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Por: Edgar Rosas / 3 junio, 2015
(03 de junio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- A casi 6 años de la tragedia, la lucha por justicia en el caso de la guardería ABC continúa, sin que a la fecha haya castigo a los principales responsables por lo sucedido aquel 5 de junio de 2009 en Sonora.
La muerte de 25 niñas y 24 niños, derivado de esta situación, aún se mantiene impune, esto como resultado de una red de protección que las autoridades han desarrollado para evitar que los funcionarios de alto rango, así como cualquiera que tenga responsabilidad en la tragedia, sea castigado por lo sucedido.
Este martes, a unos días de cumplir el sexto aniversario del fatídico acontecimiento, padres y madres de familia de los 49 niños y niñas víctimas del incendio refrendaron la lucha que comenzaron hace 6 años y enfatizaron que continuarán hasta encontrar justicia y verdad.
Al respecto, Mario Patrón, director del Centro de Derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez afirmó que la tragedia de la guardería ABC es una de las grandes violaciones a los derechos humanos de los últimos tiempos y señaló que a 6 años “seguimos teniendo en el caso: impunidad, ausencia de verdad y sobre todo aún no hay medidas de no repetición y reparaciones integrales, que eviten que estos hechos se vuelvan a ver”.
Asimismo, Patrón detalló que a pesar que existen 22 personas en proceso penal por dichos acontecimientos, aún falta que se investigue a altos funcionarios para determinar la responsabilidad final en los hechos.
“Tenemos que refrendar que el caso ABC a 6 años continúa sin justicia desde una perspectiva integral, sin verdad en función de lo que sucedió, y definir quiénes son los principales responsables, tampoco se han establecido las medidas de cambio que eviten que estos hechos se repitan”, indicó.
Por su parte, José Francisco García Quintana, integrante del Movimiento por la Justicia 5 de Junio -constituido por los padres y madres de los menores víctimas del incendio de la guardería ABC- comentó que a 6 años han escuchado las promesas de las autoridades que aseguran, harán justicia en el caso.
“Estamos ya por cumplir 6 años de la tragedia en la guardería ABC. Desde un inicio hemos escuchado voces de diversos funcionarios públicos asegurando que la justicia es un compromiso que van a asumir, que va a ver justicia pronta, imparcial y expedita, lo cual a la fecha es todo lo contrario”, dijo.
Aunado a lo anterior, expuso que a la fecha no ha existido sentencia alguna por el caso y dijo que las autoridades sólo han beneficiado a los responsables de la tragedia.
“A la fecha ya se suman en el juzgado 1ro de distrito del fuero federal 168 tomos, de un promedio de mil páginas por tomo, sobre el caso. Con esto nos damos una idea la magnitud de este retraso en la justicia y cómo se vuelve esto una situación de acumular papel y no dar resultado como debería ser, tanto en la procuración y en los procesos de impartición de justicia por parte de jueces y magistrados, que lamentablemente una y otra vez han favorecido a los responsables de la tragedia, específicamente 2 casos: el de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella y Gildardo Francisco Urquides Serrano (dueños de la guarderia ABC), ya que sin que el juez dictara sentencia, ellos fueron favorecidos por un tribunal colégialo, presidido por el entonces magistrado Pablo Ibarra Fernández; este les dio lo equivalente a una sentencia absolutoria con lo que están fuera del proceso penal de ABC”, comentó.
José García habló sobre la denominada ley 5 de junio, la cual entro en vigor en octubre de 2011 y que busca regular la operación de las guarderías a través “del respeto a los derechos humanos de las y los niños, incluyendo a un entorno seguro, y a la protección de su integridad física”.
Detalló que a poco más de 3 años de su establecimiento, en gran parte de los estados esta ley no se encuentra armonizada para garantizar la seguridad de los niños en toda la República.
“Andamos con un rezago del 50% de las entidades de la República que no tienen armonizada esta ley. Esto implica que el Estado muestra un desinterés hacia la infancia, donde está latente la repetición de casos similares o de mayor magnitud al de ABC”, comentó.
