EPN echa mano del Ejército para atender cualquier tema que le signifique problema político: activistas

Por: Edgar Rosas / 9 junio, 2015

(09 de junio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- El próximo miércoles 10 de junio se cumplen 44 años del ataque perpetrado en contra  de estudiantes por parte del Estado, lo que se conoce como la “masacre del Jueves de Corpus” o “el Halconazo”.

En tal sentido, este lunes un grupo de organizaciones sociales convocaron a la ciudadanía a participar en la marcha conmemorativa por este ataque, la cual partirá en punto de las 16:00 horas del Casco de Santo Tomas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y tendrá como objetivo llegar al Zócalo capitalino.

Los convocantes hicieron responsable al gobierno de la Ciudad de México de la seguridad de la movilización y exhortaron a la autoridades no enviar elementos para resguardar la actividad, ya que aseguraron, una “marcha pacífica es sin policías”.

En este sentido manifestaron que entre los objetivos de la movilización, además de recordar la represión de 1971, es exigir la liberación de todos los presos políticos del país, incluyendo los detenidos del día de ayer durante la jornada electoral.

Durante la presentación de la convocatoria las organizaciones sociales hicieron énfasis en la actitud represiva del actual gobierno de Enrique Peña Nieto, y manifestaron que a pesar de los años esta conducta se repite en todas las administraciones, sólo que cambian de cara los ejecutores.

Al respecto, Rubén, integrante del Comité del 68, enfatizó que la matanza del 10 de junio de 1971 se encuentra clavada en la memoria de los mexicanos por lo que no se puede pasar por alto. Sentenció que el ataque provocado por el grupo paramilitar “Los Halcones” se configura como un crimen de Estado, mismo que a 44 años se mantiene en la impunidad.

Asimismo, manifestó que para este ataque el gobierno mexicano implementó métodos de represión que ya había usado anteriormente, los cuales se convertirían en una práctica recurrente en contra de los opositores al régimen.

“El gobierno federal utilizó el mismo método del 68, pero para el 71 ya había creado el grupo paramilitar Los Halcones. Ese grupo represivo estaba integrado por ex militares y pandilleros seleccionados y entrenados por oficiales del ejército mexicano, pagados por el gobierno federal y cobijados por la nómina del entonces departamento del DF. Aquel jueves de corpus Los Halcones reprimieron la marcha estudiantil bajo la coordinación del coronel Manuel Díaz Escobar, que tenía línea directa con el presidente Echeverria”, señaló.

Aunado a lo anterior, manifestó que las prácticas represivas del estado continúan como método para disolver a la disidencia. Mencionó casos en donde el estado ha utilizado diversas herramientas para eliminar lo que considera una posible amenaza.

“En el 68 el gobierno utilizó al batallón Olimpia. El 10 de junio a Los Halcones. En Acteal a los paramilitares, y la lista sigue larga. En el caso de los normalistas de Ayotzinapa fueron usados sicarios pero al igual protegidos por las policías municipales y con la indiferencia del ejército que al final de cuentas constituye una forma de proteger y de complicidad”, sentenció.

En lo referente calificó como grave que fuerzas del Estado se encuentren aliadas con grupos criminales para atacar a la sociedad. En tal sentido indicó que esta clase de agresiones se han repetido recientemente y casos como el de Chilapa dan muestra de ello.

“En todos estos casos se configura un crimen de Estado. Es grave porque es un esquema que se repite a lo largo de los años, porque se trata de una política continua de exterminio y ataque al pueblo y los disidentes políticos. Los responsables gozan de total impunidad, esta impunidad es lo que permite que esa política de exterminio continúe”, comentó.

Por otro lado, recordó que desde el pasado 29 de agosto de 2005, el Comité del 68 interpuso una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano por los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971. Detalló que este órgano internacional ordenó al Estado mexicano hacerles llegar el expediente sobre el caso, sin embargo a la fecha no ha cumplido.

“El gobierno ha sido omiso para cumplir con la obligación de informar al órgano internacional. Lo fueron los gobiernos panistas encabezados por Fox y Calderón, y lo es el gobierno actual. Hoy exigimos al Estado que cese la guerra contra el pueblo y demandamos el alto a la criminalización de la protesta social”, apuntó.

