Frontera Sur recrudeció violencia de policías federales en contra de defensores y Casas de migrantes

Por: Emma Martínez / 30 junio, 2015

Por: Emma Martínez / 30 junio, 2015

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(30 de junio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Según resultados de la investigación realizada por la organización I(dh)eas, sobre migrantes en albergues y detenidos estableció que son agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y Policías Federales (PF), las autoridades más señaladas como responsables de abusos y violaciones a los derechos humanos.

Señalando que INM es el organismo encabeza las quejas “a pesar de los factores que dificultan la denuncia, existen casos concretos, testimonios e información sobre delitos cometidos por elementos de dicho órgano  contra de la población migrante”.

El documento, destaca que “las personas migrantes en México siguen sufriendo agresiones y continúan siendo víctimas de extorsiones y detenciones arbitrarias por parte de las diferentes corporaciones de policía mexicanas (municipales, estatales y federales)”.

Sin embargo, no solamente los migrantes padecen estos abusos, sino también los refugios destinados para este sector social, han padecido ataques violentos y amenazas de muerte, ya sea por grupos delincuenciales, como por organismos gubernamentales, como PF e INM. Los casos más sobresaliente son la casa del migrante La 72 y Casa del migrante Saltillo.

Desde 2002, la Casa del migrante de Saltillo ha trabajado por la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por México. Los voluntarios reciben y apoya a un promedio de 80 migrantes por día.

La Casa ha destacado por su trabajo de denuncia y documentación de violaciones de derechos humanos de migrantes, puntualmente sobre secuestro y tortura. Lo que le ha valido ser blanco de diversos ataques, es así como a diario, los colaboradores tienen que enfrentar un elevado nivel de riesgo con recurrentes incidentes de seguridad.

“Las agresiones se reflejan en un primer momento, mediante difamaciones, por parte de la prensa y de autoridades, en donde se les acusa de proteger delincuentes, esto ya sea porque las poblaciones estereotipan sin conocer al migrante, convirtiéndolo en una persona criminal, aunque no tengan fundamento alguno, las autoridades que viven de la extorsión, manejan a su conveniencia esa mentira y les piden dinero a cambio de no meterlos a la cárcel, imputándoles cualquier delito que se les ocurra, acusando también de ‘cómplices’, a quienes brindan apoyo en el refugio”, declara Sabrina Morelos, abogada defensora de los derechos de migrantes.

Al mismo tiempo asegura que existe hostigamiento frecuente e incluso amenazas de muerte, como la que se dio en enero del 2013, dirigida a todo el personal que ahí trabaja, pero haciendo énfasis en el sacerdote Pedro Pantoja, “motivado por el hecho de que la labor que se realiza afecta intereses, los migrantes en México son parte de negocios ilícitos, y en ese tipo de actividad ilegal, siempre hay autoridades involucradas”, asegura Morelos.

Recientemente uno de los defensores que ahí colabora, fue amenazado por la policía, solamente por proteger a un migrante. En 2013, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila solicitó la implementación de Medidas Cautelares, a fin que la Casa del migrante, tuviera mayor protección y apoyo gubernamental.

Sin embargo, los defensores reportan que, aunque se aceptaron las medidas por parte de las entidades gubernativas federales, estatales y municipales, el estado de implementación de dichas recomendaciones de protección no existe, y se siguen observando fuertes dificultades en su implementación.

“No son hechos aislados, los defensores de migrantes también somos víctimas de odio, desprecio y humillaciones, reflejadas en hostigamiento y amedrentamiento, y a la casa de Saltillo le han llegado distintos tipo de amenazas y ataques, desde 2009 el personal ha sido objeto de robo con violencia, amenazas, intimidación y difamaciones”, afirma Morelos.

Anteriormente la casa del migrante de Saltillo, sufrió un ataque más, en donde  sujetos no identificados rompieron cristales del vehículo del sacerdote Pedro Pantoja, para luego robar un maletín con información confidencial del trabajo que realiza esa organización.

También han recibido cartas, donde se acusa a los migrantes y a los defensores que ahí laboran, de tener un albergue que se ha convertido en un cáncer para la capital de Coahuila, y exigen su cierre.

Las llamadas también forman parte de los ataques, y uno de los principales, fue el de un hombre que se identificó como familiar de un migrante asesinado en Saltillo, quien amenazó con atentar contra el personal del albergue, como una venganza, sin embargo aseguran que debió ser alguien más que buscaba desprestigiar a los migrantes, ya que tenían certeza que los familiares no habían sido, ya que mantenían contacto con ellos.

