Piden legisladores investigación profunda sobre uso ilegal de programas sociales en beneficio del PVEM en Chiapas

Por: Redacción Revolución / 21 junio, 2015

(21 de junio, 2015).- La jornada electoral terminó, los procesos de impugnación siguen su recorrido, pero hay un tema que sigue sobre la mesa sin que hasta ahora el Instituto Nacional Electoral (INE), se haya pronunciado asertivamente sobre él: la solicitud de retiro del registro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por el cúmulo de irregularidades que promovió durante la campaña y que van, desde enviar boletos de cine y mochilas a personas que no eran sus afiliadas, hasta el pago a gente del medio del espectáculo para que tuitearan mensajes de apoyo al Verde.

El pasado 21 de mayo, el Consejo General del INE determinó que será la Secretaría Ejecutiva la que se pronuncie sobre el procedimiento para la cancelación de registro del PVEM, petición de varios partidos políticos.

Y por lo menos, en la Cámara de Diputados, el asunto no está olvidado. Legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) emitieron un exhorto al INE para que investigue la presunta afiliación colectiva y el mal uso de los programas sociales en Chiapas, que habrían sido destinados a apoyar la campaña electoral del Verde en dicha entidad.

El coordinador de la bancada del sol azteca, Miguel Alonso Raya y otros ocho legisladores firmaron la solicitud para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se pronuncie a la brevedad y emita un fallo con el cual anule las llamadas “casillas zapato” registradas en la entidad del sureste mexicano, y que sirvieron para favorecer la votación para el partido del gobernador de la entidad, Manuel El Güero Velasco.

Además del llamado a ambas instancias electorales, los diputados que forman parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pidieron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigue el posible desvío de recursos federales que habría sido destinada a la promoción turística de la entidad y para sufragar gastos de la campaña de comunicación social con tintes electorales para favorecer al partido del tucán.

Actualmente, el proceso electoral terminó la fase de cómputos y a la brevedad, los tribunales electorales deberán resolver las impugnaciones presentadas por los diversos partidos políticos para confirmar así, la legalidad de la elección y su validez.

Los perredistas consideran que el TEPJF deberá resolver de manera particularmente transparente, las impugnaciones relacionadas con el cuestionamiento de la legalidad o no de las conductas cometidas por el PVEM, pues cabe señalar que de manera reiterada y sistemáticamente, violó el principio de equidad de la elección con sus estrategias mediáticas, y posteriormente, emitir las sanciones correspondientes.

Durante la campaña, tanto el INE como el Tribunal Electoral sancionaron en diversas ocasiones a este instituto político, sumando multas hasta llegar a los 500 millones de pesos.

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