En Chilapa en tiempos electorales, el grupo delictivo Los Rojos pertenece al PRI y Los Ardillos al PRD

Por: Redacción Revolución / 1 junio, 2015

(01 de junio, 2015).- La montaña de Guerrero, ha sido nombrada “la meca” del cultivo de amapola en México; Chilapa es un paso obligado para transportarla, situación que provocó que dicho municipio se convirtiera en un polvorín que explotó a principios de mayo pasado, trayendo como consecuencia, un estado de sitio durante poco más de cinco días.

Las consecuencias se tradujeron en jornadas de pánico, a partir del 9 de mayo, generalizándose un toque de queda implícito, en donde los pobladores cuentan que, “nadie podía salir a la calle porque los que salían los levantaban, los golpeaban o los extorsionaban”.

Los cárteles de la droga mantuvieron durante poco más de una semana asolado el municipio, ahí se han posicionado Los Ardillos y Los Rojos, siendo los primeros, quienes mayores afectaciones han traído a los pobladores, ya que existen familias a quienes les han secuestrado hasta 5 miembros.

El pueblo de Chilapa lo atribuye a la inoperancia de las autoridades, quienes no averiguan a fondo y dejan “a la mitad”, los casos de secuestro, desapariciones y ejecuciones. Los habitantes aseguran que “de alguna manera”, han aprendido a coexistir con estos grupos delincuenciales, recomendado que, debido a que no se podrá evitar encontrarlos en cada calle, es necesario, “no mirar. Cuando van pasando por donde están ellos, uno voltea para otro lado o se agacha”.

A decir por los pobladores, cada uno de los grupos los investiga y “etiqueta”, también lo hace con las comunidades vecinas. Y dependiendo de la zona en la que se encuentren viviendo, cada ciudadano es denominado “Ardillo” o “rojo”, aunque nada tengan que ver con los grupos delictivos.

Los pobladores denuncian que en tiempos electorales, dicha clasificación también se hace haciendo a nivel político, en plena campaña electoral, ya que aseguran que Los Rojos pertenecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Los Ardillos al Partido de la Revolución Democrática (PRD). “Esta situación se está poniendo cada vez más difícil porque dentro de la política está operando el narcotráfico o la delincuencia organizada”, afirma un vecino del municipio.

Recientemente Los Ardillos tomo el control absoluto de Chilapa, lo cual se tradujo en enfrentamientos de ambos grupos, que incluyeron instalación de retenes, allanamiento de viviendas, además de desapariciones, todo ello, a decir por la población, ante el abandono de las autoridades, quienes creen que podría surgir un nuevo “Ayotzinapa”.

En las últimas semanas han aumentado las ejecuciones y las desapariciones, dentro de las más conocidas, se encuentra la del joven Héctor Jaimes, antropólogo de 30 años, quien fue privado de su libertad, mientras realizaba un documental, financiado por la Secretaría de la Juventud estatal, sobre la elaboración del pan en las comunidades del municipio.

Gente cercana a Héctor aseguran que su desaparición se le atribuye a que un grupo armado le exigió que “dejara de hacer la película” cuando realizaba entrevistas en una comunidad. Poco después fue levantado, cuando se dirigía a su casa.

En Chilapa, en un año se han contabilizado 101 ejecuciones; sin tener una cifra de desaparecido; sobre el problema, este sábado el comisionado General de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo Ceballos y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Federal, Roberto Campa Cifrián, encabezaron una reunión con familiares de personas desaparecidas, como parte de las mesas de seguimiento de las desapariciones del 9 a 14 de mayo y otras seis en periodos anteriores.

Campa Cifrián aseguró que, además de los 16 casos de desaparecidos que investigan en conjunto con el estado, se suman otros seis más de personas que solicitan la intervención de las autoridades para localizar a sus familiares.

Aunque a decir por las familias, las últimas desapariciones, además de ser atribuidas a la ‘pasividad’, de los militares y policías federales y estatales, el saldo aproximado fue de 30 personas privadas de la libertad, y no solamente seis.

Sin embargo, se debe atribuir en parte, a que algunos familiares de las víctimas de desaparición forzada no denunciaron, por temor, poco después de ser amenazadas.

Los desaparecidos, mantienen en común ser todos hombres u jóvenes, algunos de ellos son Jorge Jaimes Abarca, (18 años); Jorge Luis Salmerón Hernández, (22 años); Carlos Emanuel Meza Nava, (21 años); Sebastián Ulises Alonso Jaimes, (21 años); Daniel Velázquez Romero, (23 años); Miguel, Juan y Víctor Carreto Cuevas (23, 20 años, y 15 años); Sergio Derramona Abarca, (25 años); Alexandro Nava Reyes, (21 años); Jaime Eduardo Villanueva Altamirano, (31 años); Arturo Gutiérrez Jaimes, (19 años); Juan Carlos García Castro, (16 años); Victorino Morales Acatitlán, (28 años).

Las autoridades, ha decir por los familiares de las víctimas, no han dado respuestas, ni soluciones, recientemente le reclamaron al gobernador sustituto, Rogelio Ortega, a quienes familiares le reclamaron que hubiera “pactado”, con líderes de Los Ardillos el retiro de los civiles armados, sin embargo no pidió nada a cambio, reprochándole que debió exigir la liberación de los retenidos.

Dos personas del grupo de inconformes, aseguraron que, “sólo le importa proteger su imagen. A usted no le secuestraron a sus hijos, su mamá o papá. Ya perdí tres hijos, recibí amenazas y no me importa que me maten. Por eso le damos un plazo de 48 horas para que resuelva la desaparición de nuestros hijos, porque no son perros”.

Es así como las amapolas, que son cultivadas en aquellas tierras guerrerenses, han convertido al estado “en una fábrica de desapariciones forzadas, de impunidad, y muerte, donde los desollados, son cada vez más”, dice uno de los habitantes. Guerrero, considerado uno de los principales productores de droga, genera la mayor parte de heroína que poco después es exportada a Estados Unidos.

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