Frente al escenario, Amnistía Internacional ha manifestado de forma constante, su preocupación por el albergue y sus colaboradores, cuya seguridad está en riesgo, insistiendo a las autoridades brindar la protección efectiva para los activistas, además de esclarecer los robos y las amenazas, sin embargo dichas peticiones han sido omitidas por las autoridades correspondientes.

Otro refugio que ha padecido ataques constantes, desde hace algunos años, ha sido La 72, una casa para migrantes ubicada en Tenosique, Tabasco. El último sucedió cuando el tren carguero llegó a la estación, como todos los días alrededor de las seis de la tarde, deteniéndose de manera indefinida, lo que posibilitó que más de 100 migrantes se subieran a bordo, entre ellos mujeres, niñas, niños, hombres y una adolescente de 12 años.

Poco después llegaron dos vehículos, uno del Grupo Beta y otro de la policía municipal, luego los voluntarios del Refugio, escucharon como uno de los operarios del tren decía por radio que no se iba a mover hasta que llegaran las autoridades.

Fue así como a las ocho de la noche, se desató una “fuerte persecución contra los migrantes”, la cual estuvo dirigida por el Subdelegado federal y el Delegado local del Instituto Nacional de Migración (INM), que también incluyó 3 vehículos de la Policía Federal (PF), 2 volantas y 2 vehículos pick up del INM, un vehículo del Grupo Beta, y un vehículo privado, perteneciente al subdelegado.

El equipo de La 72, observó, monitoreó, documentó y atestiguó, múltiples detenciones usando agresiones verbales y físicas, además de intimidaciones con armas de fuego, las autoridades al percatarse que estaban siendo grabadas y fotografiadas, aseguraron en un vehículo a dos voluntarias, reteniéndolas por un largo rato.

Además recurrieron a medidas intimidatorias y disuasorias, como la toma de fotografías y la filmación de videos del voluntariado, con el objetivo de impedir el trabajo de documentación en el operativo. Algunos agentes utilizaron sus focos para impedir el uso de las cámaras, como elementos de documentación.

Además voluntarios declaran que el Subdelegado federal del INM hizo comentarios ofensivos tales como: “la gente de Fray Tomás incita a la gente a subirse al tren provocando accidentes” o “acá están tus amiguitos”, en referencia a las personas ya aseguradas dentro de las instalaciones de la delegación local del INM en Tenosique. Las medidas intimidatorias continuaron a la mañana siguiente, en las inmediaciones de La 72.

“Además del voluntariado, el Fray Tomás González Castillo, director de La 72, también ha sido víctima de calumnias y hostigamiento. El ataque más sobresaliente, fue cuando se vio en la necesidad de rendir una declaración ministerial derivada de una ‘denuncia falsa’, interpuesta por un agente del IMN, quien aseguró que el defensor lo había agredido”, asegura Rosana Sandoval, activista y colaboradora de ONU.

De acuerdo con La 72, Santiago Castro Rodríguez delegado en Tenosique del INM, hizo llegar la denuncia del agente Marvin Agustín Tapia Nava “quien refiere que al saludar cordialmente a Fray Tomás González que se encontraba en su camioneta, este le sujetó la mano, y arrancó la camioneta, arrastrándolo por más de 100 metros” causándole serias lesiones”.

“Lo cual fácilmente fue desmentido y además, poco más de 50 organizaciones civiles aseguraron que dicha acusación ‘es un intento más de criminalizar la labor solidaria a favor de los derechos de las personas migrantes y refugiados’, un momento clave, en donde se le exigió al Estado mexicano el cese al hostigamiento en contra de los defensores que laboran en La 72 y en todas las casas de migrantes, cuyas vidas están en peligro, debido al desprecio que mantienen las autoridades gubernamentales, por ‘el que va de paso’ y tiene necesidades”, comenta Sandoval.

En 2014 La 72, padeció poco más de cinco agresiones incluyendo también un operativo violento que dejó como saldo más de 300 personas lesionadas, incluidos los también defensores Rubén Figueroa y Aurelio Montero, y el propio Tomás González Castillo.

“Es a partir de la implementación del Plan Frontera Sur, que las agresiones se han recrudecido y hecho más frecuentes; cuyas características, son en principio la actuación brutal de las policías en contra de migrantes y defensores, con extrema violencia verbal y física. Y si alguien de los voluntarios intenta documentar las violaciones a derechos humanos, padecidas por ambos grupos, hostigan, intimidan e intentan obstaculizar la labor de recolección de pruebas. Hoy México se ha convertido en la pesadilla, antes del sueño americano”, puntualiza Morelos.

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