.

Es así como la deportación se ha convertido en la estrategia para reducir la población indocumentada en el país del norte. “A partir de 2010 Estados Unidos comenzó a deportar in­documentados con antecedentes penales con mayor frecuencia, principalmente fueron trasladados por Tijuana, entregados a los oficiales del INM, sin apoyo familiar, ni un hogar a dónde llegar, encontrando refugio en la Casa del Migrante de Tijuana, en donde diversos estudios, no solamente basados en testimonios, sino en pruebas, dan cuenta que no son personas relacionadas con graves delitos, a lo mucho han sido culpables de no pagar una que otra multa, pero que imputarle una culpa mayor lo hacía decidir entre pagar una larga condena, que incluso podría derivar en pena de muerte, según el territorio, o volver a México, y aunque pudiera volver a entrar, el gobierno se encargaría de dar conocimiento de un historial ‘delinctivo’ creado por él, así el migrante pierde cualquier oportunidad de subsistencia en aquel país”, comenta para Revolución TRESPUNTOCERO la ativista social Bárbara Sanz, dedicada al estudio de las migraciones y detenciones en Norteamerica, colaboradora de HRW.

A su vez Sanz, asegura que ha sido el gobierno de Obama, quien ha deportado más migrantes que la administración de Bush, la estrategia antes descrita es el principal motivo por el cual miles de indocumentados dejan sus empleos para ser tomados por trabajadores autorizados, lo cual es estratégico durante estos tiempos de recesión, pero asegurando y reafirmando hasta el cansacio que ‘su gobierno está protegiendo la seguridad de Estados Unidos al deportar criminales extranjeros’.

Juan Salgado tiene 26 años, originario de Oaxaca, llegó a Estados Unidos hace dos años y pensó que ya había logrado quedarse ahí para siempre, cruzó la frontera poco después que sus padres fallecieron y no tenía más familia.

Trabajo haciendo la limpieza de los jardines de las casas de Oregon, después viajo a Atlanta y se estableció en Arizona, él laboraba en un restaurante, era uno de los lavaplatos, le iba bien y creía que algún día podría poner un pequeño negocio de comida, aunque seguía siendo un indocumentado.

Al salir de su trabajo una noche alrededor de las 11, una mujer lo acusó de ser quien le había robado, no le dieron oportunidad de buscar a su jefe para que le dijera que no era a quien buscaban, durante varias horas le aseguraron que le darían una larga condena y se encargarían que fuera a una de las cárceles más peligrosas, esperando que no pudiera sobrevivir.

Su libertad incluía ser deportado. “Me dijeron que me iban a dejar libre, me escoltaron los policías, pero luego entendí, que me iba de ahí como un ladrón y un gran criminal que incluso era posible que hubiera asesinado, pero como ellos eran ‘buenos’ conmigo, no lo harían y lo siguiente fue traerme a Tijuana, con la condición de que no volvería, y la promesa que si lo hacía sería solamente para pagar una larga condena, por cualquier delito que me imputaran. Mis amigos y mi jefe jamás sabrán qué fue de mí… aunque ahora mismo ni yo lo sé”.  

El caso de Roberto es distinto, trabajaba en un taller y sí consumía alcohol, e incluso llegó a cometer violencia doméstica, una noche de enero de este año golpeó a su pareja, los vecinos llamaron a la policía, quienes lo acusaron de casi asesinar a la joven, de no llegar ellos en el momento.

Roberto aseguró que no era verdad, que se trataba de una pelea de pareja y que aunque sí la golpeó podían revisar a la joven e incluso pedirle que testificara, para que se dieran cuenta que los hechos no eran esos.

Después de unos cuantos golpes por parte de los policías, le advirtieron que sería acusado de homicidio, portación ilegal de altas dosis de drogas y alcohol ‘alterado’, “era la cárcel o México, así es como llegué aquí y no, no pienso, ni quiero volver, ese país representa todos los antivalores de la humanidad”.  

En un estudio realizado en la casa de los migrantes de Tijuana, recientemente, se recogieron 3 mil 457 testimonios de migrantes que fueron deportados; los resultados de dichos estudios dan cuenta que si bien todos ellos son trabajadores, no eran criminales peligrosos.

La mayor parte de los deportados cometieron ofensas menores en Estados Unidos, relacionadas con infracciones de tránsito, consumo de alcohol y drogas, y/o violencia doméstica, además de las órdenes de arresto causadas por el incumplimiento de castigos a las respectivas multas.

“Solos y desamparados, porque han perdido todo e incluso el mucho o poco dinero que tenían, vuelven a México esperando algún tipo de ayuda, pero el gobierno solamente suela jactarse de lo que no hace, con despliegues increíbles de publicidad falsa. Porque ante el alto número de deportaciones de migrantes mexicanos, el presidente, ni ninguna otra dependencia encargada del tema de migración han tenido una profunda intervención, que demuestre algún tipo de indignación por implementar un tipo de estrategia que viola los derechos humanos y la integridad de gran parte de su pueblo, cuando llega hacer algo, se limita a proporcionar ayuda asistencial inmedia­ta para los deportados, la cual es miserable, como todo lo que suele otorgar el gobierno. Finalmente son las ONG’s quienes se encargan, pero incluso éstas mismas son bloqueadas por los gobiernos, así que la lucha de ‘crimigración’ (criminalización de los migrantes), es contra ambos gobiernos de ambos países, uno por actuar en contra y otro por solaparlo”, sentencia Sanz.

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