Ejército mexicano tortura durante día y medio a migrante inocente; le fabrican pruebas y lo encarcelan

Por: Emma Martínez / 16 junio, 2015

(16 de junio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Una de las ya conocidas violaciones a derechos humanos que afrontan los migrantes en su tránsito por México, es el delito de extorsión, que puede ser cometido tanto por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), como por la policías federal, estatal o municipal, además de la delincuencia organizada. Ante esos hechos, los migrantes jamás levantan una denuncia por temor a ser deportados, represalias o por la lentitud en integración de las denuncias penales por parte del Ministerio Público, pero sin duda, ese es el menor de los terribles males, en cuanto a la violación de sus garantías y derechos, teniendo como la principal violación, son las detenciones del migrante”, afirma para Revolución TRESPUNTOCERO, Rita Marcela Robles Benítez, encargada de Incidencia y especialista en temas migratorios del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM).

Ángel Amílcar Colón Quevedo salió el 7 de enero de 2009 de Honduras en busca de trabajo en Estados Unidos, ya que el mayor de sus hijos había sido diagnosticado con cáncer. Para ello contrató a un coyote, (un hombre al que le pagó en dólares, para que lo llevará hasta EEUU sin problema alguno), sin embargo, después de pasar por Guatemala, fue abandonado en Tabasco, de ahí en adelante viajó en la caja refrigerada de un camión durante 34 horas para llegar a Distrito Federal, en compañía de 119 personas más; durante dos meses viajó hasta llegar a Tijuana.

En aquel estado, nuevamente contrató a un coyote para que lo llevara a Estados Unidos, sin embargo fue engañado y llevado a una casa, donde le ordenó permanecer en una habitación bajo la amenaza de asesinarlo si no desobedecía. Luego de cuatro días en aquel sitio, un operativo en el que participaron diversas corporaciones policiacas irrumpió en la casa. Ángel, luego de escuchar disparos y ante el temor por su vida, se escondió en el baño y después salió por la parte trasera de la casa, pero fue detenido junto con otras 10 personas y acusado de delincuencia organizada, acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, y delitos contra la salud.

Aunque Ángel al ser detenido no tenía en su posesión armas y no existieron pruebas que lo vincularan a las drogas que fueron encontradas en el lugar, según el parte informativo de la policía. Sin embargo, fue víctima de múltiples abusos, agresiones y tortura. Día y medio duró la tortura, después fue puesto a disposición del Ministerio Público, por elementos del Ejército y por policías federales; posteriormente fue llevado a una base militar donde tomaron su declaración ministerial, esto sin respetar su derecho a recibir asistencia consular.

Fue preso en el Centro Federal de Readaptación Social No. 4 Noroeste, en Tepic, Nayarit. Después de cinco años, seis meses y siete días, y a pesar de la violencia infringida por el sistema de justicia mexicano, diversas ONG’s lograron que Ángel Amílcar fuera liberado el 16 de octubre de 2014, después de que la Procuraduría General de la República presentó sus conclusiones de no acusación; aunque esto no fue el final, ya que al salir fue detenido por el INM durante varias horas en sus instalaciones, para después enviarlo a su país, “sin que hubiera una mínima disculpa por parte de las autoridades, después del sufrimiento que me hicieron padecer”, relató en aquel momento Ángel Amílcar a la llegada a su país.  

“En cuanto al tema de migrantes, México tiene una lectura contradictoria. Por un lado, se ha documentado por diferentes organismos nacionales e internacionales, la violación sistemática a los derechos humanos de miles de migrantes, el secuestro, la extorsión, el fraude, el robo en sus diferentes modalidades y la cada vez mayor cantidad de migrantes obligados a su desplazamiento por las condiciones de violencia que imperan en sus regiones de origen. Por otro lado, el país cae cotidianamente en la total incongruencia al reclamar por la protección de la integridad de las y los nacionales mexicanos de parte del sistema de seguridad de Estados Unidos, al mismo tiempo que somete a una situación de grave riesgo a las y los nacionales centroamericanos que buscan llegar a la Unión Americana atravesando territorio mexicano”, denuncia el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Además de los abusos padecidos por los migrantes, por parte de bandas delictivas-que van desde los asaltos, pasando por los secuestros, llegando al homicidio  y extracción de órganos- otro fenómeno que no ha sido del todo documentado y por lo tanto no se visualiza, pero constituye una agresión más al migrante en su paso por el país, es la detención y su vinculación a procesos penales, que generalmente, a decir por especialistas, el resultado es la violación a derechos humanos, como lo es el debido proceso legal.

“Los migrantes detenidos, privados de su libertad, ya sea porque fueron sentenciados o bien porque está sujetos a proceso, son víctimas de violaciones de derechos humanos durante la integración de la investigación, derivando en anomalías en el debido proceso. Hay casos en los que pudieron haber cometido un hecho ilícito, pero que está  vinculado con su propia condición migrante indocumentado,  por ejemplo el robar por hambre. Siendo sujetos a proceso y encarcelados, el problema se agrava generalmente cuando son de origen guatemalteco y no hablan español, la Procuraduría General de la República no cuenta con  peritos calificados que hablen lenguas indígenas de ese país, ahí es cuando se produce una violación al debido proceso porque no hay traducción durante las audiencias, las personas no están seguras de qué es lo que está pasando, tampoco conocen el delito del que se le está   inculpando”, señala Robles Benítez.

