94 % de agresiones y asesinatos de periodistas en México, por afectación a intereses políticos y criminales: ONU

Por: Cecilia Balderas / 15 julio, 2015

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(15 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El 94 % de agresiones y asesinatos de periodistas registrados en los últimos años en nuestro país, se generó al margen de conflictos armados; en cambio, se produjo a raíz de la afectación que dicho trabajo pudo representar para grupos de criminales o políticos, denunció Javier Hernández, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Agregó que dichas agresiones se presentan en su gran mayoría, en el ámbito local; es decir, generalmente al interior de las comunidades donde el comunicador realizar su labor informativa, “desde hace 10 años ha habido pocos asesinatos de periodistas en temas de conflictos de guerra, mientras el 94 por ciento se ha dado por temas locales”, dijo Hernández.

“Los actos de violencia, de donde sea que vengan, buscan acallar las voces de los periodistas y ese es un objetivo antidemocrático” que vulnera al conjunto de la sociedad, dijo el funcionario de la ONU.

Del total de países que integran la ONU, sólo 62 manifestaron su interés por evitar agresiones a periodistas y por lo menos en 32 de ellos, incluido México, existen reportes de asesinato de periodistas; siendo el periodismo independiente, el más vulnerable en su quehacer como contrapeso del poder, añadió Hernández.

En la inauguración del foro “Derechos Humanos y protocolos de actuación en la protección de periodistas”, la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez dijo que México vive en estado de alerta -desde hace más de una década- por la violencia hacia las y los periodistas; sin embargo, las autoridades de los tres niveles de gobierno no han atendido el tema de manera estratégica ni preventiva.

“Lo que se necesita es garantizar en una sociedad democrática la libertad de expresión, y lo que se pone en riesgo siempre que se ataca al ejercicio periodístico es un derecho social a saber de todas las personas que están en nuestro país y a nivel internacional”, sostuvo Gallardo.

En su intervención, Darío Ramírez, de Artículo 19, sostuvo que “matar, asesinar, secuestrar o ejercer cualquier tipo de violencia en contra la prensa resulta muy eficiente” ante lo que denominó “ausencia de la prensa” en la protección al gremio de la violencia, pues “no hay un carácter democrático que proteja un periodismo libre en México… Los periodistas libres acaban marginados”, lo que genera que los periodistas sean asesinados “como patos en temporada”.

“El que Javier Duarte, gobernador de Veracruz, pueda tomarse una foto con los periodistas en su inventado día de la libertad de expresión, es responsabilidad del gremio”, agregó, tras recordar que durante la actual administración en dicho estado, hay sido asesinados 12 periodistas y siete más en Oaxaca, gobernado por Gabino Cué Monteagudo.

Al participar en la mesa titulada “Perspectivas y retos en la implementación de protocolos de actuación para la protección de periodistas desde el Sistema Internacional de Derechos Humanos”, Pilar Tavera, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, subrayó la importancia de profundizar en la cultura de protección de periodistas y sobre todo, en el ámbito preventivo, ante el escaso reconocimiento que actualmente tiene el periodismo de investigación y análisis, lo que genera que la sociedad no defienda su derecho a la información.

Víctor Arrazola, de Reporteros Sin Fronteras, recordó el asesinato de periodistas en Oaxaca y Veracruz, hechos que evidencian que los periodistas son mayormente vulnerables en los municipios, ante la lejanía de organizaciones civiles que abanderen la lucha por sus derechos, e incluso de las mismas dependencias públicas de derechos humanos.

Maniqueísmo institucional

Sara Irene Herrerías, coordinadora del Mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, dependiente de la subsecretaría de Derechos Humanos –cuyo titular es Roberto Campa- de la Secretaría de Gobernación (Segob), reconoció que “de nada sirve estar protegiendo a distintas personas si no logramos que en este país realmente pueda existir la libertad de expresión para que las y los defensores de derechos humanos, puedan ejercer sus competencias”.

Informó que ya se implementan cursos de capacitación “de autoprotección” que permitan a los periodistas identificar situaciones de riesgos a través de reconocer cuándo le son violados sus derechos humanos, “una vez que sean conscientes de las diversas situaciones de riesgo que ejercen a través del periodismo o la defensa de derechos humanos, ver cuáles son las herramientas jurídicas y las medidas de protección y prevención que pueden ser adoptadas para minimizar y evitar las consecuencias”.

Rodrigo Santiago Jiménez, encargado de la Defensoría de periodistas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que organismos internacionales en materia de derechos humanos, como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión señala que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.

“Agregó que esta obligación resulta particularmente importante en países donde existe un riesgo de que se produzcan estos hechos y en situaciones concretas en que las autoridades saben que existe un riesgo real e inmediato de que se cometan tales delitos; es decir, la Relatoría considera que en aquellos países o regiones en las cuales los periodistas se encuentran en situación de vulnerabilidad por el contexto de violencia dirigida a este grupo, el Estado tiene una responsabilidad reforzada en sus obligaciones de prevención y protección”, dijo.

En este sentido, el Estado debería adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas, abstenerse de realizar declaraciones que los expongan a un mayor riesgo de violencia; instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto a los periodistas y los medios, a través de la capacitación sobre el rol de la prensa en un Estado democrático; respetar el derecho de no revelar las fuentes, así como mantener estadísticas precisas sobre violencia contra periodistas para comprender la magnitud de dichos actos.

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