Abogados de Bryan y Jacqueline exigen castigo a servidores públicos federales y locales por fabricación de delitos

Por: Edgar Rosas / 15 julio, 2015

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(15 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Luego de más de 7 meses de estar en prisión acusados de robar 500 pesos a una agente de la Policía Federal (PF), Jacqueline Santana y Bryan Reyes recobraron su libertad el pasado viernes 10 de julio, esto tras un largo proceso lleno de inconsistencias, en donde la defensa presentó las pruebas que avalan la inocencia de los jóvenes.

Como se recordará, ambos luchadores sociales fueron detenidos el 15 de noviembre de 2014. Tras un intento de desaparición forzada emprendido por alrededor de 15 personas vestidas de civil, que luego de ser descubiertas en su intento de secuestro se identificarían como agentes de la PF, los jóvenes fueron presentados ante el Ministerio Público de la delegación Venustiano Carranza, señalándolos como responsables del delito de robo con violencia, al supuestamente utilizar un cuchillo para amenazar a la mujer policía y despojarla del dinero.

Así, obtenida la libertad y demostrada la inocencia, los abogados Jorge Miranda y Sergio Soto exigieron castigo a los responsables de esta fabricación de delito que mantuvo a los jóvenes activistas en prisión. También pidieron sanción para los funcionarios que estuvieron detrás de esta detención con tintes políticos.

En conferencia de prensa, el jurista Jorge Miranda expuso las irregularidades presentadas en el caso y los motivos por los cuales se considera que esto fue una fabricación de delito. El abogado de la pareja demandó que a pesar de lo “inverosímil” de las acusaciones en contra de los jóvenes, estos fueron consignados al Reclusorio Norte y al Penal de Santa Marta respectivamente.

“Los jóvenes fueron puestos a disposición del Lic. Rafael Ángel Jiménez Abundes, juez interino 39 penal del DF quien a pesar de lo delictuosa, criminal y fantasiosa que resultó la acusación y de la evidente fabricación del delito, determinó actuar como juez de consigna y dictar auto de formal prisión (a Bryan y Jacqueline) por el delito de robo agravado (…) el juez, con evidente ignorancia, notoria ineptitud y actuando como juez de consigna pasó por alto que es imposible jurídica y materialmente que dos estudiantes hayan despojado a una elemento de la policía federal, entrenada, armada y a plena luz del día”, manifestó.

En este sentido recordó que luego de realizar pruebas periciales, se comprobó que los estudiantes no pudieron cometer el delito puesto que no se encontraron las huellas dactilares de Jacqueline y Bryan tanto en el supuesto cuchillo utilizado para amagar a la mujer policía como en el supuesto billete hurtado.

“La defensa promovió juicio de amparo contra el auto de formal prisión. Para la concesión del amparo, la juez 9no de distrito de amparo en materia penal del DF realizó un estudio exhaustivo e impecable de todas las constancias que integran el expediente. Analizó las absurdas e incongruentes declaraciones de la supuesta ofendida y de sus testigos y recalcó que el juez 39 penal (quien dictó el auto de formal prisión) valoró las pruebas indebidamente y dijo que las declaraciones de los policías son absurdas y carentes de lógica”, comentó.

Así, con la resolución de la juez amparo, subrayó Miranda, se dejó en evidencia la “deficiente, arbitraria e inconstitucional forma de proceder del juez 39”, además que quedó claro su actuar de consigna al servicio del gobierno federal y del DF.

Antes este proceder ilegal de las autoridades capitalinas, y la fabricación del delito que pretendió tapar el intento de desaparición forzada, el abogado reiteró la exigencia de castigo a los responsables de esta prisión injusta y pidió se abra una investigación para sancionar a los elementos de la PF que detuvieron arbitrariamente a los jóvenes.

“Exigimos castigo a los culpables de la fabricación del delito de robo, al verse frustrado el intento de desaparición forzada. Exigimos castigo ejemplar a los funcionarios públicos involucrados en la orden de secuestrar a los estudiantes, fabricarles delitos, consignarlos y dictarles auto de formal prisión, a sabiendas que se trataba de una acusación de índole política. Exigimos la apertura de una investigación y castigo ejemplar a los elementos de la Coordinación de Operaciones Encubiertas de la Dirección General de Operaciones e Infiltración de la Policía Federal, por la privación ilegal de la libertad de la que fueron objeto”, mencionó.

En este sentido demandó la reparación integral del daño, además de las garantías de no repetición es esta clase de violaciones a las garantías. Asimismo exigió el cese inmediato del Lic. Rafael Ángel Jiménez, y pidió sea castigado por su actuar como juez de consigna.

