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Por: Redacción Revolución / 4 junio, 2015
(04 de junio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Durante poco más de 21 años Chiapas ha vivido un conflicto armado Interno. Y según los informes del Centro de Derechos Humanos Frayba, “las estrategias están enfocadas en la guerra de espectro completo, una guerra de impacto psicosocial donde se emplean todos los medios de los gobiernos (Federal y Estatal), para ocultar las problemáticas, que el pueblo se ha organizado para denunciar”.
Al mismo tiempo, el organismo explica que en Chiapas se vive una guerra velada y abierta contra el “enemigo interno”, cuya estrategia es un frente común intergubernamental, que bajo el pretexto de combatir a grupos delincuenciales, masacra al pueblo, asegurando que en esa región las autoridades dicen querer erradicar el narcotráfico, aunque éste se encuentra permitido, fomentado con el involucramiento directo por funcionarios del gobierno mexicano, desde los años ochenta, y claramente enraizados hoy en las estructuras de los gobiernos municipal, estatal y federal.
En entrevista para Revolución TRESPUNTOCERO, el párroco Marcelo Pérez Pérez, perteneciente a la comunidad de Simojovel y quien ha padecido amenazadas de muerte -hoy su vida tiene un precio de poco más de 200 mil pesos-, debido a las denuncias que ha hecho en contra del gobierno, asegura que “no solamente existe olvido, sino también, y principalmente, un rechazo hacia el pueblo indígena chiapaneco. Lo que nos ha tocado vivir es la represión; cuando se lucha por la reivindicación del pueblo, el gobierno nos manda a masacrar”.
“El ejemplo más claro es Acteal, a mí me tocó vivir con ellos 10 años, en ese tiempo hubo constantes expresiones de violencia, y la principal y emblemática se dio cuando fueron masacradas 45 personas, de las cuales cuatro eran mujeres embarazadas, a quienes le abrieron el vientre y extrajeron los fetos, en venganza porque el pueblo se atrevió a alzar la voz y pedir justicia. Ese tipo de actos salvajes son los que comete el sistema capitalista de gobierno que tenemos”, asegura Pérez Pérez.
El párroco explica que otro ejemplo de opresión es la salud pública, expresión del rezago impuesta por el gobierno, “a quien no le importa si este pueblo tiene acceso a las medicinas o a la atención médica, incluso es posible que se asegure que no la tenga. Así es como padecemos las miserables condiciones del centro de salud, incluida la atención por parte del personal, quienes a diario tratan mal al pueblo. Por ser indígena, un chiapaneco es menospreciado y humillado constantemente”.
Los activistas del Frayba explican que en Chiapas, el gobierno de México, con sus instituciones, violenta el derecho a la vida, a la seguridad e integridad personal, a la libre determinación, expresada en la Autonomía de los Pueblos, basada y cimentada en instrumentos de estricta observancia para el Estado mexicano como son: los Acuerdos de San Andrés, el Convenio no. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas. Así́ también, lo referente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y los Pactos: Derechos Civiles y Políticos; y Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1966 y sus respectivos protocolos adicionales.
Asegurando que la principal acción contra estos grupos es la contrainsurgencia, relacionada a los intereses del control territorial, y vulnera los derechos colectivos a la tierra, el territorio, recursos naturales, autogobierno, autonomía y la libre determinación.
“Una estrategia más es combinar todas las problemáticas aparentes y reales con las expresiones de inconformidad y resistencia social, para destruirlas y tener un pueblo sometido a los intereses de la élite de los poderes fácticos, políticos y económicos. Su fin es el de crear las condiciones para la implementación de un Estado represor que se constituye como un Estado criminal”, explican.
Perez Perez comenta que “en el sistema político y económico que maneja el gobierno no entran los indígenas, y si entran es nada más para ser utilizados como escalera para obtener sus votos, pero para ellos no existe un proyecto de desarrollo indígena, y cuando se dan pequeños apoyos, solamente es para controlar. Otro reflejo de nuestro sufrimiento en las zonas indígenas, es la entrada de las empresas transnacionales, las cuales también ponen en peligro las tierras y la vida”.
Este tipo de padecimientos que mantiene el pueblo indígena es reconocido a nivel internacional, como ejemplo se encuentra el documento de Aparecida, que publicaron los obispos de Latinoamérica, donde aseguran que hoy la existencia física y cultural de los pueblos indígenas mexicanos están en peligro. “Lo cual es totalmente real, ya que el gobierno nunca nos ha dado cabida como pueblo con diferente cosmovisión y distintos usos y costumbres, es por ello que a lo largo de tantos años el EZLN sigue luchando en un primer momento por medio de la acción armada, y hoy vía diálogo, porque los indígenas vivimos un exterminio, y ante dicha tragedia, muchas veces no queda otro camino que levantarse en armas, aunque no es la solución. La desesperación que se vive provoca que se acuda a esta estrategia”, afirma Pérez Pérez.
En Chiapas se vive en medio de sufrimiento y tragedia, afirma el párroco Marcelo, quien comenta que otro caso representativo es el de Chenalhó, de donde han surgido la mayoría de los grupos paramilitares, quienes atacan al pueblo mientras el gobierno de Velasco Coello miente al afirmar que son enfrentamientos intercomunitarios, en donde se disputan bancos de arena, “cuando es totalmente falso, lo que existe es una provocación constante de forma organizada y maquilada desde el sistema de gobierno”.
Marcelo Pérez Pérez es contundente cuando dice: “las elecciones también representan un problema, por que no existe la democracia que el gobierno proclama, mucho menos la libertad de voto, sino que se han convertido en propósito para que se cometan más asesinatos, la temporada electoral aumenta los conflictos en zona indígena“
En el estado sureño la estructura policiaca-militar sirve para cohibir a las personas, organizaciones, comunidades, y activistas que han usado las protestas para lo que ellos llaman ‘la exigencia de justicia’. “Por lo que la acción represiva es para mantener al margen, a raya, controladas, en un contexto de una guerra de exterminio contra la humanidad, desde el centro y la periferia del sistema, en lógica de combate al crimen organizado o al terrorismo, con efectos de daños colaterales. Todo esto permite ‘administrar’ los conflictos, minimizarlos al caracterizarlos como ‘intercomunitarios’, ‘religiosos’, para despojar los territorios. En el fondo se trata de acabar con las acciones de resistencia en respuesta de las políticas e intereses de los poderes neoliberales”, afirman en Frayba.
“Todo este sufrimiento padecido por los pueblos de Chiapas es perpetrado por el gobierno estatal, y solapado por el gobierno federal, en contubernio con las autoridades locales y municipales, quienes solapan todo tipo de violencia en contra de nuestros indígenas. Porque hoy nuestros chiapanecos no están protegidos por el gobierno, están expuestos por él a la muerte”, sentencia Marcelo Pérez Pérez.
El Centro de Derechos Humanos, después de documentar una serie de casos (expuestos anteriormente por Revolución TRESPUNTOCERO), considera que el gobierno mexicano es responsable de la ejecución extrajudicial, agresiones y hostigamiento a los grupos indígenas, ubicando como uno de los responsables de manera directa a integrantes de la CIOAC-H, un grupo contrainsurgente que se dice independiente, pero que se encuentra al servicio del actual gobierno estatal de Velasco Coello, operador político, protector y financiador de programas federales para la acción de contrainsurgencia.
El Frayba advierte que a la CIOAH-H y Velasco Coello se suman Enrique Peña Nieto y las Fuerzas Armadas, es decir, el grupo de quienes ejercen una política de contrainsurgencia.
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