15 ex funcionarios federales y estatales identificados como responsables de tragedia ABC; EPN les da impunidad

Por: Cecilia Balderas / 4 julio, 2015

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(04 de julio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En 2012, mientras Peña Nieto recorría la República mexicana, haciendo promesas a diestra y siniestra en el marco de la campaña presidencial, se reunió con los padres, familiares y representantes legales de los niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC –ocurrido en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009- en su visita a Ciudad Obregón; ahí, se comprometió a resolver sus demandas, entre las que destaca, la exigencia de castigo para los servidores públicos responsables de la tragedia.

En dicha reunión, los familiares de los menores, entregaron al entonces candidato de la coalición “Compromiso por México”, un documento en el que le exigieron que, de llegar a la silla presidencial, en los primeros cien días de gobierno, resolviera completamente el siniestro que dejó como saldo 49 menores fallecidos, y otros más lesionados de por vida. A más de seis años del siniestro y a escasos meses de cumplirse tres años de la llegada del hijo de Atlacomulco a Los Pinos, la indolencia del gobierno federal mantiene sin resolver el caso.

Ante los familiares de los menores, Peña Nieto se comprometió a mantener vigente la pensión vitalicia para los niños lesionados, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como atender la recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que solicita indemnizar a los padres de los niños fallecidos.

Sin embargo, Peña no ha honrado su palabra y la ley ha sido laxa en la aplicación de la justicia. A través de una carta difundida el 5 de junio de 2014 firmada por los padres, el Grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, cuestionó al ahijado político de Arturo Montiel, “¿qué espera su gobierno para actuar?”.

Únicamente el exdirector de la Unidad de Protección Civil Municipal de Hermosillo, Roberto Copado Gutiérrez, ha sido aprehendido, acusado de los delitos de homicidio y lesiones culposas, bajo la causa penal 182/2009 de la Procuraduría General de la República (PGR).

Arely Gómez, titular de la PGR, se reunió el pasado 26 de mayo con padres y representantes de las víctimas de la Guardería ABC y les “refrendó el compromiso de la institución a su cargo” con la investigación del caso que, además, presenta inconsistencias y varios peritajes son contradictorios.

“La impartición de justicia no ha sido eficaz ni satisfactoria. Esto se hace patente ya que a pesar de haber responsables señalados solamente una persona ha sido detenida. Además, la tragedia de la Guardería ABC se ha reducido a un simple asunto de repercusión política en el que no se está procurando la impartición de justicia”, argumentaron las diputadas Lizbeth Rosas Montero y Gloria Bautista Cuevas, en un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente.

Las legisladoras añadieron que las acciones emprendidas no han sido suficientes para esclarecer los hechos ni para resarcir el daño a los afectados, sobre todo, cuando hay, por lo menos, 16 funcionarios federales, estatales y municipales identificados por los mismos padres de familia, como responsables de homicidio y lesiones culposas, y sólo uno ha sido detenido.

Tibieza en la PGR

La presidenta de la Comisión de Asuntos de la Niñez en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, argumentó que a seis años de la peor tragedia que involucra a menores –que tuvo como resultado la muerte de 25 niñas y 24 niños, así como alrededor de 24 afectados por quemaduras y 80 más expuestos a inhalación de humo- la PGR no ha consignado a los verdaderos culpables que provocaron el incendio, por lo que siguen gozando de impunidad como si nada hubiera pasado.

“La dependencia únicamente ha podido consignar a delincuentes menores, según consta en las indagatorias y el Poder Judicial no ha podido hacer nada si el Ministerio Público de la Federación no actúa y no pone en sus manos una averiguación previa con los suficientes elementos para castigar a los verdaderos culpables”, añadió.

Cabe señalar que en 2010, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, reconoció la existencia de al menos 19 funcionarios involucrados en los hechos, por negligencia y omisión.

Juárez Piña subrayó que “la investigación especial del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea acerca de lo acontecido en la guardería ABC no es una alternativa a la justicia penal, sino un mecanismo para reforzar los esfuerzos para esclarecer los hechos”, por lo que “no debería ser razón para paralizar la acción penal contra los responsables ni otras acciones apremiantes…se ha demostrado con el paso del tiempo que hubo una serie de complicidades y corrupción de autoridades locales y federales que dieron origen al incendio”.

La diputada añadió que las líneas de investigación ministerial que realiza la dependencia a cargo de la hermana del vicepresidente de Televisa, Leopoldo Gómez, no pueden considerarse cerradas hasta que se agoten todas las posibilidades.

Legislativo con freno

Al dictaminar varios puntos de acuerdo referentes al tema, la Segunda Comisión de la Permanente reconoció que en la investigación sobre los hechos en la Guardería ABC existen elementos “que acusan negligencia de autoridades diversas e, incluso, hasta complicidad en posibles ilícitos que van más allá de las graves omisiones”, pero atajó que el Poder Legislativo carece de potestad para deslindar responsabilidades.

“Si bien, entendemos que escapa enteramente a esta Soberanía la potestad de valorar los elementos históricos y los datos científicos que resultan de las averiguaciones, así como discernir los hechos y deslindar las responsabilidades, sí asumimos como encargo, en tanto que nuestra labor es guiada por el carácter de representación popular, el velar por el esclarecimiento de que aquellos hechos en los que el Estado tenga participación, ya sea por la acción o por la omisión de las autoridades, que generen un detrimento en la tranquilidad, la vida, la integridad o el patrimonio de los ciudadanos, así como por una eficaz impartición de justicia respecto de los mismos y la total reparación a las víctimas y a sus familias”, argumentó la comisión, entonces presidida por el perredista Armando Ríos Piter.

El 4 de junio de 2014, se formó en la Cámara de Diputados, un grupo de trabajo para dar seguimiento a las investigaciones sobre el caso; sin embargo, a poco más de un año de su constitución, el 30 de abril pasado, concluyó que sus trabajos “se vieron frenados por la falta de disposición de las autoridades federales y estatales encargadas de la investigación”.

Lo que se traduce en que sigue inconclusa la determinación sobre los culpables del ámbito estatal y federal, que tuvieron relación directa e indirecta en el incendio de la Guardería ABC.

La resolución emitida el 16 de junio de 2010, en el expediente 1/2009, titulado “Facultad de Investigación para Averiguar la Violación Grave de Garantías Individuales, caso Guardería ABC”, definió que verificó la violación grave del derecho del niño y principio de interés superior; el derecho a la protección de la vida; a la integridad física; a la seguridad social y a la salud.

En el dictamen, los legisladores sostienen que “no están satisfechos los factores que permiten considerar que sea ha realizado la reparación integral de las víctimas de esos hechos de violación grave a los derechos humanos” y que abarcan medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición de los hechos.

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