“El gobierno va ensañando nuevas formas de represión”

De acuerdo con Félix Hernández Gamundi, líder estudiantil del 68 e integrante del mismo Comité, los recientes casos en los que agentes estatales han estado implicados en violaciones a los derechos humanos tienen un mismo patrón de conducta, el cuál es actuar a partir de particulares, pero con el apoyo de las fuerzas legales.

“Hay que resaltar que existe una enorme inconformidad en el país por los hechos de Ayotzinapa, ahora Chilapa, Tlatlaya y otros más. Queremos denunciar que estos hechos siguen un patrón de conducta de parte del gobierno, que no ha cambiado, que se ha ido afinando, que van ensayando nuevas formas represivas. Pero todas tienen la particularidad que se trata de grupos al servicio del Estado, pero que formalmente no son fuerzas públicas aunque siempre están apoyadas por fuerzas públicas.  Este es el caso del 10 de junio, donde están Los Halcones, un grupo paramilitar formado y pagado por el gobierno, las más altas esferas del poder”, sentenció.

De la misma forma hizo especial mención del caso de los 43 normalistas desparecidos en Iguala. Dijo que este hecho es grave puesto que “ya no sólo utilizan grupos paramilitares sino que tenemos a las fuerzas públicas protegiendo la acción represiva criminal de delincuentes”.

En lo referente manifestó que la impunidad es el principal aliciente para que el estado siga actuando de esta manera. Aseguró que la sociedad debe frenar esta situación, pues de lo contrario, se seguirán presentando esta clase de actos.

“El problema de la represión es algo que están viviendo todos los sectores en lucha de la sociedad, a pesar de que se centra de manera muy importante en contra de los contingentes de jóvenes organizados o no, pero hay una represión consistente especialmente contra la juventud y también  los trabajadores de muy diversos sectores”, dijo.

“EPN echa mano del ejército para solucionar cualquier conflicto”

En palabras de Víctor Manzanares, integrante del Congreso Popular Social y Ciudadano del Distrito Federal, hoy en día la respuesta del gobierno ante cualquier resistencia o lucha de las comunidades u organizaciones es la criminalización.

Manzanares señaló que las reformas estructurales de Peña Nieto han generado una enorme inconformidad a lo largo del territorio nacional atentando contra la estabilidad de la gente. Dijo que esta situación ha provocado que la sociedad se resista a, por ejemplo, el despojo que ocasionará la reforma energética.

“Todo el proyecto de reformas estructurales ha generado en el país inconformidades grandes. La reforma educativa ha generado una confrontación con el magisterio. La reforma energética está generando luchas por el territorio. Acabamos de recorrer el país con la caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida, y vemos que hay grandes confrontaciones por el tema de la minería a cielo abierto. EL problema del agua ya es nacional y la defensa del territorio por parte de los pueblos y organizaciones populares está en prácticamente todo el territorio nacional. Y la política del gobierno frente a esa resistencia es criminalizar la protesta”, manifestó.

Aunado a lo anterior, el activista aseguró que hoy en día no existe una sola lucha en la que el gobierno no haya actuado represivamente, o en la que no se hayan presentado fenómenos como la desaparición, los asesinatos o las detenciones arbitrarias.

“Eso es producto de una política de gobierno, de un proyecto de despojo nacional, de una política de criminalización de la protesta. La única vía de cambio es dar marcha atrás a las reformas estructurales, porque están generando una confrontación social y política”, indicó.

Por otro lado, Manzanares habló sobre la militarización del territorio nacional. Dijo que resulta preocupante que en la actualidad “prácticamente para cualquier asunto que pase en el país la medida a tomar es militarizar el territorio”.

Añadió que Peña Nieto echa mano del ejército de una manera fácil y mencionó el ejemplo de la jornada electoral, en la cual el gobierno federal realizó un despliegue de fuerza en varios estados de la república.

“El proceso electoral es una muestra. En los días previos y en la jornada del domingo hubo acción de las fuerzas armadas, la PF, es decir ya cualquier tema que signifique para EPN un problema político o social se echa mano del ejército con facilidad.  La demanda es clara: cesar la represión, la criminalización y exigir que el ejército regrese a los cuarteles, no tiene nada que hacer en labores policiacas. Exigimos la libertad de todos los compañeros”, afirmó.

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