Y argumenta que otro obstáculo para los migrantes en detención es la pobreza, debido a que no tienen el dinero para pagar un abogado, y finalmente se recurre al de oficio, que muchas veces no pone la diligencia debida, existiendo así un gran número de defensores de oficio que no hacen el trabajo como es debido, lo que provoca otra violación a su derecho de procuración de justicia.

Según datos del Centro Pro, de 960 casos de migrantes recluidos en Centros de readaptación social estatales, 900 son hombres y 57 mujeres de nacionalidades centroamericanas, además de tres niños centroamericanos, dos de 15 años, en Chiapas y uno de 17 años en Colima, el primero con una sentencia definitiva por homicidio, además de la problemática de carácter migratorio; el segundo bajo proceso penal por delitos de carácter migratorio y el tercero, de 17 años, procesado por delitos contra la salud, además de su situación migratoria.

De dicha población de migrantes recluidos, el 54.2 % se encuentra en Chiapas y un 45.8 % de los casos restantes están repartidos en diversas entidades federativas. Siendo la mayoría de las personas centroamericanas registradas de Guatemala, Honduras y El Salvador, representando el 92.5 % de los presos.

Sobre los delitos imputados con mayor frecuencia, se encuentran: robo, en donde el 31 % (293 personas centroamericanas) fueron acusadas; homicidio, siendo un 20 % (194 personas) a quienes se les imputó el delito; delitos sexuales un 16 % (154 personas) fueron declaradas culpables y 11 % (102 personas), por delitos contra la salud, además todas ellas señaladas por su irregularidad migratoria.

“Uno de los grandes peligros a los que se enfrentan los migrantes es el INM, con el mismo grado de peligrosidad que las Maras Salvatruchas y otros grupos delincuenciales, porque son quienes teniendo autoridad y poder son capaces de torturar y ultrajar al migrante, pese a su obligación de protegerlo; Chiapas representa uno de los pasos más arriesgados, donde incluso pueden desaparecer a quien atraviesa la región, ya que mientras la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reporta 525 personas centroamericanas en prisión, la Delegación Federal del INM reporta cero, lo que constituye un riesgo para aquellos que buscan a sus familiares, por citar tan sólo un ejemplo”, afirma la socióloga Lizbeth de la Cruz.

Comenta que “México ha firmado y ratificado varios tratados internacionales, los cuales exhibe siempre que puede, los cuales consisten en garantizar los derechos humanos de la población migrante, sin embargo, en cumplimiento el gobierno ha sido hipócrita y cínico, porque los migrantes que transitan por el país si no caen en manos de las redes delincuenciales, lo hacen en las de autoridades que ejercen sobre ellos tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, para finalmente culparlos de delitos, en donde no tienen derecho a un juicio justo y bajo un debido cumplimiento del proceso”.

“La población migrante siempre ha sido presa fácil de militares, Marina y Policía Federal, es a este grupo al que se le imputan diversos delitos, principalmente de narcotráfico, debido a su vulnerabilidad al encontrarse en tierra extranjera y sin apoyo alguno, siendo desde un inicio víctimas de discriminación por su color, nacionalidad y estatus dentro del país”, puntualiza de la Cruz.

“En México, aunque las personas migrantes, indocumentadas o no, que han sido detenidas y acusadas penalmente tienen derecho al debido proceso, reconocido en tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana, esto nunca ha sido respetado y son, lamentablemente, golpes de suerte los que llevan a unos pocos a permitírseles demostrar su inocencia y que esto lleve a su libertad, ya que los abogados de oficio están para apoyar a la autoridad, sin cuestionarla”, declara a Revolución TRESPUNTOCERO Rosario Martínez, analista de temas migratorios y colaboradora de ONU.

También explica que “la asistencia consular es un sueño imposible en México, si no existen registros de migrantes presos, o son muy pocos, si tampoco un abogado de oficio brinda una defensa digna al migrante, mucho menos se avisará a su respectivo consulado sobre el caso de cada persona que tiene como meta llegar a Estados Unidos; no es que no sea posible acercar al inculpado a la sede que le corresponde, pero así como en muchas problemáticas sociales, en el país nunca el obstáculo ha sido ‘poder’, sino ‘querer’”.

Por su parte Robles Benítez afirma: “el papel que el gobierno mexicano debe de tener frente a la migración centroamericana debería de ser la de respeto y garantía de sus derechos humanos,  porque la migración no es un delito, ingresar a un país sin una visa o pasaporte no es un delito,  sólo es una falta administrativa, pero que lamentablemente la política de México es detener el flujo migratorio y deportar la mayor cantidad de personas, por eso son detenidos en operativos masivos y siempre se lesionan derechos humanos. Debería existir una lógica de reciprocidad, si nosotros estamos pidiendo respeto a los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos, y estamos peleando porque el programa de Obama se aplique y puedan los mexicanos obtener su residencia, lo mismo deberíamos estar haciendo con los migrantes centroamericanos:  construir programas que faciliten su tránsito por el país”.

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