Fallida política de drogas en México tiene que ver con corrupción y cooptación del Estado: Brun González

Por: Emma Martínez / 6 junio, 2015

(06 de junio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Aunque el número de personas detenidas y encarceladas ha sido un indicador utilizado por el Gobierno para demostrar que su combate a la delincuencia (en particular a la delincuencia organizada) está funcionando, los datos sugieren que muchas personas inocentes están siendo detenidas y también que hay una ausencia de investigaciones profesionales para obtener pruebas suficientes que permitan a los jueces llegar a una sentencia condenatoria. Demostrando que la estrategia del Gobierno contra la delincuencia organizada parece tener como uno de sus resultados, una criminalización de los consumidores de drogas, principalmente de drogas de baja peligrosidad como la marihuana, y de los pequeños vendedores, principalmente de cocaína y marihuana”, afirma Ana Paula Hernández, socióloga y consultora para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“De modo que la legislación de drogas en México ha servido, y parece que seguirá sirviendo, principalmente para detener y encarcelar a aquellos cuya peligrosidad y papel en el tráfico de drogas es mínimo. Esto contribuye a llenar las cárceles con consumidores y pequeños delincuentes, estimulando la sobrepoblación y el hacinamiento, e invirtiendo múltiples recursos humanos y materiales que serían mucho mejor utilizados en combatir la corrupción y la ineficiencia y debilidad de las instituciones de administración y procuración de justicia y de seguridad pública en el país, así como en una prevención y educación respecto a las drogas basada en evidencia científica”, comenta Hernández.

Sobre el tema, Brun González, coordinador del programa de Reducción de Daños de la Organización Civil Espolea, explica que en México no existe una política de drogas integral, solamente estrategias aisladas con una postura de guerra abierta, y aun cuando la política de difusión mediática ha cambiado,  las prácticas y la militarización siguen siendo las mismas, derivando en un inminente conflicto armado.

“En el país, todo lo que tiene que ver con reducción de daños por la vía de la prevención: estilos de vida saludables, infraestructura social que acompañen a una política de drogas con el enfoque de los derechos humanos y salud, por encima de la seguridad, actualmente no existe, porque dichos temas están siendo completa y explícitamente ignorados, tanto de las propuestas de políticos en campaña, como ya en su cargo. Actualmente sólo existen estrategias que no han tenido impactos positivos”, afirma González.

Al mismo tiempo comenta que la fallida política de drogas actual, tiene que ver con la corrupción y la cooptación del Estado, “porque existen vínculos evidentes entre los distintos niveles de gobierno, las redes de narcotráfico y crimen organizado, es por ello que existe una limitación del gobierno. Es así como el tema de las drogas es evadido incluso a nivel indicadores, porque existe una resistencia a liberar los nuevos datos de la Encuesta Nacional de Adicciones, porque es probable que demuestren que las estrategias que han implementado no han funcionado, que no es más que represión y persecución de la sociedad”.

Otro de los problemas que alejan al país de uno con una política funcional de combate a las drogas, es la reforma del código de salud, ya que anteriormente quien era detenido con drogas y se pasaba de la cantidad permitida, era detenido por la ‘portación’ ilegal de drogas, pero al desaparecer esa figura legal, hoy de lo que se acusa a quien mantiene en su poder alguna sustancia calificada como ilícita, es de narcomenudeo, producto de esto “muchísima gente, que solamente es usuario, termina entrando al sistema legal como parte del crimen organizado, uno de los factores por los cuales se provoca hacinamiento  en cárceles. Se suma a esta situación la militarización del espacio público, las revisiones aleatorias,  operativos escudo, los retenes en carreteras, invasión a la privacidad y violación a derechos humanos,  todo asentado y justificado, bajo las políticas de cero tolerancia, acompañadas de la postura prohibicionista de la guerra contra las drogas”.