En tal sentido expresó que debido a la falta de interés por aplicar esta ley a nivel nacional, se siguen presentando casos en donde niños resultan víctimas por las malas condiciones de seguridad y protección civil.
“Tenemos alrededor de 20 o más fallecimientos de 2009 a la fecha en diferentes estados en los que se vuelve denominador común el diagnostico de los fallecimientos por bronco-aspiración. Tres ejemplos: en Sonora en 2014 murió una niña en área rural de Caborca; los primeros días de febrero un niño en el puerto de Guaymas, ambos casos por bronco-aspiración. En 2014 se da una evacuación en la llamada guardería de Rio, tiene capacidad de más de 250 bebés, la versión oficial es fuga de gas y si hubiera tenido consecuencias, la magnitud de la tragedia sería de dimensiones muy grandes”, detalló.
Por otro lado, García Quintana comentó que el pasado lunes 1 de junio, los padres y madres víctimas del incendio de la guardería ABC sostuvieron una reunión con Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR). Detalló que el funcionario se comprometió a presentar un plan de investigación.
“Ayer tuvimos una reunión con PGR, una de muchas. Fue con el subprocurador Gilberto Higuera Bernal, porque A la titular no le fue posible estar presente a pesar que fue una solicitud que se hizo con tiempo de anticipación, sin embargo no estuvo presente Arely Gómez. Higuera adquirió el compromiso de presentar en Sonora, a todos los padres y madres, un plan de investigación. Esperemos que no sólo quede en el plan, sino que dé resultados porque ya son 6 años en donde hemos visto pasar a 5 procuradores sin resultados”, dijo.
Además agregó que “dentro de las acciones que son los ejes fundamentales del movimiento 5 de junio, se encuentra el castigo a los y las responsables y otro importante es la no repetición de la tragedia ocurrida el 5 de junio (…) una forma de honrar la memoria de nuestros hijos es que no vuelva ocurrir y que todo México tenga la ley 5 de junio”.
El caso ante la CIDH
De acuerdo con Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ante la falta de resultados de la justicia mexicana, el caso de la guardería ABC ya se encuentra en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Erin Brewer señaló que luego del no acceso a la verdad, reflejado en diversos aspectos como el que la PGR a 6 meses aún no conoce la causa del incendio, es que se acudió a este organismo internacional, el primero del sistema interamericano de derechos humanos.
“Decimos que no hay acceso a la verdad por varias razones. Una de ellas es que hasta a la fecha la PGR no ha podido determinar cuál fue la causa del incendio, cómo empezó. Tampoco ha abordado el panorama más amplio de las causas estructurales, del porqué la guardería no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad de protección civil”, manifestó.
En tal sentido habló sobre las malas condiciones en cuestión de seguridad de varias guarderías en el país. Explicó que de acuerdo a información proporcionada por una comisión investigadora designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el país existe un desorden generalizado en el sistema de guarderías.
“Tenemos que una comisión investigadora nombrada por la SCJN concluyó que existía un desorden generalizado en el sistema de guarderías, que casi ninguna guardería cumplía con todos los requisitos de seguridad. Sin embargo, en decisión dividida el pleno de la SCJN descartó esta conclusión. Entonces no tenemos acceso a la verdad de los hechos del 5 de junio y tampoco un reconocimiento oficial del problema estructural de la subrogación de guarderías”, comentó.
Por otro lado explicó que no hay justicia en el caso porque a 6 años no hay ninguna persona sancionada por los hechos, además reiteró que varios personajes de la cadena de mando no han sido procesados o incluidos en la investigación.
“Por eso los padres y madres de familia deciden acudir a la CIDH y de ahí la exigencia no sólo es de verdad y justicia, sino de la no repetición de los hechos (…) Aún no vemos la voluntad necesaria para garantizar las condiciones de seguridad, por eso fuimos a la CIDH”, añadió.
Por último, agregó que datos dados a conocer por el consejo creado por la ley 5 de junio, para supervisar y coordinar el sistema de guarderías, indicó que por lo menos 2,000 estancias infantiles no cumplen con los requisitos de seguridad y protección civil.
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