Por su parte, el abogado Sergio Soto habló sobre las responsabilidades de los funcionarios en la detención de los jóvenes. Dijo que hay una cadena de servidores involucrados, desde los policías hasta el Ministerio Público.

“En el caso tenemos desde policías federales del área de inteligencia. Tenemos Ministerios Públicos del gobierno del DF que se prestaron a armar el robo a sabiendas que no habían robado, a sabiendas que había pruebas que demostraban que no había huellas dactilares en los cuchillos y en el billete. Tenemos un juez de consigna, el juez 39 penal. Entonces tenemos una cadena de servidores públicos del ámbito federal y local que son responsables. Sería tema de valoración de Bryan y Jacqueline, pero hay instancias legales, que podremos emprender acciones por la vía de la reparación civil, patrimonial por el tema de no repetición y llevar incluso este caso a ámbitos internacionales para sentar un precedente”, explicó.

…

Jacqueline Santana y Bryan Reyes estuvieron presentes en la conferencia de prensa realizada este martes. Durante su participación demandaron los malos tratos que se dan dentro de las cárceles en contra de los internos. En este sentido expresaron su solidaridad con la lucha por erradicar estos abusos de las autoridades carcelarias, luego que ellos formaron parte de este contexto.

De manera particular, Jacqueline Santana expresó la importancia de dar seguimiento a esta lucha que se ha iniciado. Recordó que desde hace un par de semanas varios presos comenzaron una huelga de hambre demandando parar los malos tratos.

“Ahora somos parte de esta lucha en contra del sistema penitenciario porque somos producto de nuestro contexto, estuvimos viviendo ahí, entonces teníamos que buscar las formas de organización que reivindicaran la necesidad. Ahora las acciones serán en ese sentido, por las acciones de la dignidad, la humanización y la defensa de la libertad. Adentro ya se dejó semilla, ya hay gente organizándose en contra de ese sistema que es bastante terrorista”, mencionó.

En lo referente, la joven estudiante mencionó parte de las exigencias de la Coordinación Informal de Presos en Resistencia y reiteró el apoyo a esta lucha a pesar que se encuentren en libertad.

Entre las exigencias de esta Coordinación se encuentra, además del cese a los malos tratos físicos o verbales en todas las prisiones, “el cese a la represión silenciosa que lleva a cabo la institución carcelaria en colaboración con las Comisiones de Derechos Humanos, nacional y local”.

De igual forman exigen la aplicación del Protocolo de Estambul para todos los presos en aras de documentar casos de tortura, y “no más enriquecimiento ilícito a costa de la explotación de los presos y presas, a costa de la explotación sexual de las presas en reclusorios varoniles y femeniles”.

“Es importante hacer el apoyo y difusión de la lucha anti carcelaria que se lleva todavía en los reclusorios. Estos puntos expresados se acordaron entre los compañeros que iniciaron la huelga de hambre en los reclusorios, ante las vivencias de hostigamiento y persecución que teníamos por parte de la institución. Otros puntos que se acordaros son: Que no se ejerza represión por las actitudes tomadas en protesta ya que siempre son incitadas por el mal funcionamiento de la institución carcelaria y el sistema penitenciario; el rompimiento de la relación de complicidad entre la administración y la unidad  médica: no más negligencia y tratos inhumanos; no más violaciones a la información y  los datos personales por parte de la administración y el personal de seguridad y custodia poniendo énfasis a los fines de extorsión, espionaje, hostigamiento, intimidación y secuestro”, dijo Jacqueline Santana.

Por otro lado Bryan Reyes explicó que se tiene pensado emprender acciones legales en contra de los funcionarios implicados en el caso. Detalló que la intención principal de hacer esto es buscar establecer un precedente y evidenciar el actuar de las autoridades.

“En realidad sí pretendemos hacer actividades legales frente a funcionarios implicados pero no con la intención de que se lleve a cabo sino con la intención de dejar un precedente, porque sabemos que no van a proceder, es un actuar constante del gobierno y de las instituciones de DDHH. Entonces por esa parte sí lo vamos a llevar a cabo pero para dejar un precedente y hacer más evidente el hecho de que por la vía institucional jamás se va a lograr una verdadera defensa”, dijo.

Asimismo habló sobre la cuestión de la reparación del daño a lo cual comentó: “a menos en mi persona no me pueden reparar el daño, y no lo puedo considerar exactamente como un daño, simplemente fue como la oportunidad de llevar acabo la lucha en otro frente y a lado de personas bastantes valiosa. Por otra parte ni modo que me ponga a exigirle al gobierno que me page del dinero del trabador lo que el mismo gobierno me hizo, así que no busco una reparación económica, pero si me gustaría dejar el precedente como una responsabilidad con respecto a los demás camaradas que pueden caer en la misma circunstancias”, expuso.

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