Brun González, agrega que “la mayoría de los impactos vinculados al uso negativo de drogas o de sustancias psicoactivas en general,  no son producto de la sustancia en sí misma, sino primeramente de las prácticas culturales alrededor de éstas y después del mercado negro. En ambas situaciones el papel del gobierno influye, ya que sus políticas prohibicionistas y la separación donde se decide qué es ilegítimo y qué ilegal, provocan un tabú alrededor del tema, una sombra que genera que no exista supervisión, ni regulación”.

Al mismo tiempo asegura que actualmente existe un universo gigantesco de sustancias no conocidas llamadas  psicoactivas, nombradas sustancias químicas de investigación o sustancias experimentales, que no son más que drogas de diseño, las cuales escapan de prohibición por medio de su distribución en Internet, permitiendo que exista un crecimiento y expansión de mercados no controlados de sustancias, a decir por González, mucho más peligrosas que las clásicas y ya conocidas.

Brun González asegura que si se tuviera una regulación de todo ese universo distinto de sustancias ilícitas y lícitas, con base en la investigación profunda sobre cómo se producen, quiénes la producen, su distribución y los consumidores, además de las dosis y su presentación, podría lograrse un control más objetivoque lograría que dichos productos no lleguen a menores de edad,  que no haya muertes accidentales por sobredosis, provocada por sustituir una sustancia por otra, o complicaciones graves por vender  metanfetaminas en lugar de éxtasis, accidentes comunes que suceden cuando se compra en el mercado negro, en gran medida para uso medicinal y no recreativo.

Por lo anterior, González asegura que “el Estado no tomó la decisión de proteger a las personas frente a las drogas, sino que persigue a presuntos culpables en un proceso inquisitivo que solamente busca una justificación para el sistema judicial y penal ante la detención de personas, generalmente vulnerables, quienes no van a poder defenderse, que no tienen nada que ver con las redes del narcotráfico, y tampoco están realizando crímenes, convirtiéndose así en víctimas de este sistema prohibicionista”.

El activista insta al gobierno a implementar mecanismos efectivos en el combate a la drogas por medio de un cambio de política y legislación, en donde lo prioritario sea una regulación del mercado que analice cada caso de forma conveniente, permitiendo que no se criminalice a aquellos que usan cierto tipo de sustancias para su uso curativo, porque de lo contrario, el gobierno cae en la paradoja de querer ayudar a quienes realmente están enjuiciando y persiguiendo.

Puntualiza que “las campañas de prevención, se saben por evidencia sociológica que no funcionan, ya que quienes usan drogas las seguirán usando y quienes no, no lo harán jamás, es por eso que dicha problemática se debe tratar desde otro enfoque, porque muchas sustancias son ilegales por procesos históricos de control social y no por sus daños farmacológicos o por sus complicaciones en la salud física o mental”.

“El gobierno de México calcó una política prohibicionista de drogas americana, la cual desde hace mucho tiempo dejó de existir en Estados Unidos. Por ello nuestro país recibe solamente los impactos negativos, y tampoco ha pretendido cambiar a políticas  que sí han sido efectivas alrededor del mundo, e incluso el país del norte ha usado dejando el paso libre al cannabis medicinal y cannabis recreativo, dando como resultado (comprobable) la baja de la violencia, modificación de los patrones de tráfico e incluso cambió la forma de  exportar sustancias como la mariguana”, asegura González.

Al mismo tiempo explica que “se necesita un enfoque integral de reducción de daños, sin tener miedo a un suicidio político, al intentar mantener una postura distinta con respecto al uso de cierto tipo de sustancias; también asegura que la problemática no se encuentra en las sustancias mismas, sino en el prohibicionismo y las políticas de cero tolerancia, que solamente generan violaciones de derechos humanos, abusos de autoridad, que dan paso a acciones inconstitucionales, “justificadas bajo la invención de ese ‘monstruo’ que se ha creado al hacer creer que las drogas son el principal enemigo de la humanidad, idea que al mismo tiempo tiene que ver con el vínculo de la industria armamentista, farmacéutica y la producción semi controlada, que precisamente es parte de un mercado negro, cuyo sistema de producción es controlado por Estados Unidos”.

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