En Santa María Ostula, gobierno y narcotráfico contra indígenas; homicidios, ataques y hostigamientos

Por: Emma Martínez / 3 junio, 2015

(03 de junio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- José Trinidad de la Cruz Crisóstomo, conocido como “Trino”, fue un indígena nahua reconocido como uno de los principales defensores del derecho al reconocimiento de las tierras de la comunidad de Santa María Ostula, al mismo tiempo luchaba por los derechos políticos de la zona, acción por la cual él y diversos líderes recibieron agresiones y amenazas.

Trinidad de la Cruz Crisóforo recibió amenazas que al parecer provenían del crimen organizado y de “paramilitares”, debido a las declaraciones donde siempre enfatizó: “estas tierras pertenecen a los comuneros de Ostula y sólo muertos los podrán sacar de ahí”.

Así fue como el autodefensa fue torturado y asesinado el 6 de diciembre de 2011, por su lucha campesina buscando recuperar tierras para su comunidad.

“Santa María Ostula es una tierra que aún no ha sido de todo explotada por gobierno, empresarios o narcotraficantes, pero sin duda es un baúl de joyas, es la codicia que ha provocado la muerte de sus habitantes, la región mantiene minerales, playas, recursos naturales y especies en peligro de extinción. El paraíso para las transnacionales que se han encontrado con un pueblo renuente a ser explotado y despojado”, afirma Celia Carbajal, activista michoacana.

En 2014 se intensificó la lucha de la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula (CDBCCISMO), Michoacán, que denunció no haber obtenido justicia para su comunidad, luego de haber padecido el asesinato de 32 habitantes y cinco desapariciones de comuneros, culpando directamente a los Caballeros Templarios.

Al mismo tiempo se ha denunciado la detención arbitraria de 82 miembros de las autodefensas de las comunidades y pueblos de la región Costa Sierra de Michoacán, por parte de elementos de la Procuraduría General de Justicia y de Seguridad Pública locales, así como del Ejército, la Marina y la Policía Federal.

En una carta dirigida al Alto Comisionado para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, se lee: “contrario a lo que pregona el Gobierno Federal, el problema del crimen organizado en Michoacán no está para nada resuelto y su estructura, sus principales cabezas y sus actividades económicas siguen intactas; asimismo los funcionarios que son cómplices del crimen organizado, regados en todos los niveles de gobierno, siguen libres”.

También explica que, “el desarme y desarticulación de las policías comunitarias, guardias comunales y grupos de autodefensa de la región Costa Sierra, es una estrategia para dejarnos en la indefensión. Desarmar a los grupos de autodefensa de los pueblos y comunidades de la región Costa Sierra, incluida nuestra comunidad indígena de Santa María Ostula, significa permitir su cruel asesinato”.

Desde 2009 la comunidad indígena de Santa María Ostula ha vivido una serie de agresiones poco después que los pobladores se dieron a la tarea de recuperar más de 1000 hectáreas que les había despojado el crimen organizado.

Los habitantes aseguran que a partir de ese hecho, dio inicio una “guerra”, emprendida por la delincuencia organizada, algunos políticos y pequeños propietarios del municipio de Aquila, contra la comunidad indígena de Santa María Ostula.

Mario R., un joven de 19 años que vive en dicha zona asegura que “una célula de los caballeros templarios ha sobrevivido durante mucho tiempo cerca de donde vivimos, Mario Álvarez y Federico González alias “Lico”, son los jefes del cártel en la Costa-Sierra de Michoacán, pero están refugiados en Colima, ellos y su gente nos amenazan y nos meten miedo, porque pueden matarnos si quieren. Muchos han sido testigos de los delitos que cometen esos delincuentes, vecinos y policías saben quiénes son, y qué han hecho, en Chinicuila, Aquila y Coahuayana, pero no los detienen ni por error”.

El 25 de mayo, alrededor de las ocho de la mañana, un grupo de agresores emboscaron a integrantes de la policía comunitaria de Santa María Ostula, a quienes rodearon y apuntaron con armas de grueso calibre. Esto ocurrió a la altura del paraje Los Otates, sobre la carretera que une el poblado de La Cobanera y la cabecera municipal de Santa María Ostula.

“A nosotros como grupo indígena nadie nos apoya y nos tratan como peor que animales, cuando nuestros grupos de defensa de Chinicuila, Coahuayana, Coalcomán y Aquila desplegaron más de 2 mil elementos comunitarios, desde la sierra hasta la costa, para lograr la detención y poner a disposición de las autoridades correspondientes a los agresores, ninguna autoridad nos protegió”, narra Mario.

La comunidad considera que la persecución padecida sigue formando parte de la venganza por el logró de la obtención jurídica de las 106 hectáreas en 53 parcelas, que hoy se  encuentran en resguardo de 54 familias en el poblado de San Diego Xayakalan. Lo anterior gracias al convenio 169 de la OIT, así como por los usos y costumbres de la comunidad indígena de Santa María Ostula.

“Dichos terrenos estuvieron invadidos durante varios años por supuestos pequeños propietarios de La Placita, Michoacán. La defensa de los mismos ha costado vidas y desapariciones, pero al parecer también es una forma de exterminio de aquella comunidad, ya que nunca existió acción alguna, ni de las autoridades federales, tampoco de las estatales, es por ello que difícilmente las familias sabrán de algún castigo y detención de los responsables, ya que hoy a nivel nacional, una de las acciones implementadas por el gobierno es el ataque altamente violento a quienes habitan cualquier zona que no haya sido aprovechada por gobiernos o transnacionales; las autoridades culpan fácilmente al narcotráfico o a grupos paramilitares, sin embargo, estos son gente comandada por el poder político, en contra de una de las fracciones de pueblo más vulnerables y acechadas”, sentencia Carbajal.

Y explica que, “por lo anterior no debe sorprendernos la inminente omisión de las autoridades, de los tres niveles de gobierno, en cuanto a la nula investigación de los homicidios, de los ataques y hostigamientos a los comuneros, la intensión de Peña Nieto, donde hay riquezas que explotar, jamás será de restablecimiento de un orden mientras hayan fuentes que le permitan seguir expandiendo sus intereses monetarios”.

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